Miles de contratos de suplidores del gobierno, así como el dinero que se le adeuda se encuentran en una especie de limbo tras la radicación en el tribunal de la reestructuración de la deuda pública.

Aunque el gobierno ha insistido en que continuará emitiendo los pagos para la continuación de los servicios públicos, toda deuda que haya tenido el gobierno al día de la radicación del Título III de quiebras de PROMESA queda congelada para ser incluida en el proceso en manos de la jueza federal Laura Taylor Swain.

'La incertidumbre que esto ocasiona… estamos en un limbo', dijo a NotiCel el Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, especialista en quiebras.

De acuerdo a Emmanuelli Jiménez, no solo los contratistas y los suplidores del gobierno desconocen cuándo se les pagará; sino que, además, existe incertidumbre sobre qué contratos y suplidores podrán continuar ofreciendo sus servicios al gobierno. Los únicos que tienen certeza son los suplidores de utilidades incluidos en una moción radicada en el tribunal.

El abogado de quiebras se refiere a la moción radicada por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), para que los suplidores de recogido de basura, telecomunicaciones, agua y luz continúen proveyendo servicios a las agencias sin importar cuánto dinero el gobierno le deba hasta ahora.

Según la moción, estos suplidores estarán impedidos de alterar los servicios de utilidad a los deudores, o discriminar contra ellos, basándose en la radicación del caso del Título III, por cualquier factura no pagada por servicios prestados antes de la fecha de petición aplicable o por cualquier insuficiencia en la garantía de pago propuesta por la Junta.

'Es decir, estas compañías podrían quedar vinculadas a continuar prestando servicios al gobierno, aunque no hayan recibido los pagos correspondientes', señaló Emmanueli Jiménez.

Explicó que la única garantía o seguridad de pago que el gobierno le ofrece a estos suplidores es que tendrán prioridad en el plan de pagos, es decir que se les honrará la totalidad de la deuda. El efecto de esa moción es que esos suplidores no verán un centavo de su dinero en varios años, pero estarían obligados a continuar ofreciendo los servicios al gobierno.

'El problema es que si caiste en esa lista en términos reales lo que está diciendo el gobierno es que me tienes que seguir dando servicios, aunque yo no te pague. Imagínate el impacto económico que eso va a tener. Ahí hay compañías grandes, pero también pequeñas', aseguró el abogado.

Insistió que es un riesgo muy grande para los suplidores porque el peso recaería en ellos para probarle al Tribunal por qué la garantía o seguridad no es suficiente. Dijo que este es uno de los efectos del proceso de quiebra, que le da al deudor la facultad de manejar los contratos.

'Aquí hay un asunto de cuándo la JCF va a decidir, qué va a aceptar, qué va a repudiar, porque ese análisis puede incluir miles de contratos y en ese sentido hay una incertidumbre sobre ese proceso', manifestó.

La corte puede exigirle a la Junta que someta esa información o bien puede estar contenida en el presupuesto de gastos del gobierno. Contratos que estén en presupuesto serán los contratos que se asumieron o ratificaron, es decir los contratos que van a continuar vigentes. Esa facultad, insistió, la tiene la Junta Fiscal como síndico del proceso.

'En este proceso de contratos, de suplidores, quien va a dictar la pauta es la junta; pero la incertidumbre que ocasiona que los contratos que no son de utilidades estén en un limbo es terrible para la economía. Cómo tú sabes que si estás trabajando (con el gobierno) te van a pagar?', cuestionó el abogado.