Una línea en la radicación de quiebra de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) encierra una de las maneras en que la bancarrota del gobierno de Puerto Rico impacta a los ciudadanos de maneras imprevistas.

En medio de nombres más asociados con infraestructura, como suplidores de bitumul y contratistas, se consigna que el tercer acreedor más grande de la corporación pública es la secretaría del tribunal de San Juan.

La deuda registrada allí, $3,559,792,08, es la tercera más grande de la agencia y, según informó la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico a NotiCel, responde a múltiples casos pendientes de la agencia, principalmente de expropiaciones.

Cuando la ACT se encomienda a realizaralgún proyecto, es común que incurra en expropiaciones, o lo mismo que quitarle la propiedad a algún ciudadano a cambio de un pago. La Constitución del Estado Libre Asociado le permite al gobierno expropiar sin cuestionamientos, exigiéndole sólo que deposite en el tribunal el valor de la propiedad, aunque esa valoración puede ser impugnada y retada por el dueño de la propiedad.

La inclusión de esa deuda en la quiebra de la ACT implica un congelamiento de los desembolsos y la posibilidad de que ese dinero esté ahora sujeto a reclamaciones de otros acreedores.

Sobre el particular, el autor del libro sobre la ley PROMESA, el licenciado Rolando Emmanuelli, indicó que ante la orden de paralización de todo proceso de cobro implicado en el proceso de quiebras, en estos momentos no es aconsejable que 'ningún acreedor del gobierno haga gestiones de cobro, sino que en los casos meritorios como lo podría ser el de la ACT se debe recurrir a la corte de distrito (federal) para que se levante la paralización porque existe justa causa (para levantarla)'. Levantar la paralización sería el mecanismo que un acreedor por una propiedad expropiada puede usar para recibir el dinero que se le debe.

'[A]quí hay un problema porque la Constitución de Puerto Rico establece que el estado no puede privar de su propiedad a un ciudadano sin la justa compensación, entonces estos casos de expropiaciones están cobijados bajo esa cláusula constitucional y como funciona esto es que una vez se hace una determinación de que cumple un fin público la propiedad, el estado hace una demanda de expropiación consignando el valor de la tasación que hizo el gobierno en el tribunal y la parte que recibe la demanda, el dueño de la propiedad, tiene dos opciones: o retira el dinero y acepta que ese es el valor de la propiedad o litigar el valor de la propiedad. Normalmente se acepta la determinación del uso público que hace el gobierno, pero lo que queda en controversia es la cuantía, entonces el tribunal puede emitir una sentencia que diga que hay una deficiencia y tienes que depositar (una cantidad adicional de dinero)', informó el licenciado especializado en quiebras.

Según Emmanuelli, un dueño de una propiedad expropiada puede recurrir a la jueza que maneja la quiebra de Puerto Rico, Laura Taylor Swain con el argumento de que la persona no tiene el uso y disfrute de la propiedad y la solicitud de que se levante la paralización en su caso particular y se proceda con el desembolso que se le debe por la expropiación.

En la solicitud de quiebra de la ACT radicada el 21 de mayo pasado, también figuran como acreedores la Autoridad de Energía Eléctrica, en calidad de acreedor por comercio, agencia a la cual se le adeuda $46,037,043.17. También se encuentra la Administración del Sistema de Retiro del Gobierno, a lacual se le debe $14,453,532.47.

En la lista también se encuentra ,Gila,LLCcompañía que se llevó el manejo del AutoExpreso después de la salida de TransCore. A Gila se le deben $3,354,906.

FirstTransit,Inc., compañía que opera algunas rutas de la Autoridad Metropolitana de Autobuses, se le adeudan $1,981,901.00 en calidad de deuda comercial.

A la Autoridad de Edificios Públicos se le deben $1,977,922.20 por los edificios en uso. A la compañía FerrovialAgroman, que brinda servicios de construcción y mantenimiento de carreteras, se le deben $1,884,822.06. Del ValleGroup, empresa de contratistas generales, laACTle debe $1,186,270.07.

Constructora I.Meléndez,LLC, compañía especializada en construcción de carreteras, sistemas sanitarios y pluviales tiene deuda de $961,827.53. TheEniacCorporation, compañía dedicada al negocio de la distribución, implementación y soporte de soluciones de tecnologías de información, laACTle debe $512,402.50

La compañía L.P.C. <><><><>& D.Inc. que opera como contratista general para servicios de construcción en Puerto Rico, se le debe $458,667.03. A la Puerto RicoTelephoneCo. se le adeuda $452,087.03. ATamrioINC, compañía de contratistas se le debe $421,994.42. Mientras que a Super Asphalt PavementCorp. se le adeudan $311,199.80. A/p

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A Aci-Herzog se le deben $262,550.18 y a CD Builders, Inc. se le deben $230,544.42.Mientras que a Betterrecycling Corp., compañía que se dedica a proveer materiales de carreteras, como bitumul y otros productos se le debe $224,908.14./p

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A BermúdezLongoDíaz-Masso,LLC, empresa especializada en obras de construcción, se le adeuda $195,835.23 . A GlobalInsuranceAgency, compañía de seguros se le adeuda $182,204.62 y a Peerless Oil <> Chemicals, Inc. se le adeuda $171,590.08./p