A pesar de promesas y relaciones públicas, Justicia y Tribunales siguen encubriendo lo relacionado al caso Ruiz Costas
Jueza sacó de sala a periodistas en vista sobre acceso a grabaciones de víctima de violencia doméstica y el Departamento de Justicia se negó a que se le entregaran al abogado del acusado.
En una vista citada de un día para otro para discutir una solicitud de acceso a grabaciones como parte de la vista preliminar del asesino confeso de Andrea Ruiz Costas, el Juez Administrador de Caguas ordenó el cierre de los procesos a la prensa y al público y el Departamento de Justicia dijo que se oponía a la entrega.
El evento ocurrió el viernes, al final de la misma semana en la que la familia de Ruiz Costas llevó hasta las puertas del Tribunal Supremo la reanudación de su reclamo para que se publiquen las grabaciones de las dos veces en que la mujer acudió en vano al tribunal para pedir protección de su agresor. Esa actividad culminó con la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, reuniéndose con la familia inmediata de Ruiz Costas para prometerles apertura y comunicación directa.
Pero ayer Oronoz Rodríguez no contestó solicitudes para explicar el proceder de la jueza María Rojas Delgado quien, por instrucciones del juez administrador, Ricardo Marrero Guerrero, se rehusó a iniciar la vista, a grabar los procesos y ni siquiera a permitirle al abogado de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) a argumentar para el récord en contra del cierre de los procesos. Todo en violación a precedentes del Tribunal Supremo federal que establecen que en Puerto Rico la vista preliminar, y sus procesos relacionados, son públicos así como que, para cerrar un proceso judicial público, hay que permitir que el público o la prensa presente argumenten al tribunal y permitirle pedir revisión de la determinación de cierre.
La familia de Ruiz Costas tampoco había sido notificada de la vista, a pesar de las promesas de Oronoz Rodríguez y de que el propio Departamento de Justicia se supone que los mantenga al tanto a través de su Oficina de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delitos.
De hecho, según el licenciado Rubén A. Parrilla Rodríguez, representante del asesino confeso Miguel Ocasio Santiago, en la vista los representantes de Justicia se opusieron a la entrega de las grabaciones, en un contraste marcado con declaraciones del secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, quien ha dicho que las grabaciones de esas vistas son públicas y que no las entrega a la prensa porque el tribunal las había colocado bajo una orden protectora que el Tribunal Supremo refrendó en seis ocasiones. Ayer, Emanuelli se limitó a decir que “la opinión oficial del Departamento de Justicia será provista el lunes, según dispuesto por el Tribunal”, en referencia al plazo que concedió la jueza Rojas Delgado al Procurador General. La vista sigue el miércoles próximo.
Parrilla Rodríguez confirmó que las trabas para obtener las grabaciones de procesos de violencia doméstica como parte de la preparación de la defensa cuando el supuesto agresor es acusado delito comenzaron con el caso de Ruiz Costas. “En mi experiencia, como norma general y antes de que sucedieran los eventos de los últimos meses, se entregaban las regrabaciones, como norma general”, enfatizó. “Les adelanto que aquí van a surgir muchos planteamientos nuevos, muchas situaciones y muchos issues nuevos que se van a estar dilucidando a través de todo este proceso”, dijo.
La vista no estuvo en el calendario público del tribunal de Caguas pero la prensa conoció del señalamiento y se presentó al lugar logrando acceso a la sala Rafelli González Cotto, vocal de la ASPPRO, y Edgar Villanueva Rivera, abogado de la entidad. Según relataron ambos, al percatarse de su presencia la jueza indicó que no podían estar en sala, que no comenzaría el proceso en su presencia y que no abriría récord (comenzaría la grabación oficial) hasta que salieran. Se rehusó también a hacer una determinación formal de expulsarlos. “No nos dejaron estar ahí, punto, nos sacaron”, dijo Villanueva Rivera.
Al pedírsele explicación, el alguacil regional Carlos Delgado indicó que, de ordinario, hay acceso del público a la sala especializada que preside Rojas Delgado, pero que el personal estaba respondiendo a una determinación del juez Marrero Guerrero que se había emitido después de que la jueza se percató de la presencia en sala de los representantes de la ASPPRO. No hay ningún estatuto o regla del tribunal que clasifique de confidencial los procesos en las salas especializadas de violencia doméstica, pero se reconoce discreción a los jueces para controlar la presencia del público en función de los hechos del caso y la protección de la víctima. En la vista de ayer, solo estaban los abogados de Justicia y el del acusado, ya que la víctima está muerta.
Los abogados de Justicia no estuvieron disponibles al terminar la vista y fue el licenciado Parrilla Rodríguez, adscrito a la Sociedad de Asistencia Legal, quien informó a los medios sobre lo acontecido. “Ellos (Justicia) se opusieron a que se entregara la regrabación de la regla 6 y van a poner por escrito la posición del Departamento de Justicia, su posición sobre la orden de protección”, indicó al añadir que “la juez está en la mejor disposición de resolver el miércoles”.
“Son testimonios anteriores de la perjudicada que entendemos que la defensa tienen derecho a tener”, planteó al explicar su solicitud, lo cual trae a la controversia también el derecho constitucional de los acusados a tener una representación adecuada.
“El issue de libertad de expresión es un issue diferente al issue de tener las herramientas y los elementos necesarios para preparar a un acusado par atender un asunto como este, tan serio, que conlleva unas penas tan elevadas, las penas más altas que tienen los delitos en Puerto Rico, por lo que yo no quisiera entrar a dirimir la controversia de libertad de expresión y la defensa de mi cliente… ustedes hacen su trabajo, nosotros hacemos el nuestro”, explicó para diferenciar el carácter de los dos reclamos que se hacen sobre la entrega de las grabaciones: el del público y la prensa, y el suyo como abogado.
El cuerpo quemado de Ruiz Costas apareció en un paraje de Cayey el jueves 29 de abril y el 1 de mayo NotiCel reveló que la mujer había intentado obtener una orden de protección contra su agresor poco más de un mes antes, pero no le fue concedida. Oronoz Rodríguez recibió el 3 de mayo una solicitud para entregar las grabaciones de ese proceso y de una vista de causa para arresto por violencia doméstica que se había celebrado contra Ocasio Santiago, pero no contestó. El 4 de mayo, Marrero Guerrero emitió una orden de protección que prohibía la divulgación de las grabaciones. NotiCel publicó la grabación, solo de audio, de la vista de causa para arresto, pero no ha ocurrido acceso a otras dos grabaciones ni al video de ninguna de las tres.
El 7 de junio, la familia de Ruiz Costas presentó una queja ética contra la jueza Ingrid Alvarado Rodríguez, quien presidió la vista de causa para arresto, y contra la jueza Sonya Nieves Cordero, quien presidió la vista de orden de protección.
Vea:
Conspiración de silencio en el Poder Judicial sobre el manejo del caso Andrea Ruiz Costas