'Puerto Rico is open for business'. Con esa aseveración el coordinador de Revitalización contratado por la Junta de Control Fiscal (JCF), Noel Zamot, oficializó la búsqueda de inversionistas para el desarrollo de proyectos en Puerto Rico cuyos fines atiendan, principalmente, la generación de energía, la transportación y el manejo de desperdicios.

'A través del Proceso de Proyectos Críticos reforzaremos el mensaje de que Puerto Rico está abierto para hacer negocios y lo haremos a través de una alianza exitosa entre el Estado Libre Asociado, las agencias del gobierno federal y los inversionistas privados para apoyar el crecimiento económico sostenible en Puerto Rico y acelerar la creación de empleos', aseguró Zamot.

De acuerdo al Coordinador de Revitalización, Puerto Rico necesita alrededor de $1.5 billones en infraestructura nueva y mejorada, en su mayoría financiado por corporaciones privadas, para cumplir con las metas dispuestas en el Plan Fiscal.

La directora ejecutiva de la JCF,Natalie Jaresko, se hizo eco de las palabras de Zamot al establecer que, 'Puerto Rico necesitará $1,600 millones en nueva inversión en infraestructura para cumplir con los objetivos de crecimiento económico contenidos en el Plan Fiscal de Puerto Rico'.

Los esfuerzos de aprobar inversiones en proyectos críticos, en cumplimiento con lo dispuesto en el Título V de la Ley de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (Promesa), proyectan una inyección de capital a las arcas financieras del país, además de contribuir a la creación de empleos.

'Es hora de mover la economía hacia adelante, mejorar la competitividad de la Isla y lograr los cambios necesarios para estar verdaderamente abiertos para hacer negocios', concluyó Jaresko.

El Título V de la Ley Promesa establece un proceso expedito para la creación, aprobación y desarrollo de proyectos críticos que refuercen las áreas como energía, agua y alcantarillado, desperdicios sólidos, telecomunicaciones, autopistas, carreteras y puertos. En respuesta a ello, y con tal de atemperarse a las disposiciones de la Ley federal, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó la Orden Ejecutiva 2017-03 que declara un estado de emergencia en infraestructura y, al amparo de laLey 78-2000, delinea un proceso expedito de otorgación de permisos.

Entre los proyectos mencionados en reuniones anteriores, se encuentra la extensión de la PR-22 de Hatillo a Aguadilla y la culminación de las plantas de gas en Costa Sur, localizada en Guayanilla, y el Aguirre Offshore Gasport, en Salinas. Aunque Zamot no hizo mención específica de proyectos durante la actividad, confesó que ya han recibido siete proyectos relacionados al área de energía.

Igualmente, añadió Zamot, la Junta velará por que todos los proyectos cumplan con las disposiciones de Título V.

Además de Jaresko, en la actividad participaron María Palou, asesora de Desarrollo e Infraestructura del Gobernador de Puerto Rico; Omar Marrero, director ejecutivo de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, y una veintena de inversionistas.

Los interesados, ya sean pequeñas y medianas empresas (PYMES) o grandes inversionistas, deberán someter sus proyectos a la Plataforma de Presentación y Manejo de Proyectos Críticos, disponible en https://cpp.juntasupervision.pr.gov.

Los proyectos serán atendidos en la medida en que sean recibidos ('first come, first serve').

La Ley Promesa delinea seis pasos para el Proceso de Proyectos Críticos que han sido programados en la plataforma web de presentación y manejo de proyectos en línea.

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