Si algo se hace claro con solo leer la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en ingles), es que el estatuto está hecho a la medida para meterle mano a la Autoridad de Energía Electrica (AEE) y, más que eso, está abiertamente sesgado hacia la privatización como la estrategia principal.

Las intenciones están desplegadas principalmente en dos secciones, la 204, y la 503 sobre 'proyectos críticos'.

En la primera, lo que se dice es que la autoridad que se le da a la Junta de Control Fiscal para supervisar los contratos otorgados por el Gobierno de Puerto Rico está orientada hacia 'lograr que el gobierno territorial sea un facilitador y no un competidor de la empresa privada y evitar la creación de obstáculos burocráticos adicionales para la contratación eficiente'.

Esto está enmarcado en el poder de la JCF de requerir que ciertos contratos gubernamentales tengan que tener el aval de ese cuerpo antes de poder ser otorgados.

En la 503 se establece todo un andamiaje, que ya se había ensayado en parte con la estrategia de declaración de emergencia de la Administración Fortuño, para que ciertos proyectos de infraestructura reciban una consideración expedita mediante una consulta y evaluación más rápida que el proceso de permisos regular.

Pero ese esquema está claramente orientado hacia los proyectos de energía y, dentro de estos, se podrán priorizar aquellos proyectos que reduzcan 'la dependencia en el petróleo para la generación de la electricidad', mejorar 'el desempeño de la infraestructura energética y la eficiencia energética', facilitar 'la diversificación y la conversión de las fuentes fósiles para la generación de electricidad del petróleo al gas natural y a fuentes renovables', promover 'el desarrollo de las fuentes energéticas halladas en Puerto Rico', contribuir a la 'transición a capacidades de generación privatizadas', y apoyar a la Comisión de Energía de Puerto Rico 'a alcanzar su meta de reducir los costos de energía y garantizar tarifas de energía económicas para los consumidores y para las empresas'.

Lo que la Ley PROMESA no dice es qué tipo de proyecto específico se vería con buenos ojos, más allá de los criterios enumerados. Una posible respuesta a eso se puede encontrar en dos documentos, uno cuya nueva versión está por radicarse, y otro que, en su momento, era el foco de atención en todo Puerto Rico pero que pocos comentan ahora.

El primero es el Plan Fiscal que se supone que el Gobernador de Puerto Rico someta a la Junta en un período que debe conocerse oficialmente el viernes, cuando la Junta tenga su primera reunión formal en Nueva York. Aunque la versión revisada no ha sido publicada, hace un año la Administración García Padilla emitió una primera versión en la que, sobre energía, incluyen: emitir solicitudes de propuestas (RFP) para que terceros inversionistas construyan plantas nuevas, invertir $2,000 millones en cinco años para 'mejorar la infraestructura de generación, transmisión y distribución', solicitar una exención administrativa temporera del gobierno federal para los transportes relacionados con energía, y obtener un préstamo federal para financiar una parte del Terminal Marítimo de Aguirre que se pretende usar para la entrada de gas natural.

El segundo documento, un poco olvidado para algunos, es el Informe sobre el Status de Puerto Rico emitido por el Grupo de Trabajo de Casa Blanca en marzo de 2011 y que abarcó toda una sección sobre las estrategias de energía para la Isla.

La primera, que tuvo en 2010 el respaldo de la ahora candidata presidencial Hillary Clinton, es interconectar a Puerto Rico con otras islas del Caribe mediante cables submarinos para que nuestra isla supla y venda energía a las islas vecinas, como las Islas Vírgenes. Además de energía, la interconectividad serviría para vender transmisión de data.

Otra, que está implantada a través de la recién creada Comisión de Energía de Puerto Rico, era ponerle a la AEE un ente fiscalizador. También, mover la economía en la dirección de las energías renovables, algo que comenzó pero que enfrenta una pared de oposición en la propia AEE. De hecho, hubo una estrategia de energía renovable incluida en el informe presidencial que ya expiró, sin que se pudiera convertir en un catalítico, fue los créditos contributivos para proyectos de energía renovable.

El documento presidencial también recomendaba el establecimiento de una 'biorefinería' que derivara combustible de desperdicios orgánicos como los desechos de los procesos agrícolas. Esta estrategia tampoco despegó en ese momento, aunque ahora tiene el campo abierto bajo PROMESA.

Aunque no hay garantía de que estas referencias contenidas en esfuerzos pasados vuelvan ahora bajo PROMESA, la realidad ineludible es que el andamiaje de dicha ley federal está diseñado con el propósito en mente de atender de alguna forma rápida los problemas de energía en Puerto Rico.

Ley PROMESA (español) - NotiCel_21050

Plan de Ajuste Fiscal 2015 - NotiCel_21051

Sección de energía del informe presidencial sobre Puerto Rico (2011) - NotiCel_21052