Se establece como uno de los requisitos para la culminación de funciones de la Junta que haya cuatro presupuestos balanceados.

El representante por el distrito 15 de Nueva York, Ritchie Torres, junto a los representantes Nydia Margarita Velázquez Serrano, Darren Soto, Raúl Grijalva y la comisionada residente, Jenniffer González Colón radicaron un proyecto bipartita con el cual pretenden agilizar la salida de la Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico.

La Ley del 2022 de alivio territorial ante una transición sostenible para Puerto Rico (Ley TRUST, por sus siglas en inglés), establece el fin de la Junta Fiscal no más tarde de 90 días después de la certificación de dos presupuestos balanceados y transfiere todos los deberes y responsabilidades al Gobierno de Puerto Rico tan pronto la Junta se vaya.

“La Junta Fiscal representa un pecado cardinal en contra de la soberanía y autodeterminación de Puerto Rico. Es el mayor ejemplo de colonialismo moderno en Puerto Rico y hay que disolverla. La Junta antidemocrática no electa ha llevado a la isla a un mal manejo fiscal y ha evitado que los puertorriqueños tengan control de su destino”, dijo el representante Torres en declaraciones escritas.

La Ley federal PROMESA, entre otras cosas, establece como uno de los requisitos para la culminación de funciones de la Junta, que haya 4 presupuestos balanceados. Hasta el momento, se reconoce el presupuesto vigente como balanceado.

“Ahora que Puerto Rico salió de la bancarrota, estamos listos para un nuevo capítulo sin la Junta Fiscal”, añadió la comisionada residente, González Colٖón.

Por su parte, la representante Velázquez Serrano expresó que “esta medida bipartita toma pasos importantes en el proceso de salida de la Junta. Como dije anteriormente, es tiempo de tener una conversación sobre como el Gobierno de Puerto Rico puede moverse a representar mejor los intereses de su gente sin la presencia de la Junta. Exhorto a la Cámara y al Senado a aprobar lo antes posible esta legislación”.

Entretanto, el representante Soto sostuvo que “los recortes impuestos por la Junta han durado suficiente”.

Asimismo, el representante Grijalva mencionó que “es tiempo de comenzar a hablar de terminar con la Junta y regresarle a Puerto Rico el control a sus oficiales electos”.

En resumen, la Ley TRUST propone: enmendar los requisitos en los presupuestos balanceado de 4 a 2, sin tomar en cuenta si los presupuestos proveen fondos suficientes para pagar su deuda.

Que la Junta terminaría sus funciones no más tarde de 90 días de la certificación del segundo presupuesto balanceado y se toma en cuenta que aplican presupuestos balanceados antes de la aprobación del proyecto.

Permite a la Asamblea Legislativa y al gobernador aprobar una Resolución después de aprobado el segundo presupuesto balanceado, para que se transfieran las funciones de la Junta, fondos disponibles, activos y expedientes al Gobierno de Puerto Rico con copia al Congreso de los Estados Unidos.

Finalmente, transfiere todos los deberes y responsabilidades en el Titulo 3 al 6 de la Ley PROMESA al Gobierno de Puerto Rico.