Los fondos federales asignados a Puerto Rico para la recuperación tras el paso del huracán María no serán reclamados en el proceso de reestructuración de la deuda pública que sostiene la Isla, según decretó la jueza del distrito federal, Laura Taylor Swain, en la tarde del miercoles.

La moción, atendida durante la vista celebrada en Nueva York, fue presentada con carácter de urgencia por el gobierno de Puerto Rico a traves de la Autoridad para la Supervisión Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y la Junta de Control Fiscal (JCF). De igual forma, fue el gobierno estadounidense quien condicionó la concesión de ayudas a Puerto Rico a que se emitiera una orden para que ese dinero no forme parte de la renegociación de la deuda pública.

En síntesis, los fondos provistos por la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en ingles) y otras agencias de la nación norteamericana se mantendrán ajenos del monto a pagarse a los bonistas.

Previo al huracán María, Puerto Rico sostenía una deuda de más de $70,000 millones.

Suzzanne Uhland, representante legal de AAFAF, y Mark Stancil, del grupo organizado de bonistas de Obligaciones Generales (GOs, en ingles), por otra parte, abogaron por más rigidez y precisión a la hora de conocer cómo se utilizarán los fondos que otorgue el gobierno federal.

En esa línea, mencionaron el controversial contrato de Whitefish Energy Holdings, LLC --compañía encargada de levantar el sistema electrico de Puerto Rico-- como ejemplo de disputas que las aseguradoras quisieran evitar.

Asimismo, Marcia Goldstein, abogada de National Public Finance Guarantee, expresó reservas con la contratación de Whitefish y subrayó la necesidad de que los acreedores sepan cómo se gasta el dinero recibido.

Más adelante, Uhland confirmó que los bonistas tendrán disponible la información de desembolsos o peticiones de fondos federales en un cuarto de data virtual.

Discusión de COFINA aborda rol de la JCF

Por otra parte, la representación legal de la Corporación del Fondo de Interes Apremiante (COFINA) recalcó que el Congreso de los Estados Unidos designó a la JCF como único representante de Puerto Rico, por lo que AAFAF no debería tener tanta prominencia en la contratación de servicios para la recuperación de la Isla.

'Esto no es una bancarrota de copilotos', afirmó Susheel Kirpalani, abogado de la Coalición de Bonistas Seniors de Cofina.

Así, citó la sección 108(a) de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en ingles), en la que se establecen los poderes de la Junta sobre los del Ejecutivo y la Legislatura.

Aunque la Ley PROMESA solidifica el poderío de la Junta, aún se desconoce que rol ha tenido, si alguno, el ente federal en la contratación de compañías ligadas a la reconstrucción de la Isla.

Por eso, además, Kirpalani mostró preocupación ante la legislación de emergencia sometida por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares a raíz del huracán María. No obstante, no especificó cuál.

Mientras, la representación legal de la JCF pidió que el calendario de trabajo que lleva COFINA sea agilizado para que así el ente federal pueda proseguir con las medidas de atraer inversionistas.

'La Junta cree que el calendario es muy elongado. De la forma en que está definido, se resolvería todo el próximo verano y eso no sienta bien con la Junta porque quieren atraer más inversión a Puerto Rico. Ese calendario lo que hace es herir a la Isla', aseguró el abogado Martin Bienenstock.

El abogado propuso que COFINA finalizara sus análisis el 15 de enero de 2018, para así tener una vista en febrero. Originalmente, la fecha límite que manejaba COFINA era el 9 de febrero de ese año.

Ante la discrepancia entre ambas partes, la jueza solicitó que negociaran el alcance de la inmunidad para los agentes de COFINA, así como el calendario y presentaran sus posturas en la próxima audiencia, pautada para el 15 de noviembre.