Los representantes legales del Banco Santander y el Banco Popular dieron el visto bueno para que la Junta de Control Fiscal (JCF) sea el ente encargado de investigar el rol que tuvieron esas instituciones bancarias, junto al Banco Gubernamental de Fomento (BGF), en el endeudamiento de la Isla.

En ese sentido, rechazaron que el tribunal de paso a la moción sometida por el Comité de Acreedores No Asegurados (CANA) para permitirles iniciar una investigación a esos fines al amparo de la regla de quiebras 2004. Dicha moción fue sometida a finales de julio, mientras la JCF anunció el proceso de Solicitud de Propuestas para contratar una firma para realizar esa encomienda a principios de agosto.

Ese proceso supone culminar ya la próxima semana. Según dejó conocer el abogado de la Junta, Martin Bienenstock, se espera que para ese entonces la firma legal que se contrate para llevar a cabo la investigación comience a trabajar en esa investigación.

Bienenstock argumentó en corte que la JCF tiene las herramientas y el poder conferido por el Congreso mediante la ley PROMESA para investigar las causas del endeudamiento de Puerto Rico. Ese fue uno de los argumentos que esbozaron los abogados de Popular y Santander para dar su aval a la investigación de la Junta.

Robert Brady, abogado de Popular, argumentó en contra de permitir que el CANA lleve a cabo su investigación al amparo de la regla de quiebras 2004 para evitar duplicidad con las gestiones que haga la Junta. Además, repudió el 'tono inflamatorio' que tomó el comité para insinuar que Popular tuvo algo que ver con el endeudamiento de la Isla.

El abogado de Santander, Nicholas Crowell de la firma Sidley Austin, fue más contundente al expresar que el CANA pretende'ser el sheriff en este asunto…pero serían un sheriff sin arma'. Señalóque también que la controversia representaría mayores costos de litigio para el estado.

Por su parte, la jueza Dean expresó su preocupación sobre el tiempo que ha tomado la JCF para iniciar esta investigación, tomando en cuenta también su oposición inicial a investigar la deuda. Para Dean, sus preocupaciones descansan sobre el tiempo que tomará la investigación y si existe la posibilidad de que la firma que contrate la Junta cambie la naturaleza del conflicto.

A esos efectos, Dean ordenó a ambas partes a llegar a entendidos para realizar la investigación en conjunto.

Uno de los principales señalamientos que pesan contra la JCF es que dos de sus miembros, Carlos García y Ramón González, han presidido el BGF y también han servido como ejecutivos de Santander, mientras el presidente de la Junta, José Carrión III, pertenece a la familia que fundó Popular.

Aunque ambos pasaron por el crisol de la Casa Blanca al ser designados como miembros, la propia Junta ha optado por excluir a García y González del comité que investigará la deuda, mientras Carrión III anunció posteriormente que se inhibirá del proceso.

A influencia de García y González también fue objeto de un informe de la organización Hedge Clippers que encontró que Santander fue suscribiente de $61.2 mil millones de emisiones de bonos hechas por el gobierno. También denunció que había una puerta giratoria entre esa institución y el BGF entre los suscribientes de los bonos y la dirección de esa agencia.