Plan fiscal da hasta tres años para que el CRIM mejore sus prácticas de cobro y revise sus exenciones para aumentar los recaudos.

Creado en 1991 y bajo el control total de los alcaldes de los partidos Popular Democrático (PPD) y Nuevo Progresista (PNP), el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) tendrá que implantar cambios profundos en los próximos tres años que deben redundar en la profesionalización y eficiencia en el cobro de los impuestos sobre propiedad inmueble y mueble, así como en la eliminación, o limitación, de la capacidad que tienen los alcaldes para decretar exenciones casi 'de dedo'.

Esa es la propuesta del Plan Fiscal que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó para el CRIM el viernes pasado, uno de varios aprobados ese día que el gobierno dijo, a través del secretario de Estado, Omar Marrero Díaz, que no habían examinado todavía en su versión final.

Se supone que el CRIM sirva como el principal instrumento para canalizar el financiamiento de los municipios. Los impuestos a la propiedad, los recaudos del Impuesto sobre las Ventas y Uso y las aportaciones del Fondo General se tramitan a través de la entidad aunque el ingreso principal debe venir por la eficiencia en el cobro de los impuestos a la propiedad.

El Plan Fiscal, sin embargo, usa estadísticas, estudios económicos y una evaluación del Departamento del Tesoro federal para resaltar las maneras en que el Centro ha fallado en su propósito. "[E]l impuesto a la propiedad en Puerto Rico tiene un rendimiento malamente bajo relativo a su potencial", apunta la JSF en el plan que tiene como meta llevar el nivel de cobro actual de 67.7% de lo facturado a 76.1% de lo facturado. La eficiencia de cobro varía por municipio con un máximo de 78.2% en Guaynabo y un mínimo de 40.7% en Guánica.

El control del CRIM está en una junta de 11 miembros de los cuales nueve tienen que ser alcaldes. Y, aunque el informe no lo menciona, desde el 2000 las posiciones de liderato en la junta del CRIM han tenido una coincidencia notoria con casos criminales por corrupción.

En 2000, un gran jurado federal emitió acusación contra 11 personas por corrupción en la otorgación del contrato que crearía el catastro digital con el que el CRIM modernizaría su gestión teniendo una visualización de cada parcela de terreno en la isla. Entre los arrestados, y eventualmente convictos, estuvieron el presidente de la junta, y exalcalde de Villalba, Bernardo Negrón Montalvo, así como el vicepresidente, y exalcalde de Corozal, Carlos Serra Vélez. También fueron presidentes de la junta los convictos exalcalde de Toa Alta, Ángel "Buzo" Rodríguez Cabrera, y exalcalde de Río Grande, Eduard Rivera Correa. Y fueron vicepresidentes los convictos exalcaldes de Toa Baja, Víctor Soto Santiago, y alcalde de Dorado, Carlos López Rivera. Fue tesorero el convicto exalcalde de Cataño, Félix Delgado Montalvo, y están actualmente bajo investigación su expresidente, el exalcalde de Cidra, Javier Carrasquillo Cruz, y su exvicepresidente, el exalcalde de Santa Isabel, Enrique Questell Alvarado.

Según el Plan Fiscal, desde el inicio de la actualización del catastro digital en 2016 y por el comienzo de la implantación de medidas incluidas en los planes desde 2020, el CRIM ha podido procesar para cobro 517,000 mejoras a propiedades que no estaban registradas, así como la valorización de 25,951 piscinas que no estaban registradas y que pueden dejar $2.6 millones anuales en impuestos.

También, y con tan solo comenzar a contrastar su base de datos con la de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, han corregido 45,000 direcciones y han podido cobrar a otras 88,000 que no estaban cobrando. El CRIM ha identificado 197,782 direcciones que están mal registradas en su sistema, por lo que no les han estado cobrando. De hecho, el sistema de facturación del centro no se ha actualizado en 20 años.

El catastro digital tiene 1.33 millones de propiedades con valor total de $19,900 millones y valor tributable por $8,600 millones, pero el trabajo de actualizar ese registro apunta a que hay por lo menos 239,525 propiedades que no están incluidas todavía en el catastro y que dejarían $107.4 millones adicionales en recaudos. Estas propiedades fuera del catastro son equivalente al 18% de las propiedades incluidas en el catastro.

La base contributiva de las propiedades todavía está atada a los valores de 1957 porque no se ha actualizado, pero el Plan Fiscal coloca eso en el campo de las medidas que requieren legislación, por lo que no le ponen una fecha a la actualización de la valorización de las propiedades en toda la isla. Mientras ocurre una actualización de la valorización, el enfoque del CRIM será aumentar la base contributiva mediante ponerse al día en las tasaciones y añadir propiedades y mejoras nuevas, como las piscinas.

El plan también señala que hay dejadez en usar el poder de embargo que tiene la entidad. Desde la pandemia en 2020 no se están realizando embargos y, antes de eso, el CRIM esperaba tener referidos de otras agencias en vez de iniciar el proceso ellos mismos.

La actualización del valor no necesariamente tendría resultados negativos para todos los dueños de propiedad. Según el plan, al día de hoy, las propiedades residenciales disfrutan de una exención sobre los primeros $15,000 del valor. Esto es en números de 1957 que, si se actualizaran, se traducirían a una exención sobre los primeros $215,000 del valor. El plan contrasta que este tipo de exención general a la propiedad residencial existe en solo 23 estados y que otros 22 estados proveen una exención que no es general sino que depende de las características del dueño de la propiedad.

Para marzo de 2023, el CRIM tiene que llegar a un acuerdo para vender su cartera de deudas a un suplidor que se dedique a cobrarlas. Esto estaba en los planes para hacerse antes, pero el CRIM ha logrado posponer la fecha bajo el argumento de que está realizando rondas de amnistía que le permitirán depurar las cuentas por cobrar y dan una oportunidad a conseguir ingresos sin venderlos a un tercero. El plan indica que hay deudas por $4,500 millones y algunas están pendientes hasta desde 1975.

El CRIM tampoco tenía su base de datos alineada con las de otras agencias, como el Departamento de Hacienda y el Registro de la Propiedad del Departamento de Justicia. Unir los sistemas para crear un registro uniforme de propiedades es una condición para poder acceder a $8,300 millones en fondos CDBG de mitigación en el Departamento de Vivienda federal.

Todos estos señalamientos y metas ocurren con el trasfondo de que la JSF dictaminó como parte del Plan Fiscal del gobierno central que la aportación del Fondo General a los municipios se va a reducir a cero en el año fiscal 2025. Esa eliminación de apoyo económico que el gobierno envía a los municipios a través del CRIM tiene el propósito claro de forzar las reformas, alianzas y consolidaciones en los gobiernos y servicios municipales que la Junta no pudo lograr mediante el plan piloto de planes fiscales en municipios que abandonaron sin completar. No se trata de eliminación de municipios, pero sí de cambios en las administraciones municipales que se supone lleven a economías, lanzamiento de proyectos de desarrollo económico regional y consolidaciones regionales en la prestación de servicios.

Para ver el plan fiscal del CRIM, pulse aquí.