La jueza Judith Dean ordenó a la Junta de Control Fiscal (JCF) y al Comite de Acreedores No Asegurados (CANA) a desarrollar una propuesta para coordinar esfuerzos de descubrimiento en la investigación sobre el endeudamiento que involucra el Banco Santander, el Banco Popular y el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), para el 12 de septiembre.

Dean optópor no emitir un fallo sobre la moción emitida por CANA al amparo de la regla 2004 de procedimientos de quiebra–la cual permite examinar el endeudamiento de una entidad. La solicitud del comitéfue emitida el pasado 24 de julio ante la jueza a cargo de los procedimientos de Título III, Laura Taylor Swain.

En una vista celebrada en Boston y transmitida en la corte de Distrito Federal en Hato Rey, el abogado del CANA, Luc Despins, argumentó que, en términos estatutarios, la regla 2004 provee mayor alcance y autoridad para llevar a cabo un proceso amplio de descubrimiento que el que le provee la ley PROMESA a la JCF. Aseguróque las motivaciones del comiténo son políticas y han sido levantadas en casos de quiebra semejantes, tal como el de la ciudad de Detroit.

Aunque reconocióque la JCF tiene las herramientas conferidas en ley para investigar la deuda y aquellos involucrados, resaltóque tanto el presidente de ese cuerpo, JoséCarrión III, declaróante los medios que una investigación sobre la deuda era innecesaria y no se llevaría a cabo. Sostuvo además que han tenido un año para llevar a cabo estos esfuerzos, sin embargo, no actuaron hasta que el CANA sometióla moción para permitirles llevar a cabo el proceso contra Santander, Popular y BGF.

Cuestionado por la jueza Dean sobre cuánto tiempo estiman tendrían en sus manos documentos en poder de las instituciones en relación con las comunicaciones sostenidas entre los bancos y el BGF, Despins sostuvo que para octubre tendrían algunos de esos documentos.

Posteriormente, el abogado de la JCF, Martin Bienenstock de la firma Proskauer Rose, insistióque, en el caso de la Junta, cuentan con la autorización bajo la sección 104 de PROMESA para conducir investigaciones relacionadas al endeudamiento, retando los señalamientos contrarios de Despins. Agregóque esa facultad fue expresamente conferida por el propio Congreso.

Al presente la Junta lleva a cabo un procedimiento de solicitud de propuestas para elegir un agente investigador para llevar a cabo esta tarea, para la cual se creóun comitécompuesto por los integrantes de la Junta, Arthur González, Ana Matosantos y David Skeel. Según Bienenstock, ese proceso debería culminar la próxima semana con la contratación de una firma legal que comenzaráa trabajar inmediatamente en la encomienda.

Con esta revelación, la jueza Dean preguntócuánto tiempo tomaría esta investigación, a lo que Bienenstock admitióno cuentan con un estimado de tiempo para el procedimiento. No obstante, el abogado de la Junta agregóque, de dar paso a la solicitud del CANA, conllevaría además una duplicidad de esfuerzos entre la Junta y el comité, como también costos adicionales.

Dean compartióestas preocupaciones y enfatizósobre la falta de claridad en cuanto al tiempo que tomaría la Junta y el comitépara llevar a cabo la investigación. Asílas cosas, dejóclaro que no iba a resolver este caso, por el momento, y ordenóa las partes a trabajar una propuesta para que ambas partes puedan colaborar en la investigación y fijóel 12 de octubre para celebrar una vista de estatus para conocer si llegaron a un entendido.

Abogados de Santander y Popular respaldan investigación de la Junta

Los representantes legales de Santander y Popular comparecieron en la vista y ambos coincidieron en sus reclamos–permitir que sea la JCF la entidad encargada de desarrollar la investigación.

Robert Brady, abogado de Popular, argumentóque debería haber sólo un proceso de descubrimiento para el asunto en cuestión para prevenir duplicidad de labores. Indicóque bajo la ley PROMESA es la JCF la entidad con las herramientas en ley para llevar a cabo este procedimiento y sentencióque el CANA intenta tomar control sobre la investigación al ser los primeros en llegar a la corte.

De mismo modo, repudióel'tono inflamatorio'que tomóel comitépara insinuar que Popular tuvo algo que ver con el endeudamiento de la Isla.

El abogado de Santander, Nicholas Crowell de la firma Sidley Austin, fue más contundente al expresar que el CANA pretende'ser el sheriff en este asunto…pero serían un sheriff sin arma'. Señalóque también que la controversia representaría mayores costos de litigio para el estado.

Dean balancea preocupaciones

La jueza Dean dijo que siente que la moción fue sometida en un momento en que la JCF no tenía intención de moverse adelante con esta investigación. No obstante, expresóque su preocupación descansa sobre el tiempo que tomaría este esfuerzo y si el agente investigador que la Junta contrate cambie la naturaleza del conflicto.

No obstante, sostuvo que quiere que este asunto se mueva adelante, a la misma vez que se mueve la disputa por la validez de la estructura de COFINA–asunto que el CANA también están envueltos. Insistióque se establezcan fechas para tomar ventaja sobre ambas investigaciones y para que ambos puedan cooperar, sea en los mismos señalamientos o en señalamientos asignados.

Aun así, advirtióque, hasta el presente, el conflicto es'muy grande y amorfo'para saber si en efecto interfiere con otros procedimientos adversativos, aunque sostuvo que la prioridad es mover el asunto hacía adelante.