Andrew Biggs desconoce si renunciará a su puesto dentro de la Junta Fiscal, pero la salida de dos compañeros y el transcurso de cuatro años lo han hecho pensar en los logros del grupo, sus fracasos y sus frustraciones.

Andrew G. Biggs es de la creencia que los problemas históricos de Puerto Rico se circunscriben al mal funcionamiento de su gobierno y la falta de compromiso de los gobernantes con implementar cambios, razón por la cual su solución no surgiría de una definición de estatus territorial, ni con otorgarle mayores poderes a la Junta de Control Fiscal (JCF), ente que controla las finanzas del país desde el 2016 y del cual forma parte.

Para Biggs, un profesor estadounidense con título en Economía, el escollo principal de los puertorriqueños es el propio gobierno por su inhabilidad de formular la política pública necesaria para fomentar el desarrollo económico y por rendirle un flaco servicio a sus ciudadanos.

A su juicio, los puertorriqueños “merecen más de lo que han recibido de su gobierno”. No obstante, en su conversación con NotiCel el integrante de la JCF no se mostró optimista en que estas reformas ocurran en un futuro cercano.

Basado en su experiencia, los líderes políticos no obran con los mejores intereses del pueblo en mente, porque sus metas son ganar una elección. Por eso, enfocan sus campañas en asuntos lejanos a mejorar el funcionamiento del gobierno, como el estatus, que es la plataforma principal que distingue a los tres partidos más grandes de la Isla.

“A veces uno escucha que los políticos dicen ‘si resolvemos el problema de estatus y nos convertimos en estado, entonces todo se resolverá repentinamente’. Eso es falso. No estoy ni seguro si en términos económicos la estadidad sería positivo o negativo para Puerto Rico, pero convertirse en estado no resuelve los problemas de ineficiencia o incompetencia de un gobierno. Todavía tendrías que administrar escuelas, tramitar permisos, recoger impuestos a la propiedad. El estatus no cambia nada de eso”, exclamó Biggs.

Aunque cada uno de sus integrantes tiene una opinión y algunos hasta militan en partidos políticos estatales o en los Estados Unidos, la JCF como ente no realiza expresiones sobre el estatus de la Isla. Por los pasados años han eliminado cualquier alusión a la estadidad de los planes fiscales sometidos por el Gobierno de Puerto Rico y la independencia o el Estado Libre Asociado hubiesen corrido la misma suerte.

“Es una distracción cuando las personas piensan y votan basado en esa pregunta y no basado en si las personas que van a elegir harían un buen trabajo en todo lo demás que hace un gobierno. No quiero pretender como que la pregunta de estatus no importa, porque importa, pero en el día a día hay muchas cosas que pasan que merecen atención adicional", declaró Biggs, quien aclaró que si el deseo de los puertorriqueños es convertirse en estado, no habría razón para negárselo.

El académico subrayó que la tasa de participación laboral de Puerto Rico es más baja que los estados más pobres de los Estados Unidos y, en cuanto a educación, la Isla tiene puntuaciones menores en exámenes estandarizados que los sistemas educativos de los estados y México. Ambos problemas se suman a la corrupción rampante, asuntos que no tienen nada que ver con el estatus.

Además, hace siete meses la JCF aprobó un incentivo económico para enfermeras que han trabajado durante la pandemia del coronavirus COVID-19, pero hasta la semana pasada el gobierno no lo había entregado. Igual, recordó que el año pasado el grupo dio paso a un aumento salarial para ciertos maestros, pero el gobierno entregó el dinero al grupo equivocado de educadores y ahora enfrenta demandas.

“Son cosas como estas. No tienen nada que ver con ser estado, con ser Estado Libre Asociado o con ser independiente. Tienen que ver con cuán bien tú corres tu gobierno”, puntualizó.

Desde su implementación en el 2016, gran parte de las propuestas de la JCF han parecido antipáticas para el Gobierno de Puerto Rico, líderes sindicales y ciudadanos en general, lo que ha provocado un tipo de “guerra de trincheras”, según el profesor.

El ente financiero ha pedido, entre otras cosas, implementar un requisito de trabajo para participantes del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y ha insistido en reducir las licencias de vacaciones y enfermedad, eliminar el bono de Navidad y tramitar cambios a la Ley de Despido Injustificado a favor del patrono, todo por “facilitar el hacer negocios”.

En los datos de World Bank, medición a la que Biggs recurre, Puerto Rico tiene una puntuación de 65 en el renglón empresarial, en donde una puntuación de 1 significa que el ambiente regulatorio es beneficioso para llevar a cabo negocios y 190 es el peor.

De acuerdo a Biggs, “hay dinero para construir hoteles, pero las reglas son tal que te economizas en mano de obra. Puerto Rico, particularmente, está bastante politizado como sistema. Es un sistema en que las personas están constantemente buscando ventaja política”, declaró.

Cambio cuando Gobernadora decidió ser política

Durante sus primeros meses como la gobernadora, Wanda Vázquez Garced mantuvo a la JCF satisfecha con su apertura para reunirse cuantas veces fuera necesario, contrario a la relación tumultuosa con Ricardo Rosselló Nevares, quien renunció a su cargo e impulsó el ascenso por vía constitucional de la entonces Secretaria de Justicia.

En ese entonces, la Primera Ejecutiva aseguraba que no tenía intereses políticos y eso le ayudaba a tomar las decisiones necesarias para el beneficio de Puerto Rico, como adelantar la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y continuar con el proceso judicial similar a la quiebra bajo la Ley Promesa.

Sin embargo, la relación cambió dramáticamente cuando Vázquez Garced determinó que aspiraría a la Gobernación en el 2020 por el Partido Nuevo Progresista (PNP), contrario a su insistencia desde un inicio en que no era política y no le interesaban las elecciones.

“No fue sutil. Fue como si alguien cambiara el interruptor. Fuimos de tener una relación de colaboración a una más contenciosa. Eso es política. La gente tiene el derecho de hacer lo que les place, pero muchos de los conflictos entre la Junta y las Administraciones eran por cosas políticas”, lamentó Biggs.

En su Mensaje de Situación de Estado y Presupuesto, la Primera Ejecutiva trazó una línea entre su gobierno y la JCF, al oponerse a la privatización de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR), al recorte a las pensiones y al exigirle a la entidad financiera más fondos para aprobar un aumento salarial a los empleados públicos, pese a que la JCF ha sido enfática en su interés por achicar el gobierno.

La JCF no es la salvación

Aunque la JCF fue impuesta por el Congreso de los Estados Unidos bajo la premisa de que Puerto Rico no podía resolver su crisis fiscal sin ayuda, Biggs reconoció que el ente no cuenta con poder de controlar, sino supervisar, contrario a las juntas impuestas en Washington D.C. o en Detroit.

Explicó que el Congreso esperaba una relación más colaborativa entre la JCF y el Gobierno de Puerto Rico, y no la “guerra de trincheras” que se ha visto, que incluye discrepancias públicas y demandas en los tribunales.

No obstante, en momentos en que se discuten enmiendas a la ley orgánica del ente en el plano federal, Biggs extendió su preocupación sobre el efecto de la ineficiencia gubernamental.

“Aunque tuviésemos los mismos poderes [que la Junta en Detroit o Washington D.C.], muchos de estos problemas serían difíciles de resolver. Ayudaría, pero lo que me preocupa es que no ha habido mucho progreso en resolver los problemas y siempre hay otras peleas, pero proveer un gobierno eficiente y de calidad no está siendo tratado como la prioridad”, argumentó, a toda vez que reconoció que resolver la deuda de la Isla será un gran logro.

Por ley, la JCF está limitada a manejar el presupuesto y los gastos de la Isla. La analogía más común empleada por Rosselló Nevares era que “ellos daban el tamaño del cuarto, pero el Gobierno de Puerto Rico colocaba los muebles”. De acuerdo a Biggs, en ese entonces le dijeron a Rosselló Nevares que si no implementaba ciertas medidas, Puerto Rico continuaría en la pobreza dentro de 20 años. Al presente, esas cosas no se han hecho.

“La Junta no es una institución democrática, no fuimos elegidos por nadie y sería tonto que eso no te afecte, pero Puerto Rico no se debería sentir como que esto ocurre aquí nada más. Cuando una institución está en bancarrota es común que se tomen pasos extraordinarios para resolverlo, como pasó en D.C. y en Detroit, que les impusieron una Junta de una forma antidemocrática”, señaló Biggs.

Pese a que las palabras de Biggs suenan como una despedida, el profesor desconoce si renunciará al organismo, tal como hicieron el presidente José B. Carrión III, y Carlos García, cuyas salidas serían efectivas en octubre y agosto, respectivamente.

No obstante, la dimisión de compañeros de trabajo y el transcurso de cuatro años desde que se instauró la JCF han instado a Biggs a la reflexión, no solo sobre los logros del grupo, sino los fracasos y las frustraciones latentes.

“La gente de Puerto Rico está bien y no son el problema. Cuando se van de la Isla, triunfan, pero no deberían salir para conseguir trabajo. Es algo en el gobierno que los atrasa”, finalizó.