Jueza concede plazo recortado para que Justicia federal diga si entra en el caso de la quiebra
Las vistas de confirmación siguen su marcha hacia el cierre de argumentos hoy, pero la decisión de la jueza podría aplazarse hasta febrero por la movida de Justicia federal.
Las vistas de confirmación del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) caminan hacia su culminación hoy, pero la decisión de la jueza Laura Taylor Swain podría quedar aplazada hasta febrero de 2022, o más tarde, después de que ayer esta le concediera al Departamento de Justicia federal su petición de un plazo para confirmar si van a entrar o no en el caso a defender la constitucionalidad de la Ley PROMESA ante objeciones de que violenta derechos de acreedores a los que el Gobierno de Puerto Rico hizo expropiaciones.
Los argumentos finales que comenzaron ayer, lunes, no trajeron elementos nuevos, y la jueza casi no expresó dudas a los representantes de la parte, pero movidas de última hora siguen añadiendo controversias.
Hay tres asuntos principales de última hora que la jueza tiene que atender: 1) la entrada de Justicia federal en el tema de las expropiaciones, 2) la interpretación que se le va a dar al concepto de "cero recortes de pensiones" en la nueva Ley 53 y 3) una escaramuza nueva, también con el tema de pensiones, debido a la decisión de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de incluir una prohibición de 10 años contra la Legislatura para que no se puedan mejorar las condiciones de los planes de retiro ni de las pensiones, así como su decisión de incluir las leyes 80, 81 y 82 en la lista de leyes "ocupadas", efectivamente anuladas, por orden judicial como parte del PAD. Esta última movida ocurrió el domingo en la noche con la presentación de una nueva versión del PAD, denominada "Octava Enmienda Modificada".
En cuanto a Justicia, la agencia pidió la semana pasada que se le concediera hasta el 31 de enero de 2022 para decidir si entran al caso y, si entran, hasta el 2 de marzo de 2022. Después de la objeción de la JSF, y de otras partes, que resaltaron que el 31 de enero es la fecha límite que tienen algunos acreedores para que el Plan sea implantado o de lo contrario se retiran, la jueza determinó que Justicia federal tendrá hasta el 7 de enero para notificar y hasta el 7 de febrero para presentar su posición si deciden entrar.
Esta fecha, que sobrepasa el plazo del 31 de enero de los acreedores, debe evaluarse con otros dos desarrollos que hubo ayer. Por un lado, la Junta argumentó que, aún si la jueza falla a favor de los que reclaman compensación justa por sus expropiaciones, esos pagos totales de casi $400 millones se pueden acomodar dentro del Plan sin afectar a otros acreedores. Esto ocurrió al tiempo que la jueza adelantó que su pensamiento preliminar es que no todas las partes que reclaman compensación justa tendrían base legal para hacerlo. La jueza solo tiene prohibido declarar la inconstitucionalidad de PROMESA sin que Justicia federal haya presentado su posición, pero está libre de resolver la controversia de una manera que no entra en la constitucionalidad del estatuto, o declarando que es constitucional.
El segundo punto, sobre la Ley 53, fue materia de argumentaciones orales y escritas la semana pasada y sigue en el aire sin que haya tenido nuevos giros significativos en el fin de semana o ayer.
En el tercero, el detonante fue la aprobación en la Legislatura de la Resolución Conjunta del Senado 171 que ordena a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y a la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) a implantar el Programa de Retiro Incentivado, creado bajo la Ley 80 de 2020, y que tanto la exgobernadora Wanda Vázquez Garced como el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia habían aceptado no implantar ante las objeciones de la Junta. Eso significó que tanto la Ley 80, como la 81 y la 82, que también tienen disposiciones sobre el retiro de empleados públicos, no fueron sometidas al proceso de invalidación bajo la Ley PROMESA, sino que quedaron suspendidas. Pero la resolución aprobada el 16 de noviembre y sometida a la firma del Gobernador provocaron que el viernes pasado la Junta aprobara incluirla en la lista de leyes "ocupadas" en el PAD y autorizara acciones legales si el Gobernador firma e implementa la resolución o las leyes.
El gobierno, a través de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) presentó oposición a esto ante la jueza Swain porque alega que la Junta violentó el debido proceso que se supone cumpla antes de invalidar leyes.
"Si la teoría de la Junta de campo ocupado prevalece de esta manera, entonces la Junta tendría el poder unilateral de una junta de 'control', en vez de los poderes más limitados que PROMESA realmente le concede como una junta de 'supervisión'. Como estableció este tribunal claramente al principio de estos casos (de quiebra), la diferencia entre una junta de 'control' y una junta de 'supervisión' es significativa, especialmente con respecto a leyes recién creadas que una junta de 'supervisión' no puede convertir en 'nulas e inválidas unilateralmente'", dijo AAFAF.
La oposición de AAFAF quedó aguada, sin embargo, cuando el lunes le dijeron a la jueza que, aunque oponen esta movida de la Junta, "en última instancia, apoyamos el Plan".
La Junta recalcó que estas leyes esencialmente reimplantan los métodos de cálculo de pensiones y beneficios que quedaron congelados en 2013 y que provocaría, por lo menos $1,600 millones en gastos nuevos.
"Ya es abundantemente claro que la Legislatura y el Gobierno tienen la intención de expandir los beneficios de pensión a través de la Ley 80, y casi ciertamente aumentarlos con legislación subsiguiente una vez se confirme el Plan. Como resultado, la Junta de Supervisión ha determinado impedir estos esfuerzos por un periodo de 10 años bajo los términos del párrafo 62 de la Orden de Confirmación Propuesta como algo esencial al Plan y a la misión de la Junta de Supervisión de devolver al Gobierno a la responsabilidad fiscal y para asegurar financiamiento adecuado de sus pensiones. De otra manera, la Legislatura y el Gobierno pueden deshacer, y probablemente lo hagan, todo el trabajo de la Junta de Supervisión con la expansión desastrosa fiscalmente de beneficios de pensión", argumentó la JSF en un escrito.
Las vistas siguen el martes en lo que se espera sea su última sesión antes de que las controversias queden sometidas a la jueza para su decisión.
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