Nos sale cara la seguridad de la Junta de Control Fiscal (JCF). Aunque el gobierno paga escolta policiaca permanentemente a dos de sus miembros, y la Policía de Puerto Rico moviliza cientos de sus efectivos para cada reunión o vistas públicas del organismo, la JCF mantiene su propio operativo de seguridad privado a un costo de $45,000.00. El contrato es por seis meses.

Aunque apenas comienzan las manifestaciones y movimientos civiles en contra de los propuestos recortes fiscales, el organismo impuesto por PROMESA contrató en diciembre pasado a la empresa ESC Group, Inc. para ofrecer servicios de seguridad a los miembros de la Junta.

La compañía factura a razón de $7,500.00 mensuales, más todos los reembolsos de gastos adicionales por un término de seis meses para coordinar, entre otras cosas, la seguridad que ofrecerá la Policía de Puerto Rico.

Este dinero es adicional al costo de las escoltas asignadas al presidente de la JCF, José B. Carrión III y al representante del gobernador ante la junta, Elías Sánchez.

Carrión III tiene asignada una escolta policíaca que le acompaña las 24 horas del día. Está compuesta por doce oficiales divididos en tres turnos. Dos vehículos negros (Tahoe) pernoctan frente al edificio donde reside en San Juan, confirmaron varias fuentes de NotiCel.

Este diario digital ha constatado que los trabajos de seguridad de Carrión III se extienden hasta llevarlo con su esposa, ambos en ropas casuales, a comprar comida y abastos en el colmado, una práctica que se le ha criticado a los servicios pagados con fondos públicos para jueces, legisladores y jefes de agencia.

La decisión de asignar escolta al presidente de la JCF se tomó el pasado año, tras una protesta realizada en el edificio de su compañía en Hato Rey, explicó la superintendente de la policía, Michelle Hernández.

Al cierre de esta edición no se explicó la razón por la cual se asignó escolta a Sánchez ni el costo total de la seguridad que se le ofrece a la JCF. No obstante entre enero y marzo de 2017 el gobierno ha gastado $3.3 millones en escoltas a 11 funcionarios, según cifras oficiales de la Policía de Puerto Rico.

'Eso lo pidió el pasado gobernador… basado en lo que sucedió el año pasado (cuando) manifestantes entraron en el edificio (de MCS donde Carrión tiene oficinas de la compañía Bay Boston). De ahí la administración pasada tomó la decisión de que estuviera protegido', explicó Hernández.

La superintendente aseguró que la Policía solo ofrece servicios de seguridad a la JCF cuando hay reuniones públicas para atender el tránsito, manifestaciones y la seguridad de los invitados. Una fuente aseguró a NotiCel que también se ofrece escolta a los miembros de la JCF cuando están en Puerto Rico.

De acuerdo al contrato con ESC Group, la empresa creada por el ex agente federal Roberto Escobar Vargas tiene la responsabilidad de ofrecer servicios de seguridad a la junta que incluye servir como enlace con la Policía de Puerto Rico para la seguridad de los miembros de la Junta; así como con las autoridades federales cuando estos acudan a facilidades del gobierno de EEUU.ESC Group Inc. deberá además 'trabajar con la comunidad de inteligencia' para recolectar toda información necesaria para que las reuniones en Puerto Rico de la Junta Fiscal sean 'seguras y sin incidentes'.

ESC Group, Inces una corporación de investigación y consultoría en seguridad creada con el objetivo de proveer servicios de seguridad, educación, adiestramiento, investigación y protección ejecutiva en seguridad.

Según su página en internet,ESC Group ofrece adiestramiento en defensa táctica con armas largas y cortas; uso de gas pimienta y roten; uso y manejo de pistolas 'taser', técnicas de arresto y defensa personal; respuesta integrada al evento de un tirador activo (IRASE); entre otros.

La compañía fue creada en el 2012; pero no aparece incorporada en el Departamento de Estado hasta el 30 de junio de 2015 por el agente federal retirado Roberto Vargas Escobar. Como parte de la empresa figura además como asesor en seguridad el exsuperintendente asociado de la policía bajo administración de Luis Fortuño, José Luis Rivera.

Escobar Vargas figura como presidente y CEO de la empresa. Es investigador privado con 38 años de experiencia en el campo de la seguridad. En 2012 fue el agente especial a cargo del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos e Investigaciones de Seguridad Nacional (ICE/HSI).

Fue jefe de los alguaciles federales, oficial de corrección y policía municipal y en 1988 fue parte del equipo de operaciones de secuestro en el operativo de arresto en Honduras del narcotraficante Juan Ramón Matta-Ballesteros vinculado al asesinato en 1985 del agente de la DEA, Enrique Camarena.

Pero no solo son los contratos. La elección de las oficinas de la JCF en el World Plaza de Hato Rey se puede sumar a este operativo de seguridad para los miembros y el equipo de trabajo del organismo debido a la extrema vigilancia que tiene ya que alberga las oficinas de la Administración de Tribunales y el Tribunal Apelativo.

Contrato de seguridad de la Junta de Control Fiscal - NotiCel_24417