Una caja de documentos enviada por el gobierno de Puerto Rico llegó el lunes en la tarde con parte de la información solicitada mediante una demanda por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). A la vez, la administración de Ricardo Rosselló notificó la remoción (removal) del caso al Tribunal Federal como parte de los litigios que se ven bajo el Título III de la Ley PROMESA.

La remoción o removal se refiere a la transferencia de un caso de un tribunal en una jurisdicción estatal o territorial, en este caso la de Puerto Rico, a un tribunal de distrito federal. Este recurso dilata el proceso iniciado el 1 de junio, en el que el CPI demanda a La Fortaleza y el gobernador Ricardo Rosselló por peticiones de información que no han sido atendidas por el Ejecutivo.

El gobierno admitió con esta entrega parcial que sí tenía pero no había divulgado parte de la información solicitada por el CPI.

La teoría que pretende adelantar el gobierno en su notificación es que toda solicitud de información pública que alguien haga y que pueda estar relacionada con las finanzas del gobierno tiene que estar cobijada bajo el caso de quiebra porque es, directa o indirectamente, un intento de impugnar o invalidar el Plan Fiscal. De sostenerse, el gobierno podría obligar a toda persona que pida información de sus finanzas a presentar su reclamo en el procedimiento de quiebra bajo el Título III de PROMESA.

El gobierno ya había removido dos casos de acceso a la información al Tribunal Federal con la demanda de Eduardo Bhatia, en la que el expresidente del Senado solicita el presupuesto sometido por el gobierno a la Junta de Control Fiscal, y la demanda de la senadora Rossana López, que pide divulgar los documentos usados para elaborar el plan fiscal del gobierno. Bhatia solicitó a la jueza Laura Taylor Swain que su caso fuera devuelto (remand) al Tribunal de Primera Instancia en San Juan, pero esta petición no ha sido atendida por la togada.

'El procedimiento de [el tribunal de] Puerto Rico busca una amplia variedad de documentos y comunicaciones intercambiados entre la Oficina del Gobernador y otros organismos de Puerto Rico, por un lado, y la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, por el otro. Estos documentos incluyen, pero no se limitan a, informes financieros y comunicaciones, informes, actualizaciones y otra información intercambiada entre las entidades. En este punto, los litigios sobre la información que condujo a las acciones clave de la Junta, incluyendo la certificación del Plan Fiscal y la presentación de las peticiones del Título III no tienen existencia fuera del caso del Título III de Puerto Rico', alega el Gobierno en su petición de remoción del caso del CPI.

Uno de los abogados del CPI en este caso, el Lic. Luis José Torres Asencio, adelantó sin embargo que: 'Para remover un caso al tribunal federal es necesario demostrar la existencia de jurisdicción federal para entender en el mismo. En este caso, el gobierno está argumentando que existe jurisdicción porque la reclamación surge bajo la Constitución y las leyes de Estados Unidos, lo que se llama jurisdicción ‘arising under' (que surge de). Específicamente, están reclamando que este pleito de acceso a la información surge bajo PROMESA, porque esa ley concede, bajo el Título III, jurisdicción a todos los casos ‘relacionados a' los procedimientos de la quiebra. La teoría que trata de impulsar el gobierno es que como la información solicitada se está discutiendo en el procedimiento ante la jueza Laura Taylor Swain, todas estas demandas están ‘relacionadas a' ese procedimiento'.

Para ver el resto del reportaje así como los documentos entregados por Fortaleza, vea el Centro de Periodismo Investigativo.