A pesar del marcado incremento en consultas a las autoridades por el acoso cibernetico en la Isla, el Departamento de Justicia (DJ) no cuenta con mecanismos concretos para encausar a individuos que, mediante intimidación y amenaza, acechan a sus víctimas para lograr su objetivo. La actuación oficial sobre esa conducta delictiva, procesable a nivel federal, se afecta tambien cuando las personas cierran sus cuentas sociales o borran evidencia antes de querellarse.

Estadísticas de la División de Crímenes Cibernéticos de la Policía establecen que en el 2012 esa oficina recibió 838 consultas por amenazas o insultos a través de las redes sociales, y esa cifra se triplicó para el 2013 al ascender a 2,781 casos.

El director de la Unidad Investigativa de Crímenes Cibernéticos (UICC) del Departamenot de Justicia, Rafael Sosa, indicó a NotiCel que esa conducta aún no está tipificada como delito, lo que impide continuar con algunos casos más allá de una denuncia.

'En la manera que podamos ser más específicos, más garras tenemos entonces para atender algunos casos que, en este momento, quizás puedan caer en una línea gris y que no están claramente definidos en el Código Penal. Una vez se atempere a la nueva realidad, pues definitivamente podemos tener más garras para atender estos asuntos', admitió el fiscal a preguntas de este medio digital sobre la poca legislación que existe sobre el particular.

De hecho, la Cámara de Representantes tiene al menos tres proyectos que lograrían procesar a aquellas personas que incurran en el ciberacoso, intimidación o seducción. El primero de ellos, PC 1667, es de la autoría del representante Ángel Raúl Matos y crearía la Ley Contra la Venganza Pornográfica en Puerto Rico, lo que atendería el 'sextorsion' y castigaría el chantaje del acosador con hasta $5 mil.

Por otro lado, una medida de María Milagros Charbonier crearía la Ley Contra La Divulgación de Imágenes y Videos de Material Íntimo, mientras, una pieza de Luis Vega Ramos penalizaría con cárcel la divulgación de fotos íntimas sin autorización.

No obstante, y a pesar de la premura con que necesita atenderse el asunto, las medidas presentadas en la pasada sesión solo fueron radicadas y no han ido a vistas públicas. Sosa dijo que próximamente se discutirán en audiencias, pues el Departamento de Justicia tiene interés en considerarlas.

Al ser cuestionado sobre por qué la mayoría de las consultas se quedan en papel, el director de UICC manifestó que al ser un comportamiento relativamente nuevo, no hay mucha materia para continuar con las denuncias.

'La evidencia en Internet es bien frágil. Es frustrante, pero si la persona hace la consulta, pero por miedo se borró la evidencia o por vergüenza cerró sus cuentas antes de que nosotros intervengamos, pues no se puede hacer nada al respecto porque no hay evidencia', insistió sobre el asunto.

La extorsión, táctica que utilizan algunos hostigadores, sí es un delito en el Código Penal del 2012. El Artículo 191 dispone que 'toda persona que mediante violencia o intimidación bajo pretexto de tener derecho a entregar bienes o a realizar, tolerar… los cuales ocurren con posterioridad a la violencia, intimidación o pretexto de autoridad'.

'Lo que se está tratando de buscar ahora con la nueva legislación es ser más específico en lo que conlleva el ‘sextorsion' y los datos personales, y que tengan unas penas más severas por el daño que le ocurre a la persona', detalló Sosa.

La UICC inició una campaña de orientación sobre el acoso por Internet a los menores. Si usted desea más información sobre esta conducta, visite el portal www.internetseguro.pr.gov