En el radar ejecutivo están tres jueces del Tribunal de Apelaciones.

En medio del periodo estival, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia -junto a su equipo de trabajo- evalúa potenciales candidatos y candidatas para ocupar la vacante en el Tribunal Supremo.

Ese curul permanece vacío desde que la ahora exjueza asociada Anabelle Rodríguez Rodríguez se acogió al retiro obligatorio al cumplir los 70 años el pasado 24 de diciembre. La partida de Rodríguez Rodríguez, vinculada al ala del Partido Popular Democrático (PPD) de la curia, desató una lucha interna entre la pasada gobernadora Wanda Vázquez Garced y el entonces presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quien en algún momento codició la idea ocupar ese puesto.

Debido a esa pelea interna en el Partido Nuevo Progresista (PNP), la novena silla del Supremo permanece desierta. Ahora, pese a los retos de nombrar a una persona en tiempos del gobierno plural, Pierluisi Urrutia informó a su círculo cercano su intención de realizar la designación al máximo foro judicial luego de nombrar al designado secretario de Estado, Omar Marrero Díaz, el lunes pasado. Por eso, estudia una terna de candidatos.

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Fuentes de NotiCel indicaron que en el radar del Primer Ejecutivo se encuentran tres jueces del Apelativo: Roberto Rodríguez Casillas, Ivelisse Domínguez Irizarry y Ángel Pagán Ocasio.

Nacido en la Sultana del Oeste, Rodríguez Casillas estudió administración comercial en la Universidad Interamericana. Luego obtuvo un grado de juris doctor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR). También tiene una maestría en justicia criminal de la Universidad Interamericana y se encuentra en las postrimerías del doctorado en derecho penal de la Universidad Complutense de Madrid.

Un amante del arte y el derecho, tiene una segunda maestría en escritura creativa. Es sommelier y profesor universitario. En su tránsito por la judicatura, laboró como oficial jurídico de la exjueza del Tribunal de Apelaciones, Ygrí Rivera Sánchez. El exgobernador Pedro Rosselló González lo nombró juez municipal y luego la exgobernadora Sila María Calderón Serra lo nombró juez superior.

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Rodríguez Casillas estaba en la carrera para el Supremo cuando los jueces penepés solicitaran un aumento en las plazas por la gran de cantidad de casos paralizados, pero el entonces presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, descarriló el nombramiento porque impulsaba la designación del ahora juez asociado Luis Estrella Martínez. El gobernador Luis Fortuño Burset entonces lo nombró al Apelativo.

Conocido por su talante perseverante, que lo llevó a superar los diagnósticos de los médicos tras sufrir un accidente en su adolescencia que lo dejó cuadrapléjico, demandó a la Escuela de Derecho de la UPR por la falta de barreras arquitectónicas en la institución.

Rodríguez Casillas también presidió el panel de jueces del Apelativo, que revocó la sentencia que descalificaba a Ricardo Rosselló Nevares como delegado congresional.

La jueza Domínguez Irizarry ocupaba el cargo de fiscal general cuando Fortuño Burset la nombró al Tribunal de Apelaciones en medio de especulaciones de que ocuparía la jefatura del Departamento de Justicia, tras la renuncia de Antonio Sagardía de Jesús. El gobernador, sin embargo, nombró a Guillermo Somoza Colombani como secretario de Justicia.

Hija del juez federal Daniel Domínguez, estudió en la Universidad del Sagrado Corazón y obtuvo un juris doctor en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. Después, completó una maestría en crimen de cuello blanco y derecho laboral en la Universidad de Georgetown University, en Washington D.C.

El gobernador Rosselló González la nombró como fiscal del Departamento de Justicia, donde estuvo destacada en la Fiscalía de Aibonito. En la agencia, también ocupó el puesto de directora de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y la Oficina de Asuntos del Contralor. Entonces, Fortuño Burset la nombró al Apelativo en el 2010.

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Original de Arecibo, el juez Pagán Ocasio estudió economía en la UPR. En el 1994, obtuvo un grado de juris doctor de la Escuela de Derecho de la UPR. Allí fue redactor de la Revista Jurídica. Fue oficial jurídico en derecho ambiental de la firma Enviromental Management Consultants y oficial jurídico del Bufete Arbona. También laboró como oficial Jurídico en la sala de asuntos de lo civil del Tribunal de San Juan antes moverse a la práctica privada como abogado notario en el Bufete Corretjer Piquer. Antes de que el gobernador Rosselló González lo nombrara juez municipal trabajó en la Oficina de Ética Gubernamental.

En el 2019, la gobernadora Vázquez Garced lo nombró en ascenso al Tribunal de Apelaciones.