[OPINIÓN] El editor senior de NotiCel, Oscar J. Serrano pasa revista sobre lo que representaría para el resto de la operación gubernamental las palabras del juez Anthony Cuevas Ramos en el caso de los comedores escolares.

Si un gobierno falla en lo básico, proveer alimentos a los más necesitados, ¿qué se puede esperar del cumplimiento con las demás obligaciones legales, éticas y morales que tiene con los ciudadanos?

Esta es la duda que asalta la conciencia desde los confines más tenebrosos de una realidad que, aunque está ahí constante y cotidiana, no la miramos ni la atendemos con la seriedad y empeño que requiere.

Es la duda también que transforma una sentencia judicial en un pliego acusatorio contra la negligencia e indolencia que ha demostrado nuestro gobierno durante toda la emergencia por la pandemia del COVID-19.

El viernes en la noche se conoció la sentencia que el juez del Tribunal de Primera Instancia, Anthony Cuevas Ramos, emitió en el caso en el que un grupo de demandantes reclamó la apertura de los comedores escolares para servir su función de asegurar por lo menos el almuerzo y el desayuno a una población a la que la pandemia le sacó la alfombra de debajo de los pies más que a los demás.

Con la decisión de cerrar planteles, el Estado les había alterado su proceso educativo y con la decisión de cerrar comedores, las familias más necesitadas perdían lo que en tiempos regulares es un aliciente, pero en tiempos de desempleo forzado decretado mediante orden ejecutiva, era materia de supervivencia diaria.

El Gobierno de Puerto Rico le insistió al juez que la demanda no procedía, con un argumento insidioso que se resume en un reto… el Estado retó al tribunal a que encontrara dónde en la ley decía que había una obligación de abrir los comedores y proveer alimentos. También presentó como defensa legal el aguaje, el hacer que hace sin hacer nada, cuando dijeron que la reclamación no procedía porque ya algunos comedores se habían abierto.

Estas fueron las defensas del mismo Estado que puso la operación de los comedores como una de las respuestas en su Plan Operacional Conjunto para Incidentes Catastróficos, que recibe millones de dólares en fondos federales anualmente para, precisamente, sostener la estructura de comedores escolares y que, poco después del aguaje de abrir algunos comedores, los volvió a cerrar por una racha de supuestos positivos a coronavirus de los cuales después resultó que ninguno, ni siquiera uno, era un caso real de infección.

Aunque más de una docena de estatutos y programas componen, en efecto, el andamiaje para proveer alimentos a la población escolar mediante los comedores escolares, el juez Cuevas Ramos basó su determinación final en algo que, ciertamente, no puede faltarle a ningún juzgador: decencia humana básica.

A continuación, lo que considero es el fragmento medular de la opinión. Cuando lo lea, permita que su mente contemple cómo esta cita aplica, no solo a comedores escolares, sino a beneficios de desempleo, beneficios del Programa de Asistencia Nutricional, el manejo de compras millonarias por la pandemia, el desarrollo de un sistema de rastreo de la infección, el mantenimiento de un sistema estadístico que permita tomar decisiones sensatas sobre la pandemia y la articulación de un respuesta inteligente a la pandemia que permita cumplir con principios salubristas a la vez que económicos.

“Nuestro objetivo principal es hacer Justicia y cuando el Derecho entre en conflicto con ella, procurar, de la manera más creativa posible, jurídicamente hablando, que sea la Justicia la que prevalezca. Sólo así estaremos cumpliendo con nuestro propósito principal, de no ser así, este trabajo podría ser realizado a través de un “App” de la tecnología. No podemos abstraernos de esta nueva realidad. En estos tiempos extraordinarios, se requiere de medidas y acciones extraordinarias por parte del Estado. El Gobierno no puede descansar en el tímido esfuerzo de abrir ciertos comedores para dar la vaga impresión de que está cumpliendo con su deber ministerial. El propósito principal del gobierno es servirle al pueblo, ese debe ser siempre su norte, no funciona al revés”.

Cuando sustituimos “comedor escolar” con cualquiera de las otras obligaciones legales, éticas y morales que tenía y todavía tiene este gobierno para proveer el mayor bienestar a todos nosotros, sin importar condición económica, entendemos cómo Cuevas Ramos, más que firmar una sentencia, firma un pliego acusatorio contra la negligencia e indolencia que ha demostrado el Gobierno de Puerto Rico en estos más de dos meses y medio de estado de emergencia por la pandemia del coronavirus.

“[E]s el Estado quien tiene que velar por el bienestar general del menor y, a la misma vez, de las personas que no tienen lo suficiente para sobrevivir durante estos tiempos extraordinarios. Solo de esta forma, el Estado estaría cumpliendo con su deber”, le recordó también el juez al Departamento de Educación (DE).

Después del semestre escolar regular viene el verano, durante el cual los comedores escolares también sirven a la comunidad.

Si la sensatez y la decencia básica imperan en el DE, aunque sea fugazmente, la sentencia del juez se acataría y no se apelaría. Pero ya la agencia reaccionó que no descarta pedir revisión e insistiendo que lo que están haciendo hasta ahora es suficiente.

Si unos padres fallan en alimentar adecuadamente a sus hijos, el Estado, debido a su obligación de velar por el bienestar de los menores, está facultado a arrebatárselos, quitarle la custodia y hasta procesarlos criminalmente.

¿Qué hacemos cuando una agencia de gobierno incurre en la misma negligencia?