El huracán María, además de desplazar a más de diez mil puertorriqueños que no tuvieron más remedio que acogerse a programas de albergue dentro y fuera de la Isla, dejó a miles de damnificados con la encrucijada de cumplir con el pago de sus deudas o utilizar el dinero para subsistir en el día a día.

Entre ese mar de cuentas pendientes se encuentra el pago de las hipotecas, cuyo incumplimiento podría redundar en la perdida de negocios u hogares. Aunque la banca y los acreedores, conscientes de la situación del país, han otorgado moratorias, acogerse a ellas podría ser un arma de doble filo para los propietarios.

En el Senado, por ejemplo, aún se considera la Resolución Conjunta (RC) 199, que propone extender el período de moratoria hasta septiembre del año en curso, lo cual podría ser una estocada para las familias.

'La aprobación de la Resolución Conjunta tendría un efecto nefasto para nuestros socios, toda vez que luego de septiembre 2018, […] la deuda sigue generando los intereses pactados entre las partes, los cuales el deudor tiene que repagar, por lo cual, su deuda original acrece de forma negativa hacia este', señaló el director ejecutivo de la Asociación de Ejecutivos de Cooperativas (ASEC), Jose Julián Ramírez Ruiz en su ponencia.

La medida, radicada por el senador Carmelo Ríos Santiago, se basa en que 425,000 propietarios en la Isla están atrasados en sus pagos de hipoteca, y unos 90,000 prestatarios se convirtieron en morosos como consecuencia directa del huracán María.

'Además del efecto adverso en el consumidor, la Resolución tambien tendría un efecto grave en las finanzas de las Cooperativas, toda vez que estas tendrían que continuar reservando grandes cantidades de fondos, hasta que se puedan culminar con los procesos de ejecución, lo cual lesiona las ganancias producidas por la institución, lo que a su vez tiene el efecto de que los socios dueños de las Cooperativas no reciban dividendos adecuados al final del año', afirmó Ramírez Ruiz en su exposición.

A su juicio, la industria ya cuenta con regulaciones suficientes, como las leyes 184 de 2012, conocida como la Ley para Mediación Compulsoria y Preservación del Hogar en los Procesos de Ejecuciones de Hipoteca de una Vivienda Principal, y la 169 de 2016, o la Ley de Ayuda al Deudor Hipotecario.

La primera obliga a los deudores y adeudados a someterse a un compromiso de pagos mediante un proceso de mediación, mientras que la segunda dispone que las instituciones hipotecarias deben ofrecerle a todo deudor hipotecario la alternativa de mitigación de perdida ('Loss Mitigation').

La RC 199 tambien incluye una posibilidad de extensión a la suspensión de pago hasta el 31 de diciembre por un tribunal.

La ASEC pidió que, en caso de aprobarse el estatuto, el proceso de moratoria no sea aplicado de manera automática, entre otros elementos.

Otra desventaja de las moratorias, según expertos, estriba en que las personas se han sometido a ellas sin conocer a cabalidad los terminos de sus contratos.

'El peligro de las moratorias es que cada familia tiene una necesidad en particular y que cada familia tiene un producto hipotecario, que son múltiples, diversificados. Son de diferentes inversionistas, pueden ser otorgados por el gobierno federal y tienen unas regulaciones, y otros no y tienen otras regulaciones', explicó, por su parte, Alexander Pagán, quien se desempeña como mediador de conflictos.

'Entonces, hay familias que se les va a hacer difícil hacer tres pagos de un cantazo o de seis meses, porque cada producto hipotecario es cada producto hipotecario', añadió, antes de instar a las personas a orientarse sobre las particularidades de sus transacciones.

Según Pagán, el panorama post María dejó a miles sin empleo y modificó el número de personas en cada hogar, lo que influye en los ingresos y su inversión, por lo cual ha visto un incremento en solicitudes de información sobre el tema por parte de los residentes.

De acuerdo a múltiples anuncios, algunas moratorias finalizaron el 15 de enero, mientras que otras culminarán el 19 de marzo.

La proyección de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) fijaba en 6,214 el número de ejecuciones en el año 2017, con posibilidad de incrementar el doble en los meses subsiguientes. No obstante, esa cantidad no contemplaba el paso del huracán María.

Pese a que no existen datos sobre lo que sucede tras una ejecución, se estima que muchas personas optan por migrar.

'Cada familia en Puerto Rico tiene un promedio de cuatro habitantes dentro de su hogar. Si se pierden cinco mil hogares, son 20 mil individuos que quedan en la calle. Entonces, eso va a contribuir dramáticamente a que esos individuos compren una casa nueva que se llama JetBlue', afirmó Pagán.

Si el mediador fuera a ponerle un número, siete de cada diez personas que le inquieren desean conservar sus viviendas. Los otros tres gustarían venderla o marcharse del país.

El año pasado, de acuerdo a la RC 199, los tribunales ordenaron ejecutar 7,682 hipotecas sobre viviendas, un aumento de 33% comparado con 2007. Además, se estima que cerca 13,000 casos de ejecución hipotecaria están pendientes.