La pieza legislativa, el Proyecto del Senado 968, busca, además, establecer requisitos mínimos de educación y educación continua; aclarar las facultades que tendrá la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) para la implementación de esta Ley.

La Cámara de Representantes evalúa un proyecto senatorial que ordena a todas las dependencias gubernamentales contar con un Programa de Ayuda al Empleado (PAE) y un Coordinador o un Director del Programa de forma interna, con capacidad para brindar apoyo a la salud mental de los empleados, pero la medida enfrenta la oposición de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Asociación de Alcaldes.

La pieza legislativa, el Proyecto del Senado 968, busca, además, establecer requisitos mínimos de educación y educación continua; aclarar las facultades que tendrá la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) para la implementación de esta Ley; y asegurar el cumplimiento en la asignación de fondos para el funcionamiento del programa.

La OGP sostuvo en audiencias públicas que celebró la comisión cameral de Asuntos Laborales, que el proyecto de ley es uno que tiene un fin loable, sin embargo, podría tener un impacto adverso sobre el presupuesto para la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico.

“El Proyecto enmienda la Ley 167-2002 (Ley para Crear Programas de Ayuda al Empleado y su Familia Inmediata) de tal manera que se requiere que todas las dependencias gubernamentales establezcan un PAE con recursos internos o externos”, dijo Roberto Rivera Cruz, en representación de la OGP.

“De entrada, desde la perspectiva presupuestaria, entendemos que el Proyecto podría tener un impacto sobre el presupuesto para la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico. Esto se debe a dos motivos ligados entre sí. El primero es que el Proyecto enmienda la Ley 167 de tal manera que se requiere que todas las dependencias gubernamentales establezcan un PAE con recursos internos o externos de dichas agendas. El segundo motivo es que el Proyecto requiere que el PAE funcione como una unidad, programa, departamento, oficina o división no adscrita a Recursos Humanos o áreas relacionadas, y que cuenten con profesionales ‘especialistas con preparación académica en el área de la conducta humana, Psiquiatra, Psicólogos, Consejeros Profesionales o Trabajadores Sociales, con licencia vigente requerida para ejercer en Puerto Rico”, lee la ponencia presentada por OGP.

En adición a lo anterior, agregan, “el Proyecto requiere que las dependencias gubernamentales que no tienen un PAE en funcionamiento lo establezcan en un término de tres (3) meses. Las que cuentan con un PAE, pero no tienen el personal profesional que pueda prestar los servicios a los empleados, tienen un periodo de seis (6) meses para estar en cumplimiento. Además aclara que la procedencia de los fondos continuara siendo 100,000.00) de fondos no comprometidos del fondo estatal, tal como está actualmente contemplado por la Ley”.

Por su parte, Luis Rivera, en representación de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) recomendó que la medida en discusión esté acompañada con un informe sobre el impacto fiscal preparado por la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) y el Plan Fiscal certificado.

"Este proyecto de ley es loable, pero al proponer establecer impuestos internos en el servicio público, los cuales podrían tener un impacto fiscal y presupuestario en su remuneración y, por consiguiente, en el fondo general, debe ser evaluado antes de la aprobación de la medida", señaló Rivera.

Verónica Rodríguez Irizarry, directora ejecutiva de la Asociación de Alcaldes, también expresó las reservas de esa organización con la propuesta. “Aunque entendemos que el fin del Proyecto es loable, no podemos concurrir con varias de las enmiendas a la Ley 167-2002 ya que imponen una carga adicional a los municipios tanto presupuestarias coma administrativas”

Agregó que, “luego de los recortes que ha efectuado la Junta de Supervisión Fiscal y la delegación de funciones a los municipios por el Gobierno Central que no les corresponde sin la debida asignación de recursos fiscales, los municipios no pueden continuar comprometiendo sus limitados recursos”.

En representación de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), Windybeth Ferrer sostuvo que los PAE requieren de un apoyo adicional del Gobierno para maximizar su impacto positivo en los trabajadores y sus familiares.

"Es imperativo que la Ley 167 se fortalezca a raíz de la experiencia en la implementación y ejecución de los PAE, con el objetivo de que los empleados tengan la oportunidad de beneficiarse de los servicios que estos ofrecen. Para prevenir los problemas de salud mental en el trabajo, es necesario gestionar los riesgos psicosociales en el lugar de trabajo", manifestó.

Recomendó que en este Programa sean los psicólogos, trabajadores sociales, consejeros profesionales y psiquiatras quienes brinden atención a los empleados, y no el departamento de recursos humanos. “No estamos diciendo que tiene que haber una contratación de psicólogos ni consejeros profesionales. Lo que queremos aclarar es que los coordinadores sean trabajadores especiales”, dijo.

En su turno, el presidente de la Comisión, Domingo Torres García, coincidió con que la pieza legislativa es una loable, pero para que esta sea aprobada en el pleno cameral, hay que aclarar el lenguaje. “Voy a buscar el consenso, y si cuento con los votos en el caucus, la medida se va como está”, dijo.