La camaradería imperó en el salón de negocios del hotel El Conquistador en Fajardo ese viernes. Por el lujoso recinto paseaban los elegidos para estar en la primera reunión en Puerto Rico de la Junta de Control Fiscal.

De una lista de 72 asistentes seleccionados por la Junta, 69 eran miembros del sector empresarial, representado por la industria de la construcción, la tecnología, las farmacéuticas, los hospitales, las finanzas, la banca, la abogacía y la ingeniería. Había también ex funcionarios de gobierno, según una lista oficial provista al Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

Edward Zayas, relacionista de la Junta, dijo al CPI que el público era uno diverso y con amplia representación del Tercer Sector, es decir, las organizaciones sin fines de lucro. Pero de la lista de asistentes, apenas un puñado pertenecen a ese sector, como Eric LeCompte, director ejecutivo de Jubilee USA, una organización de base cristiana que cabildeó en el Congreso a favor de PROMESA, y la abogada Anitza Urquía Arán, fundadora de la corporación sin fines de lucro Centro Teras, que ofrece servicios de pediatría.

A uno de los paneles fue invitado Nelson Colón, presidente de Fundación Comunitaria, quien recibió la invitación el martes, para ser contestada al día siguiente.

'Ese tiempo no permitía hacer una presentación adecuada del Tercer Sector, en tan poco tiempo no se puede atender un tema de tal envergadura. Nos dieron cinco minutos para hacer una presentación sobre el tercer sector y para reaccionar al plan fiscal, eso no parece una opción democrática', dijo Colón al CPI.

'La ley PROMESA y el plan fiscal dice poco sobre desarrollo económico comunitario, es silente sobre (ese tema), cuando el 60% (de la población) está bajo ese renglón donde se ubica la economía comunitaria, porque el 60% de la población está bajo el nivel de pobreza. Por eso, cinco minutos no daban para presentar a este sector como ente de desarrollo económico. El mensaje de la Junta está claro, ‘que la gente de Puerto Rico breguen con lo que tienen'. Pero esto puede ser una oportunidad para fortalecernos. Nosotros estaremos impulsando el desarrollo de la infraestructura económica comunitaria, que incluye la actividad emprendedora de la juventud y de las artes', dijo el presidente de Fundación Comunitaria.

Roberto Pagán, presidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, fue también invitado a la reunión, mediante llamadas telefónicas de dos miembros de la Junta, Carlos García y Ana Matosantos. Pero Pagán tampoco asistió, debido también a que el poco tiempo no le permitiría reaccionar de forma adecuada, ni siquiera por escrito, al plan fiscal. Pagán también dijo que por el momento el sindicato que dirige no se plantea comparecer a las reuniones y que han participado afuera, en las manifestaciones en contra de la Junta.

'PROMESA y la Junta son una imposición de parte de un cuerpo (el Congreso) que no es electo por el pueblo. Nos preocupa el texto de la ley PROMESA y lo que propone la Junta de imponer austeridad y pagar una deuda que no ha sido auditada. Es bien fácil desde un hotel de cinco estrellas, decir que los sectores que ya han sufrido por medidas de austeridad son los primeros en la fila para seguir padeciendo por la crisis económica y fiscal. Es importante que todos los sectores queden en récord sobre las posturas que tengan (sobre la PROMESA y la Junta), pero por el momento nuestra expresión será pública o por escrito, no presencial', dijo Pagán al CPI.

Entre los asistentes seleccionados por la Junta se destacaba Miguel Ferrer, presidente de la junta del conglomerado mediático Latin Media House y ex jefe de UBS financial Services Puerto Rico, una de las firmas que ha fungido como administradora de gran parte de las más recientes emisiones de deuda del gobierno de Puerto Rico y que tiene multas por fraude de parte de la Comisión de Intercambio y Valores de los Estados Unidos (SEC).

Ferrer sostuvo intercambios efusivos con Jorge Irizarry Herranz, quien participó en un panel de testimonios como presidente de la organización Bonistas del Patio. Irizarry fue presidente del Banco Gubernamental de Fomento y presidente de la Junta de Síndicos de la Administración de Sistemas de Retiro (ASR) entre 2005 y 2008. Entre 2013 a 2015, trabajó para Morgan Stanley, uno de los bancos que fungió como administrador de la emisión de bonos chatarra de 2014 que ahora está bajo investigación por parte de la SEC.

Antes de subir a la tarima para representar en silencio al gobernador, el secretario de Estado y director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera Víctor Suárez, conversaba con Héctor Mayol Kauffmann, ex administrador de los Sistemas de Retiro, nombrado al puesto por Carlos García, actual integrante de la Junta de Control Fiscal, durante la administración del exgobernador Luis Fortuño. Kauffmann tuvo a su cargo la implantación de la Ley 3 de 2013 que cortó beneficios a los retirados.

En la lista de asistentes estaba también Eduardo 'Tito' Laureano, que fue asesor del ex senador del Partido Nuevo Progresista Jorge de Castro Font, quien fue convicto por corrupción. Carlos Pesquera, ex candidato a la comisaría residente de Washington, se paseó por el salón. También estaba Edward Calvesbert, ex presidente de la Junta de Directores y actual secretario del Centro de Investigación y Política Pública, una organización que fomenta la transparencia gubernamental y que maneja la página abrepr.org. Calvesbert también trabajó para V2V Capital, compañía contratada por el Banco Gubernamental de Fomento para la elaboración del 'plan de ajuste fiscal y económico' de cinco años de la administración García Padilla. Ahora Calvesbert es miembro del Comité técnico del Comité de transición del gobernador electo Ricardo Rosselló.

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