El licenciado y analista Carlos Díaz Olivo solicitó al Tribunal Supremo la reconsideración de la resolución que ese foro emitió amonestándolo eticamente. Los fundamentos para la reconsideración resaltan las violaciones al debido proceso de ley que el tambien profesor entiende que el Alto Foro cometió en el manejo de la queja en su contra.

La moción fue sometida ayer, despues de que el miercoles ocurriera en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana el foro '¿Ética... o censura judicial?', en el que se establecieron los peligros que representa la actuación del Supremo en este caso para los abogados en general y su derecho a la libertad de expresión.

El 5 de noviembre pasado, una mayoría simple de jueces del Supremo ordenó el archivo de una queja que el juez Raphael G. Rojas Fernández, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, presentó contra el abogado por entender que había hecho expresiones de crítica a los trabajos del tribunal que violentaban los cánones de etica.

Vea: Las palabras con las que Díaz Olivo marchitó a unos jueces

Aunque archivó la queja, el Supremo lo hizo mediante una Resolución en la que discutieron los meritos de las alegaciones y lo amonestaron advirtiendole que podrían tomar acciones más severas, inclusive quitándole su título, 'de repetirse este tipo de actuación'.

En su moción de reconsideración, Díaz Olivo destaca cómo el tribunal condujo un 'proceso (disciplinario) recortado, distanciado de las normas ordinarias y sin las debidas garantías que impone el debido proceso de ley'. Los jueces actuaron sin tener ante sí un informe del Procurador General o de un Comisionado Especial y sin que a Díaz Olivo se le permitiera conocer y confrontar toda la prueba que se tomó en cuenta en su contra.

Incluso, hay supuestas expresiones de Díaz Olivo en la Resolución del Supremo que no se encuentran en la queja que remitió Rojas y hay otras expresiones que Rojas presentó como que pertenecen a Díaz Olivo, pero el abogado asegura que no están en los escritos que sometió al tribunal. 'Tales calificativos y el lenguaje inflamatorio y alejado de la realidad fáctica acontecida, fueron conclusiones del juez Rojas y no del abogado a quien se refería', dice la moción.

'[N]o es compatible con la libertad de expresión una restricción en cuanto a estilos de redacción forense fogosos o metafóricos... [E]ste (caso) sería el primero en establecer que aun con irregularidades concretas reconocidas, la reacción de indignación legítima de un abogado sirve de fundamento de una sanción', añade al resaltar que el propio Supremo reconoció que las quejas de Díaz Olivo sobre la conducta del Tribunal de Bayamón tenían fundamento y hasta que la Rama Judicial actuó sobre ellas, aunque no le dijeron cuáles fueron las medidas tomadas. La Rama tampoco ha respondido a una solicitud de NotiCel para que divulguen en que consistieron las medidas tomadas tras las quejas del abogado.

En el foro, Díaz Olivo denunció que los jueces no deben ser intocables, y los abogados tienen un deber profesional de denunciar y criticar las faltan que consideren, operan en la judicatura, aunque pareciera que esa rama goza de un privilegio especial sin que acepten señalamientos.

'Hay [unas estructuras gubernamentales] que parece que tienen una especie de inmunidad donde no están sujetas a la posibilidad que los ciudadanos puedan criticar y señalarle sus fallas. O por lo menos se percibe de esa manera', apuntó.

A Díaz Olivo se le unieron la abogada y expresidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Ana Irma Rivera Lassen y el exjuez del Tribunal de Apelaciones, Hirám Sánchez.

Para Sánchez, la falta del sustento de los hechos fue una de las cosas que le sorprendió más de la amonestación que recibió Díaz Olivo.

'Como quien no quiere la cosa, esa resolución tiene una nota al calce que habla de irregularidades donde el Supremo más bien trata de como disculpándose en decir '... Reconocemos que en lo sustantivo el licenciado Díaz Olivo tenía razón porque es verdad que se habían cometido ciertas irregularidades, pero fíjense ustedes que las irregularidades se corrigieron y que lo llamamos a el y se las explicamos', detalló Sánchez a lo que Díaz Olivo desmintió la información expresando que nunca se le comunicó cómo atendieron sus preocupaciones.

Precisamente, las preocupaciones del tambien analista de WKAQ fueron divulgadas por NotiCel el 9 de mayo pasado. El abogado solicitó investigaciones a la Oficina de Administración de los Tribunales, a la Cámara de Representantes y a la Oficina de la Contralora por una serie de irregularidades que sufrió y observó mientras llevaba un caso civil de naturaleza pro-bono (sin compensación) en Bayamón.

'Los jueces tienen que tener el cuero duro, como cualquier otro funcionario que recibe el salario del pueblo de Puerto Rico. Los jueces tienen que rendir cuenta. No podemos pensar que son una casta aislada por encima de todo el mundo ni por encima de los demás funcionarios del Gobierno', agregó Sánchez.

Por su parte, Rivera Lassen resaltó el temor que muchas personas enfrentan al momento de entrar a un tribunal y enfrentarse a los jueces.

'Lo que debe infundir el espacio en los Tribunales no es temor, sino confianza. Confianza que en ese espacio va a dar a la persona una respuesta que está buscando de la Justicia. Si el espacio lo que da es temor, las actuaciones del juez o la jueza podrían dar más temor cuando se está reprimiendo no solamente a la persona que va a estar allí... sino tambien al abogado o la abogada', opinó Rivera Lassen.

Sin embargo, pese a las observaciones de los panelistas, el presidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, Carlos Salgado, opinó que esa inmunidad que denuncia Díaz Olivo no existe.

Para Salgado, 'si se comete algún error de derecho ya sea en el proceso que se está llevando a cabo, los abogados tienen derecho a apelar… Lo importante es que cuando se haga la solicitud se haga correctamente, no es cuestión de escribir una serie de barbaridades en mociones'.