Según información del financiamiento a la cual NotiCel tuvo acceso.

El financiamiento del cotizado BMW M4 GTS, que se le entregó al esposo de la gobernadora Wanda Vázquez Garced el día antes de que se iniciara el toque de queda, se completó en mayo, por lo que el Juez de Primera Instancia Jorge L. Díaz Reverón tuvo el vehículo en su posesión, sin pagarlo, por unos dos meses.

Según información a la cual NotiCel tuvo acceso, el financiamiento del vehículo se realizó con el Banco Popular. El historial corrobora que las transacciones no se realizaron en marzo ni en abril, sino entre mediados de mayo y junio, por un precio cercano a los $100,000.

La entrega del carro, del cual solo 300 unidades estaban disponibles en el mercado de Estados Unidos, ocurrió en el complejo Bahía Beach Resort & Golf Club en Río Grande, dos días después de que la Gobernadora decretara un estado de emergencia por el COVID-19, y el día antes (un sábado) de que decretara un toque de queda con orden de encierro en un mensaje que emitió desde La Fortaleza en horas de la mañana. Por virtud del encierro, los bancos no estuvieron disponibles para tramitar financiamientos hasta el 4 de mayo.

La transacción con V Garage LLC y el vendedor Vicente Vázquez incluyó un “trade-in” en el que el juez entregó al concesionario un modelo BMW M4 de 2015 para que se le entregara el M4 GTS 2016. Este modelo, M4 GTS, no existía antes de 2016, por lo cual no es correcta la aseveración del jefe de campaña de la gobernadora, Jorge Dávila, ni el secretario de Asuntos Públicos, Osvaldo Soto, a los efectos de que la transacción no implicaba financiamiento porque era la entrega de un vehículo del mismo modelo por otro del mismo modelo. La fuente que proveyó los datos de la transacción no autorizó a publicar detalles específicos de la misma.

Vea: Entregó lujoso BMW a esposo de la Gobernadora y luego se reunió con ella para cabildear

La corroboración de que Díaz Reverón tuvo uso y disfrute del vehículo por unos dos meses sin pagarlo puede traer consecuencias, por lo menos en el campo de la ética judicial y de abogado.

También porque no se ha aclarado cómo fue que el vendedor Vázquez llegó a reunirse con la Gobernadora después de entregar el vehículo a Díaz Reverón y sin ser parte de una de las dos organizaciones que estaban representando a la industria automotriz en las conversaciones sobre flexibilización del toque de queda. Además, la transacción se coloca en una línea de casos judiciales de índole financiera (hipotecaria, por préstamo, por financiamiento de vehículos y por cuotas de mantenimiento residencial) que ha protagonizado Díaz Reverón solo, o en combinación con Vázquez Garced, que cubren desde 1991 hasta 2011.

Lee más: Tratos especiales en transacción de BMW pueden traer consecuencias éticas para el juez

En 2009 ambos tuvieron cambios de status laboral, y de compensación, notables cuando el exgobernador Luis Fortuño lo nombró a él a la judicatura y a ella a la Procuradoría de la Mujer.

NotiCel solicitó el 2 de julio al Tribunal Supremo que provea acceso a los informes de divulgación financiera que ha sometido el juez Díaz Reverón desde su nombramiento al presente, pero no se ha recibido respuesta del Alto Foro.

En la jurisprudencia de sanciones éticas del Supremo obra un caso en el que una jueza usó un apartamento de playa durante cinco meses “sin realizar pago alguno por su uso y disfrute”.

Esto, unido a otras querellas en su contra, llevó al Supremo a concluir que “los hechos que encontramos probados… usualmente serían suficientes para destituir a un juez de su puesto” pero, como la licenciada había renunciado a la judicatura, le impusieron una suspensión de seis meses de su licencia como abogada.

Casi cuatro meses después de la entrega del vehículo, y dos meses después de que se discutiera públicamente por primera vez, La Fortaleza ni el juez Díaz Reverón han mostrado los documentos que corroborarían cómo ocurrió la transacción y tras la cual se le dio una cita con la Gobernadora al vendedor del vehículo para cabildear por tres solicitudes de acción ejecutiva y legislativa que ese grupo entendía beneficiaría al sector de los concesionarios de autos.

Los documentos bancarios del financiamiento no obran en un registro público y el Banco Popular ya había rehusado dar detalles por tratarse de la confidencialidad de un cliente, por lo que solo Díaz Reverón o La Fortaleza pueden divulgar libremente la información. El juez ya ha contestado una solicitud de NotiCel indicando que no hará expresiones sobre la transacción.

Historial de demandas por transacciones financieras

Los archivos de la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) guardan cuatro expedientes de casos en los que se demanda a Díaz Reverón, solo o en combinación con Vázquez Garced, por controversias financieras.

En el 1991, Citibank demandó a Díaz Reverón y a Nilsa Silvestri, esta última como “parte interesada”, por un carro que se había dejado de pagar, por lo que el banco buscaba embargarlo. Según el expediente, se trató de un Nissan 240SX del año 1989 con costo inicial de $22,950 y Díaz Reverón había dejado de pagar tres meses. Silvestri, por su parte, “adquirió el vehículo del demandado y (tenía) la posesión en violación a contrato de arrendamiento”. El tribunal ordenó el embargo sin que se registrara comparecencia del demandado.

Luego, en el 2003 y siendo fiscal Díaz Reverón, la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado (AEELA) lo demandó porque adeudaba $1,463.26 de un préstamo de $18,475 que había adquirido con la asociación. Díaz Reverón volvió a incomparecer a una vista judicial para dilucidar el reclamo y, aunque no se aceptó la solicitud de anotación de rebeldía de AEELA, el caso se resolvió a favor de la asociación y se ordenó el pago.

El expediente consigna que todavía para el 2008 no se había podido cobrar la deuda y en ese año se supone que Díaz Reverón asistiera a una reunión en AEELA para discutir la ejecución de la sentencia (que fue emitida en 2004), pero no lo hizo. AEELA volvió a recurrir al tribunal y se le concedió el anotar la sentencia en el Registro de la Propiedad como mecanismo de cobro en 2009.

La residencia matrimonial en Ciudad Jardín de Gurabo Resort & Country Club fue el objeto de los próximos dos pleitos que obran en los archivos y que incluyeron a Vázquez Garced.

Vea: Gobernadora sobre controversia del BMW: "Estoy muy triste"

En 2007, la desaparecida Doral Financial Corp. demandó a la pareja por ejecución de hipoteca al incumplir el pagaré del financiamiento de la residencia por $497,250. En esa ocasión, al matrimonio lo representó el licenciado Edgar Vega Pabón, cuya hermana sirvió bajo Vázquez Garced cuando era secretaria de Justicia.

Ocho meses después de la demanda, el 31 de agosto de 2007, se registró una estipulación en la que los demandados reconocieron una deuda total acumulada de $540,664.92, así como que aceptaron pagar $27,200 junto con la estipulación y 12 pagos de $3,425.91 para atender los atrasos.

Curiosamente, a pesar de tener representación legal, el documento de estipulación está acompañado de una hoja en la que los demandados, de su puño y letra y con su firma, aclaran que “están casados bajo el régimen de capitulaciones matrimoniales”. “El hecho de firmar la estipulación no significa una renuncia a tal régimen económico y mucho menos un reconocimiento a tal situación matrimonial… los documentos de certificación matrimonial fueron sometidos al momento del cierre hipotecario”, añaden.

La demanda más reciente en tiempo es la que les sometió la Asociación de Residentes Ciudad Jardín I en marzo de 2010 por atraso en el pago de cuotas de mantenimiento. No dice la cantidad de mensualidades adeudada, pero indica que el total es $18,541.61 y que se acumulan mensualmente a razón de $250 por mantenimiento, $15 por penalidad y 1.5% de interés.

Al matrimonio se le anotó rebeldía por no comparecer, pero luego el abogado de la asociación aclaró al tribunal que la incomparecencia fue un error suyo porque hubo un acuerdo extrajudicial que resolvió la controversia pero el abogado no lo había notificado a la corte. El tribunal eliminó la anotación de rebeldía contra el matrimonio y cerró el caso a principios de 2011.