En una discusión sobre las políticas contributivas que deberían implementarse en Puerto Rico, expertos coincidieron que, ante el contexto económico actual, resulta necesario repensar los impuestos e incentivos existentes. Sin embargo, el problema subyacente estriba en el estatus colonial, el cual ha limitado el crecimiento de la Isla a traves de los años.

'Países foráneos o independientes tienen en su arsenal ciertos mecanismos que atraen actividad económica, cosas que nosotros como una posesión de los Estados Unidos carecemos. Además, no tenemos los beneficios de la estadidad, así que estamos encapsulados y eso crea ciertos obstáculos', explicó Xenia Velez Silva, consultora de la firma McConnell Valdes durante la segunda sesión de diálogo convocada por la Junta de Control Fiscal (JCF).

Por eso, las políticas contributivas de Puerto Rico tradicionalmente han emulado las de los Estados Unidos, lo cual ubica a la Isla en desventaja cuando se compara con otros países. No obstante, se debería analizar el rol de la Isla en el mercado internacional tal como hizo Singapur.

En la sesión tambien participaron: Ramón Cao, economista proveniente de la Universidad de Puerto Rico; Isabel Hernandez, contadora público autorizada (CPA) en Kevane Grant Thornton; y Gabriel Hernández, de la firma de contabilidad BDO Puerto Rico.

'Basado en la decisión del Tribunal Supremo el año pasado, nosotros no tenemos palancas para dirigir nuestro futuro económico. Estamos perdidos y completamente subordinados a reglas federales. […] Hawai, por ejemplo, mientras se convertía en estado, se convirtió en una historia de crecimiento económico porque hubo un cambio en la política que propulsó una práctica de inversión en esa jurisdicción', declaró Hernández, de la firma BDO.

Para impulsar la discusión, tomaron como ejemplo la reforma contributiva federal. Actualmente, el Senado federal examina una imposición de un arancel de 20% a las importaciones provenientes de territorios foráneos. Eso afectaría a la Isla porque, bajo el Código de Rentas Internas federal, Puerto Rico está catalogado como una jurisdicción extranjera.

Durante la sesión, tanto los panelistas como los miembros de la JCF no se mostraron ampliamente esperanzados sobre un cambio beneficioso para Puerto Rico en dicha reforma contributiva federal.

En esa línea, según los expertos, Puerto Rico debería elaborar una reforma contributiva propia que tome en cuenta la emigración y la perdida de recursos y operaciones empresariales que imperan en la actualidad y que facilite los negocios.

Con esto en mente, la CPA Hernández recomendó adoptar una deducción especial vinculada al nivel de empleo, acelerar el período de recuperación de la inversión en activos fijos por los gastos realizados durante 2017 y 2018, reducir las tasas máximas y aumentar las exenciones para dependientes.

Citó que en la Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo (OECD), la tasa superior de otros países promedia 24.2%, mientras que en Puerto Rico es de 39%, dato que no denota competitividad empresarial.

Por otra parte, y en aras de puntualizar sobre la efectividad de ciertas leyes, Cao propuso revisar los incentivos contributivos disponibles en Puerto Rico.

'Hay ochenta y pico de leyes especiales dando excepción contributiva a cosas que nada tienen que ver. […] Tenemos que revisar toda esta manía de darle incentivo contributivo a cuanto pájaro que aparece por ahí que dice que va a hacer algo y se legisla al respecto. Hay que hacer un esfuerzo de revisar lo que tenemos. Aquellos que promueven empleo, inversión, pues bendito sea. Aquellos que no, eliminarlos y así podemos aumentar la base del impuesto y, al aumentar la base del impuesto podemos bajar la tasa máxima', acotó.

Tambien, sugirió eliminar disposiciones como el impuesto a los servicios entre negocios, conocido como 'B2B'.

De la misma forma, en el panel salió a relucir el problema de falta de transparencia en las transacciones gubernamentales, lo que espanta a los inversionistas, el pequeño mercado con el que cuenta Puerto Rico, ya que consiste de menos de 3.4 millones de habitantes.

El panel sobre políticas contributivas marcó el inicio de la segunda sesión de diálogo organizada por la JCF, creada con el propósito de atender preocupaciones de expertos respecto al estado de la Isla luego del impacto de los huracanes Irma y María.