Reformas a las leyes laborales, reducción del salario mínimo, transparencia y responsabilidad gubernamental, creación de una moneda propia y la eliminación de la Ley Jones, fueron algunas de las sugerencias ofrecidas por un panel de expertos reunidos hoy, lunes, en Washington DC.

Los expertos fueron parte del seminario 'Puerto Rico after Hurricane Maria' ofrecido por el American Enterprise Institute en el cual se discutió el tema de la economía isleña post-huracán María.

'Puerto Rico debía ser la joya del Caribe de la misma manera que Singapur es la joya de Asia. Por su geografía, su clima, su relación con EE.UU. y su gente', manifestó la economista Anne Krueger, execonomista en jefe del Banco Mundial y quien bajo la administración del exgobernador Alejandro García Padilla preparó un informe que intentó dar pie a una reforma contributiva.

'Pero ahora tiene una historia de alrededor de 20 años de crisis fiscal. La gente sigue hablando de una recesión. Precisamente su problema fundamental es que seguían pensando en que había recesión y pensaban que controlando gastos la combatían pero la deuda seguía creciendo y eso llevó a la crisis. Es una economía basada en el dólar en la que puedes tomar prestado pero tienes que cortar gastos. Si se llega al extremo de no poder pagar salarios, no se paga. Por eso la dolarización es limitante', expresó Krueger.

La limitación por la 'dolarización' fue traída a la discusión tambien por Alex Pollock, economista y exbanquero quien sirvió como moderador del panel.

'¿Pueden los problemas económicos, demográficos y de competitividad desaparecer mientras están unidos al dólar estadounidense? A un cero por ciento de exito al día de hoy, puedo sugerir que se le permita a Puerto Rico tener su propia moneda. ¿Puede un territorio hacerlo? ¿Por que no? De otra manera, ¿cómo pueden ser competitivos?', expresó.

Más allá de una determinación extrema por parte de Estados Unidos, la mayoría de los panelistas favoreció la eliminación de la Ley Jones.

'La ley Jones les afecta mucho. Siendo un territorio que depende del petróleo a ellos les cuesta el doble que a la República Dominicana porque los boricuas no pueden usar marinas internacionales. Mantenemos la ley Jones y ¿saben por que? Porque tenemos 91 barcos en la flota y Puerto Rico tiene que pagar por eso', indicó Krueger.

Andrew Biggs, integrante de la Junta de Control Fiscal, tambien criticó la Ley Jones, pero sus principales sugerencias se enfocaron en una reforma de las leyes laborales, a las leyes de asistencia pública, pero sobre todo una reforma al sistema educativo del país.

'Su sistema educativo es uno de los peores de Estados Unidos y el aprovechamiento es prácticamente cero. La politización del Departamento de Educación es astronómica. Los estudiantes boricuas están pobremente preparados para el mundo laboral pero el mundo laboral de la isla tampoco está preparado para esos graduados', aseguró Biggs.

'¿Cómo restaurar el crecimiento económico? Tienen que hacer la Isla fácil para los negocios, principalmente los extranjeros. Tienen muchas restricciones que no benefician a nadie', opinó la economista Krueger.

'Deben hacer tambien una reducción del salario mínimo', sugirió por su parte, Antonio Weiss, profesor de finanzas de la Harvard Kennedy School.

Weiss apoyó el bloque de ayudas aprobado por el Congreso para Puerto Rico, pero afirmó que el 'quid pro quo' debe ser transparencia, responsabilidad y gobernanza 'y eso tiene que ponerse en su sitio'.

'Tienen que ser responsables con los contratos que dan. No pueden ser como los de Whitefish ni Cobra', quien tambien sugirió que los poderes de la Junta de Control Fiscal pudieran ser expandidos y que se cree una junta de reconstrucción y recuperamiento trayendo a los que trabajaron en Sandy y Katrina para traer su experiencia.

'Esa junta trabajaría en unión a la Junta de Control', afirmó Weiss.

El lunes, la Junta presentó su nueva política para revisión de contratos del gobierno y que aplica a todos los contratos que el gobierno ha otorgado y que propone otorgar, como tambien aportaciones concedidas por acuerdo.

Según el escrito, los contratos del gobierno deben cumplir con tres requisitos: ser consistentes con el Plan Fiscal, ser el resultado de un proceso competitivo y transparente; y ser consistente con regulaciones federales pertinentes.

La política aplica a todo contrato del gobierno, pero en el caso de contratos cuya cuantía ascienda los $10 millones, deberán ser sometidos a la JCF antes de ser ejecutados. No obstante, la Junta retiene la autoridad de evaluar contratos de menos de $10 millones para asegurar que cumplan con los requisitos establecidos.

En cuanto el proceso requerido por la Junta para someter los contratos, la dependencia del gobierno que otorgue el contrato tiene que enviar a la JCF sus políticas de contratación, la solicitud de propuestas emitida, los criterios de evaluación, un estimado formal del impacto económico que el acuerdo tendrá sobre el Plan Fiscal y toda aquella información relacionada a la otorgación del contrato.

Luego de enviar el contrato, la JCF emitirá una de cinco respuestas dentro un periodo de siete días. Estas son:

- No observaciones

- Observaciones, no se requiere respuesta

- Observaciones, requieren respuestas

- Necesita mayor evaluación

- No cumple

Las respuestas que solicite la Junta deben ser contestadas dentro de cinco días laborales.

Como parte del panel, el presidente de la Junta, Jose Carrión III, hizo un recuento del trabajo que ha hecho la Junta desde antes del paso de los huracanes y aseguró que continuarán apoyando al gobierno puertorriqueño en los esfuerzos para sobreponerse de la crisis.