Junta de Control Fiscal defiende Plan de Ajuste de Deuda sometido el lunes.

La responsabilidad de que se hagan las reformas para mejorar la economía y evitar que el fisco caiga en déficit y en riesgo de no poder cumplir con el plan de pago a acreedores es del Gobierno y la Legislatura, apuntó ayer la Junta de Control Fiscal al defender la sustentabilidad del Plan de Ajuste de Deuda (PAD) sometido al Tribunal de Quiebras.

La actuación del Gobierno y la Legislatura está atada al PAD en varias áreas críticas.

Primero, porque, si la jueza de quiebras Laura Taylor Swain aprueba el plan, va a surgir la necesidad de aprobar legislación para implantarlo, particularmente en emisión de deuda nueva. Segundo, porque se asume la inyección de fondos federales por reconstrucción y por paridad en programas que depende de gestiones oficiales para conseguirlo y para gastarlo efectivamente. Tercero, porque se asume crecimiento económico por una serie de reformas que tienen que ver no solo con cómo funciona el gobierno sino también con legislación que supuestamente facilitaría la realización de negocios en la isla. Por último, porque el plan integra un nuevo Instrumento de Valor Contingente (CVI, por sus siglas en inglés) mediante el cual se le ha prometido a varias clases de acreedores, incluyendo a los pensionados, que parte del dinero que el gobierno genere en exceso de lo proyectado en el Plan Fiscal, dinero que resultaría por la mejoría económica, se le distribuirá a ellos también.

De manera que no solamente falta un trayecto de procesos para que el plan pueda ser final sino que, al momento de su aprobación, la responsabilidad de que se aplique y se cumplan con los arreglos con distintos tipos de acreedores, pasa al gobierno de una manera mayor a solo separar $1,150 millones anuales para el pago a los bonistas.

"El Plan Fiscal llama a que gobiernos y legislaturas del futuro implementen reformas para hacer la economía más grande", contestó la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, al preguntársele cómo compaginan el requisito de que el PAD sea sustentable con el hecho de que el propio ente proyecta la posibilidad de déficit tan temprano como en 2024 o hasta en 2031, en el escenario más optimista. El cumplimiento con las reformas es lo que va a hacer la diferencia, según su explicación. "El Plan Fiscal asume que las medidas de eficiencia en las agencias se implementan para alcanzar ahorros sin impactar adversamente la entrega de servicios de gobierno", es como el documento lo expresa.

Jaresko añadió que otro elemento que propende a que el PAD sea sustentable es el nuevo Fideicomiso de Reserva de Pensiones que se establecería para garantizar el pago de pensiones al margen de vaivenes económicos o de movidas gubernamentales. Con ese fideicomiso, el Fondo General se quita la presión que tiene ahora de pagar las pensiones totalmente ante la debacle de la Administración de los Sistemas de Retiro.

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Plan de Ajuste de Deuda limita recorte a pensiones de $1,500 en adelante

"(El PAD) levanta un peso de las generaciones futuras de puertorriqueños... es asequible no solamente hoy, sino asequible mañana y asequible por años venideros", defendió Jaresko sobre el plan.

El plan sometido al tribunal consiste en un documento que es el plan propiamente y tiene 223 páginas, pero también una Declaración de Divulgación (Disclosure Statement) más detallado y con 2,035 páginas. Aunque cubre decenas de aspectos y de términos y condiciones con acreedores (divididos en 66 clases), el foco han sido los pensionados, quienes, aparte de lo que consigan en un acuerdo como este, no tienen derecho a que se le paguen sus pensiones porque se consideran acreedores no asegurados.

Sobre esto, Jaresko confirmó que la oferta es reducir el 8.5% de las pensiones al 28% de los jubilados que son los que reciben $1,500 o más mensual pero que, si esa oferta es rechazada cuando los pensionados voten individualmente como parte del proceso de confirmación del plan, entonces se revertiría a la propuesta original de la Junta de hacer un recorte de 10% a los que reciban $1,500 o más. Jaresko sostuvo que hay 118,511 que no se impactan con los recortes (incluyendo maestros y policías) y que los pensionados son la clase de acreedores que más recuperan en el plan de ajuste, a un nivel de 95%.

La Legislatura ha hecho del recorte a las pensiones su principal punto de confrontación con el PAD mediante el P de la C 120, Ley de Retiro Digno, que la Junta ya objetó y adelantó que litigaría en tribunales si se convierte en ley. Según Jaresko, la Junta espera poder convencer a la Legislatura sobre el tratamiento favorable que los jubilados tienen en el PAD.

Sobre la necesidad de legislación para implantar elementos del plan, la Directora Ejecutiva contestó que "no creo que haya algo en la Ley PROMESA que nos permita obligarlos (a legislar), no sé qué el tribunal va a hacer o no hacer". Pero en la página 471 de la divulgación se indica que "los acuerdos y obligaciones en este Plan, la nueva Legislación de Bonos de Obligación General, la Legislación del CVI y los Documentos Definitivos, inclusive de las obligaciones que impactan los poderes gubernamentales o políticos en consecuencia de la sección 305 de PROMESA, se pueden hacer cumplir por cualquier parte que tenga interés y capacidad legal para así hacerlo".

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Presentar el Plan de Ajuste es solo el comienzo, queda pelea

Otra clase de acreedores que ha estado impactada severamente desde el principio son los acreedores no asegurados, mayormente suplidores del gobierno residentes de Puerto Rico que, igual que los pensionados, no tienen una base legal de peso para exigir el repago de su deuda. Jaresko explicó que el PAD crea una clase especial de estos acreedores llamada la Clase de Conveniencia (Convenience Class), que abarca a cualquier acreedor que tenga una reclamación de hasta $10,000 o que tenga varias reclamaciones que no excedan de $20,000. A estos se promete un repago completo de su deuda y también se le promete a los que, teniendo deudas más grandes, estén dispuestos a someterse a los límites de repago de esa nueva clase. "Podría ser mejor para usted que estar en la clase (regular) de no asegurados", subrayó Jaresko. Añadió que los reclamantes administrativos que tienen pendientes asuntos como reintegros y pagos laborales por salarios dejados de devengar y otros deben esperar también un repago total.

Jaresko confirmó también que el PAD incluye como fuente de pago a los bonistas una parte del impuesto a la propiedad que va al gobierno central, pero no saca dinero de la parte que va a los municipios. La funcionaria no dio importancia al hecho de que el estado financiero auditado más reciente que incluye el PAD es el de 2017, lo que recoge la situación financiera del gobierno antes del huracán María, porque argumentó que esos documentos son una mirada financiera hacia atrás, mientras que el PAD presenta un plan financiero a futuro y que lo importante para el PAD es tener al día los estados de balance de efectivo en las cuentas de gobierno, lo cual la Junta monitorea de cerca. Tener los estados financieros al día, comentó, son más importantes cuando el gobierno vaya a volver a los mercados financieros, lo cual tendría que lograr para que se extinga la Junta y su control sobre el fisco.

Con el plan presentado el lunes en la noche, quedaría atendida la reestructuración del 90% de la deuda de Puerto Rico, quedando pendiente la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y la de la Autoridad de Carreteras y Transportación. El primer pago a acreedores bajo el PAD saldría en enero de 2022.

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