Washington DC - Al finalizar la vista en el Congreso el miercoles que exploraba la implementación de la ley PROMESA para atender la crisis fiscal en Puerto Rico, el presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF) que la ley estableció para imponer disciplina en las finanzas de la isla llamó a su junta 'una criatura del Congreso'.

Y como cualquier criatura, el Congreso cuestionó cómo impartía esa disciplina.

Seguido al testimonio del gobernador Ricardo Rosselló ante la subcomisión de Asuntos Indígenas, Insulares, y de los Nativos de Alaska, reclamando una renegociación del acuerdo ya negociado que recortaba el 15 por ciento de la deuda de $9 mil millones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), los congresistas pasaron a escuchar a los acreedores que deseaban que el acuerdo procediera.

Pero enfilaron también sus cañones a la JCF y al gobernador para que rindieran cuenta sobre cómo el plan fiscal aprobado hace dos semanas afectará a los residentes puertorriqueños y a los acreedores quienes les prestaron $70 mil millones al gobierno a través de los años.

Para seguir el plan fiscal, gran parte de los acreedores tendrían que aceptar un recorte de 77 por ciento de su inversión, lo cual hizo que el representante Darin LaHood de Illinois cuestionara el impacto que esto tendría en los mercados de bonos municipales.

El representante LaHood parecía reflejar el sentir de los republicanos conservadores que exitosamente incluyeron en PROMESA estipulaciones que determinaban que se respetarían las 'prioridades por ley' al lidiar con la crisis fiscal. Expresó que la Constitución de Puerto Rico – y por consiguiente PROMESA -- dicta que cuando no hay recursos suficientes disponibles, 'la deuda constitucional se pagará primero.'

'Cuando se certificó este plan por la Junta, parece que trata la deuda constitucional como el último gasto a pagarse,' sostuvo LaHood en preguntas a miembros de la Junta que atestiguaron el miércoles. 'Cómo puede la Junta de Supervisión Fiscal certificar un plan si viola la Sección 201b de PROMESA?'

Ana Matosantos, miembro de la Junta, afirmó que el plan cumple con los parámetros establecidos por PROMESA y la ley fija prioridades bien claras.

'(El plan) requiere un sacrificio significativo de un grupo amplio de personas involucradas, incluyendo acreedores, y es un plan que persigue el balance estructural. El acceso a los mercados de bonos municipales es algo que lograríamos a largo plazo, pero la primera prioridad es reestructurar la deuda a un nivel sostenible and utilizar todas las herramientas contenidas en PROMESA para balancear el presupuesto, restaurar el crecimiento económico, pagar por servicios esenciales, pensiones, servicios de la deuda y otras obligaciones,' explicó Matosantos.

Parte de los ahorros logrados en el plan fiscal incluyen una reducción del 10 por ciento en las pensiones y, de no lograrse recortes en otros renglones, una reducción de un 20 por ciento de las labores y los salarios de empleados públicos y la eliminación el bono de Navidad. También contempla una reducción de $300 millones en gastos en servicios de salud.

Las críticas al plan surgieron también de los demócratas un poco sospechosos de reformas laborales, esfuerzos por reestructurar las agencias de gobierno, y las alianzas público-privadas que les huelen a la privatización de servicios gubernamentales.

La representante Norma Torres, la demócrata de más rango en el subcomité, explicó que votó en contra de PROMESA porque no contenía apoyo suficiente por parte del gobierno local y federal para desarrollar la economía como una manera más permanente de resolver la crisis fiscal. Para ella, poco ha cambiado.

'Me preocupa que nada en el plan fiscal va a llevarnos al desarrollo económico necesario y puede resultar en una contracción de la economía puertorriqueña y no tienen las herramientas necesarias para prevenir la reducción continua de la población en la isla,' sostuvo Torres.

Añadió el representante Raúl Grijalva de Arizona citó a varios sindicatos del país para criticar el plan.

'El plan adopta medidas de austeridad que cortan servicios, cortan pensiones y crean aun más dificultades económicas para los puertorriqueños. Los ganadores son los inversionistas ricos que se beneficiarán de la privatización en masa de los servicios que quedan,' expresó Grijalva.

Pero el gobernador Ricardo Rosselló ripostó en la sesión de preguntas que hacía falta reestructurar el gobierno, reducir en número las 131 agencias gubernamentales y asumir más control sobre los gastos públicos que resultaban en déficits constantes. Y expresó que lo está logrando sin cesantear empleados públicos.

'Tenemos un gobierno responsable que realmente está reduciendo los gastos, pero aprovechando la oportunidad de lograr tener un gobierno más efectivo que lo que hemos tenido en el pasado,' afirmó enérgicamente Rosselló.

Matosanto aclaró que a pesar de la reducción que propuso el gobernador Rosselló en el plan de $300 millones en el costo de servicios de salud, el lograr reemplazar los $1.3 millones que se perderán en fondos de Medicaid en la reforma de salud discutiéndose en el Congreso en estos momentos apremia. Perder esos fondos, aclaró, le añadiría $1 mil millón al déficit anual y haría mucho más difícil cumplir con las proyecciones del plan.

El gobierno y los 13 grupos de acreedores tienen hasta el 1 de mayo para llegar a acuerdos voluntarios. De no lograrse, la Junta podría aprobar una reestructuración forzosa en los tribunales de parte o toda la deuda pública, algo que los congresistas republicanos en la Comisión querían evitar a toda costa.

Rosselló, apoyado por la Junta, busca lograr esos acuerdos en las seis semanas que quedan. Pero algunos demócratas se mostraron más impacientes, afirmando que hablar de acuerdos a estas alturas en una crisis tan grande es irrealista. Le reclamaron a Rosselló y a la Junta por qué dilataban en aplicar el Título VI de PROMESA y recurrir a la reestructuración forzosa.

'El 1 de mayo. Sigue corriendo el reloj. La gente de Puerto Rico están sufriendo y necesitamos reestructurar la deuda pública ya de unan manera en que se pueda tener la liquidez para poder proveer servicios a los niños y a la gente de Puerto Rico,' afirmó enérgicamente al representante Velázquez.

Rosselló insistía en ir por la vía de acuerdos voluntarios primero antes de acudir a los tribunales para asegurar la reestructuración de la deuda.

'Yo fui electo en esa plataforma, para renegociar,' le ripostó el gobernador a Velázquez. 'Eso fue lo que me eligieron para hacer y eso es lo que voy a hacer.'