En una hemorragia de publicaciones hechas hoy, viernes, muchas atrasadas e incompletas, la Junta de Control Fiscal (JCF) reveló que el 26 de mayo pasado, en sesión ejecutiva, aprobaron el procedimiento para realizar las investigaciones que la Ley PROMESA le permite hacer.

Entre las omisiones más llamativas de la información publicada, destaca que las minutas de la Junta son mínimas al punto que sólo se dice en una línea que los miembros de la Junta tuvieron una discusión de los temas pero no se específica qué puntos, propuestas, resoluciones o enmiendas sometió cada miembro ni cómo cada uno votó sobre esos elementos.

La falta de transparencia en la votación también queda enfatizada en lo concerniente a la determinación de someter la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a Título III en la que se dice que la votación fue 4 a 3, pero no se dice cuáles miembros estuvieron en cada bloque de votación. Cuatro miembros de la Junta, Andrew G. Biggs, Arthur J. Gonzalez, Ana J. Matosantos y David Skeel escribieron una columna para el American Enterprise Institute sobre la decisión del cuerpo en el caso de la AEE. Cuando la votación es unánime, la Junta publica la firma de cada miembro, pero cuando no es unánime, no se dice cómo votó cada quien.

En cuanto a los informes financieros divulgados o actualizados en las últimas 24 horas, la organización sin fines de lucro Espacios Abiertos apuntó que todavía no contienen la data de los salarios e ingresos ni el valor de los activos del presidente José B. Carrión III, los miembros Carlos M. García y David Skeel, el representante de gobernador, Elías Sánchez, el subdirector ejecutivo Ramón Ruiz Comas y el asesor legal Jaime A. El Koury. De este mismo grupo, tampoco se conocen los salarios ni valor de los activos de sus cónyuges.

Carrión, el miembro de la Junta, José Ramón González, y la directora ejecutiva, Natalie Jaresko, fueron designados como las firmas autorizadas en la cuenta de la Junta que quedó en el Banco Popular, según otro documento divulgado hoy.

En cuanto al poder investigativo de la Junta, la Sección 104(o) dispone que puede investigar 'las representaciones y prácticas de venta en conexión con la compra de bonos emitidos por (Puerto Rico y sus dependencias) para, o en nombre de, cualquier inversionista, incluyendo cualquier representación deficiente sobre riesgos para esos inversionistas y cualquier relación o conflicto de interés que tuviera asesores, vendedores o agentes de inversiones'.

Para esto, en la sesión ejecutiva, la Junta aprobó un reglamento (que se puede obtener en el enlace abajo), que arma un proceso en el que El Kouryy los abogados que la Junta pueda contratar, van a realizar inicialmente 'investigaciones informales' que pueden traducirse en una recomendación a la Junta para una investigación formal. Esa recomendación se discutirá en sesión ejecutiva, a las que no tiene acceso el representante del Gobernador. De autorizarse la investigación, se podrían requerir documentos mediante citaciones contra actores públicos y privados y se podrían tomar declaraciones bajo juramento. El resultado de este esfuerzo, debatido también en sesiones ejecutivas, podría convertirse en referidos de acción para las autoridades pertinentes en los gobiernos de Estados Unidos y Puerto Rico. También podría tomar la forma de cualquier otra acción que la Junta pueda tomar por ley.

De todo este proceso, solamente los referidos que decida hacer la Junta van a ser públicos, en caso de que decidan realizar referidos. Los documentos recopilados y producidos en las demás etapas investigativas, las citaciones, las transcripciones de testimonio y las discusiones de la Junta, serán 'no públicas', según el documento. La Junta, a su entera discreción, podría decidir publicar otros elementos de la investigación u otros documentos relacionados.

Minutas con proceso investigativo de la Junta de Control Fiscal - NotiCel_26156