El pronóstico de múltiples economistas del patio sobre los efectos contraproducentes que tendría implementar políticas austeras en Puerto Rico ahora tiene respaldo internacional, puesto que expertos estadounidenses vaticinan la prolongación de la crisis económica hasta, al menos, el 2024.

Incluso, alertan que el Plan Fiscal del gobernador Ricardo Rosselló Nevares y la Junta de Control Fiscal (JCF) —ente habilitado por la Ley PROMESA— tendrá un impacto más severo del que describe en sus páginas porque está basado en suposiciones irreales e ignora problemas de largo plazo.

'El Plan Fiscal provee las mismas proyecciones de crecimiento en el escenario estándar, el cual no contempla medidas de austeridad, que en el escenario luego de los recortes propuestos, sin un estimado del impacto que tendrían estas medidas en el crecimiento económico. Bajo el plan fiscal propuesto, se proyecta que Puerto Rico continuará su crecimiento negativo hasta el 2024. Tomando en consideración la austeridad fiscal propuesta, el crecimiento negativo probablemente persistirá por años mucho después de eso', asegura el informe del Center for Economic and Policy Research (CEPR).

De acuerdo al Plan Fiscal aprobado, Puerto Rico comenzaría a experimentar un crecimiento positivo en el 2026. No obstante, la proyección se basa en un panorama inverosímil, pues el índice del producto doméstico bruto (GDP, por sus siglas en inglés) para esa época estaría por debajo de lo estimado.

Estos datos, conforme al documento, contrastan con los presentados por el exgobernador Alejandro García Padilla en el plan fiscal que presentó en octubre y fue rechazado por la JCF.

'Su propuesta planteaba que Puerto Rico ya había intentado implementar políticas de austeridad y que esas políticas los encaminaron a más migración y encogimiento de la economía. Su plan estaba construido bajo el principio de restaurar el crecimiento a corto plazo antes de enfocarse en el servicio de la deuda', compara el estudio Life After Debt in Puerto Rico: How Many More Lost Decades? del grupo con base en Washington, D.C.

Ahora, señalan la reducción en la inversión, tanto público como privado, así como la falta de empleo y la migración como algunos de los causantes principales de la debacle económica.

'En el 2016, las inversiones de capital fijas en Puerto Rico eran menores de 7.9% del GDP, una baja de casi 40% desde el 2007. La gran mayoría de las inversiones vienen del sector privado, el cual bajó un 33%. Sin embargo, la inversión del sector público bajó aún más, por 66% del GPD', relata el informe.

Según el escrito, la adopción de más medidas de austeridad empeorarían las condiciones de vida en la Isla que ya de por sí son precarias. Como ejemplo, aluden a que el ingreso anual base de las familias es de $19,000, en comparación con el promedio de $53,900 en los Estados Unidos, pero el costo de vida en San Juan es 8% mayor al de la nación norteamericana.

También, el promedio salarial por hora en la Isla es de $9.73, mientras que en Estados Unidos es de $17.81.

Todo esto se une al hecho de que el sobre 46% de la población de Puerto Rico vive bajo el renglón de pobreza y la tasa de pobreza en niños registra un 58%, el triple del índice en los Estados Unidos.

'Mientras algunos argumentan que la disminución del salario mínimo en Puerto Rico podría incentivar a las compañías a contratar más empleados, recibir menos paga incrementaría los ya altísimos niveles de pobreza a la vez que deterioraría los estándares de vida', declara el informe, creado por Lara Merling, Kevin Cashman, Jake Johnston y Mark Weisbrot.

Ante la falta de mejores datos, los analistas identifican la falta de transparencia gubernamental como la razón por la cual no se tienen cifras más precisas.

Estas proyecciones, junto al hecho de que la crisis en la Isla data desde el 2006, apuntan a que Puerto Rico habrá malgastado dos décadas de posible crecimiento económico, lo cual establecería un nuevo récord, de acuerdo a los economistas.

Además de los puntos negativos, el informe subraya que la economía puertorriqueña cuenta con ventajas notables como la población bilingüe, una identidad nacional cohesiva y un alto nivel de desarrollo. Sin embargo, estas virtudes son socavadas por la imposición de políticas externas en formas que restringen la economía.

Como posible solución, el informe exclama que si Puerto Rico fuera un país soberano, podría reducir su deuda pública —la cual asciende a $74 billones— mediante la renegociación con los acreedores o aceptar el 'default'. De esa manera, podría comenzar de cero y reestructurar su economía para adoptar políticas que le permitan ser más competitivo en la economía global del siglo 21.

'Pero Puerto Rico no es un país soberano y por eso el control externo de sus políticas económicas es, al momento particular, mucho más fuerte y vastamente más destructivo que aquellas en las autoridades europeas sobre las zonas más vulnerables en el área. Si Puerto Rico va a tener oportunidad alguna de evitar la deterioración continua de los estándares de vida y la pérdida de población, las políticas impuestas por el exterior tienen que cambiar o Puerto Rico tendrá que cambiar su estatus político', concluyen los economistas.

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