Mientras la Ley de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en ingles) constituye un Coordinador de Revitalización para la evaluación de proyectos que potencien la infraestructura de la Isla, el recien iniciado proceso podría resultar en un nuevo choque entre la Junta de Control Fiscal y el gobierno local.

'Si el proyecto es compatible con un plan fiscal que el Gobierno ha aprobado, pero el Gobierno dice ‘no lo queremos', entonces vamos a tener que tener una discusión un poquito más interesante. La Ley Promesa dice que en algunos casos la Junta puede dictar que ese proyecto sí se haga por lo que se necesita bajo el Plan Fiscal, pero la Ley es bastante abarcadora y no es muy precisa en ese caso, así que hay que discutirlo', discutió el coordinador de Revitalización,NoelZamot, en una conferencia de prensa.

En la mañana, Zamot oficializó la búsqueda de inversionistas para el desarrollo de 'proyectos críticos' en Puerto Rico bajo los parámetros del Título V de la Ley Promesa. En la plataforma digital, la Junta recibirá y analizará los 'proyectos críticos' y determinará su futuro.

La Ley Promesa parece ambigua en ciertos aspectos. Por un lado, en la sección 503 se establece que el Coordinador de Revitalización, el gobernador de Puerto Rico —Ricardo Rosselló Nevares— y las agencias pertinentes someterán a la Junta un informe sobre cada proyecto particular. Es entonces que el organismo decide si las iniciativas son catalogadas como 'críticas' y cuentan con el aval para su aprobación o son rechazadas.

Sin embargo, la Ley no específica qué sucedería en caso de surgir discrepancias entre el Gobierno y la Junta a la hora de tomar una determinación sobre algún 'proyecto crítico'. Ante la carencia de información en ese renglón, podría interpretarse como si la Junta tuviera la última palabra.

A raíz de la insistencia de la prensa, Zamot insistió en que el ente federal y el Gobierno de Puerto Rico concurren en la definición y en el tipo de proyectos que buscan aprobar.

'Lo que vemos hasta ahora, y esto puede que cambie mañana pero hasta ahora, la Junta y los integrantes del gobierno estamos totalmente de acuerdo de las prioridades, los proyectos, el método que se utiliza para esos proyectos críticos', aseguró.

No sería la primera vez que la Junta y el Gobierno muestren posturas opuestas, pues en su pasada reunión el ente federal aprobó de manera unánime una resolución que implanta la reducción de jornada laboral a empleados públicos. La determinación, supuesta a entrar en vigor desde el 1 de septiembre, provocó disgusto entre los miembros de gabinete del gobernador Rosselló Nevares y no descartaron resolver la disputa en los tribunales.

El planteamiento principal del Gobierno recae en que la sección 205 de la Ley Promesa permite a la Junta someter recomendaciones al gobernador o la legislatura en referencia a las acciones a tomar para cumplir con el Plan Fiscal aprobado. Empero, la Junta no cuenta con el poder de imponer su voluntad, según ha señalado el gobernador Rosselló Nevares en múltiples ocasiones.

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