Los acreedores del gobierno no necesariamente se tienen que exponer a un recorte a la orden de 76% de su inversión total si optan en vez por negociar los terminos y condiciones de la deuda de buena fe con el estado.

Ese fue el planteamiento que esbozó el representante del Gobernador ante la Junta de Control Fiscal (JCF), Elías Sánchez, ante la cifra de $7,800 millones que el gobierno propone pagar en un plazo de 10 años para el servicio de la deuda.

'Quien define (el recorte) es el acreedor con los términos y condiciones. Ahora, si el acreedor quiere que se le pague el cumplimiento específico de lo que es la deuda hoy pues quizá redunda en eso. Pero si renegocia términos, si renegocia interés pues su perdida no es equivalente a esas cantidades que ellos están poniendo', afirmó Sánchez durante un foro de la Cámara de Comercio sobre el Plan Fiscal celebrado en el Hotel Verdanza en Isla Verde.

En esa línea Sánchez insistió que la razón de ser del Plan Fiscal es aclarar cuál es el dinero que el gobierno tiene disponible para el pago de la deuda, sin afectar aquellos servicios esenciales que el estado provee. Con el plan ya completado, procede la fase de discusión con los acreedores al amparo del Título VI de PROMESA que provee para una negociación de buena fe, sin la intervención de un tribunal.

Sánchez señaló que al presente la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) ya mantiene comunicación con todos los grupos de acreedores, incluyendo los de la Corporación para el Financiamiento del Interés Apremiante (COFINA), aunque no son negociaciones formales. Estos dos grupos mantienen una disputa legal en las cortes federales para determinar quien tendría prioridad de pago a la hora de reestructurar la deuda.

Esta semana el Primer Circuito Apelativo de Boston falló a favor del gobierno en ese caso por lo que el pleito se paralizará hasta tanto culmine el periodo de 'stay' de litigios que la ley PROMESA faculta y que la JCF extendió hasta el 1 de mayo.