La Junta de Control Fiscal (JCF) se mostró a favor de un proyecto que desarrolla el Negociado de Análisis Económico de Estados Unidos (BEA, por sus siglas en ingles) y que busca establecer cifras específicas que permitan incorporar un estimado del Producto Interno Bruto (PIB) en la isla.

Esta movida surge a petición del Congreso de los Estados Unidos, que creó la Ley para la Supervisión, Gerencia y Establidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en ingles) que faculta la JCF por ente fiscalizador del Gobierno de Puerto Rico.

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Según sostiene BEA, a finales de este 2019 ya estarán disponibles estimados de componentes específicos que se incorporarán al PIB de Puerto Rico. Entre ellos figuran el gasto del consumidor, la inversión comercial y el comercio de bienes.

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La pronunciación de aval de la Junta surge luego de que el Tribunal del Primer Circuito de Boston determinara como ilegales los nombramientos de los miembros de este organismo. Ante dicha determinación, la administración de Ricardo Rosselló Nevares ha planteado oposición a ciertas movidas de la JCF, pese a la misma decisión de Boston sostiene que las medidas encaminadas por el organismo fiscalizador están facultadas bajo la Ley PROMESA.