Tras cumplirse un año de la designación de los siete miembros que conforman la Junta de Control Fiscal, impuesta a Puerto Rico por el Congreso de los Estados Unidos, la información financiera que estos han suministrados y que pudiera revelar conflicto de intereses denunciados previamente, continúa incompleta pese a que la Ley Promesa requiere su publicación.

En ese sentido, varias han sido las organizaciones que han requerido información a la JCF, entretanto el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) lleva una demanda contra el ente ante la negativa de este a compartir información. De igual modo, el colectivo Espacios Abiertos ha remitido, publicamente, la necesidad de conocer la información financiera tanto de José Carrión, como de Carlos García, Ana Matosantos, Arthur González, José González y David A. Skeel. Además de su directora ejecutiva, Natalie Jaresko, quien devenga un salario de más de 600 mil dólares anuales.

'La Junta continúa incumpliendo con la Ley PROMESA. La Sección 109 de la Ley es muy específica sobre el tema ético, los conflictos de intereses y la divulgación de intereses financieros. Dicha disposición aplica a TODOS los miembros de la Junta y a TODOS sus empleados', alega Espacios Abiertos.

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