El candidato penepé a la comisaría residente en Washington sugirió que se haga un análisis de lo que podría significar una modificación a la Ley de Equidad del Seguro Social de 2023.

El senador novoprogresista William Villafañe ha solicitado mediante carta al principal actuario de la Administración del Seguro Social, Stephen Gross, que se haga un análisis sobre el impacto en la isla de una ley federal que trastoca el Seguro Social.

El proyecto H.R. 82 deroga las disposiciones que reducen los beneficios de la Seguridad Social para las personas que reciben otros beneficios, como una pensión de un gobierno estatal o local. A su vez, impide que el cálculo de la pensión del gobierno estatal sea utilizado pare reducir beneficios de la Seguridad Social para los cónyuges, viudas y viudos que también reciben pensiones del gobierno por su cuenta. Además, descarta la disposición de eliminación de ganancias inesperadas, que en algunos casos reduce los beneficios de la Seguridad Social para las personas que también reciben una pensión o un beneficio por discapacidad de un empleador que no retuvo los impuestos de la Seguridad Social.

Según Villafañe, de ser aprobada dicha ley, podrían ampliarse los beneficios para unos 6,395 policías y 44,100 maestros retirados en Puerto Rico.

Villafañe solicitó un análisis de los beneficiarios actuales en Puerto Rico que están sujetos a la Disposición de Eliminación de Caídas (WEP) y a la Compensación de Pensiones del Gobierno (GPO) que incluye a los profesionales que han trabajado en puestos gubernamentales o en la educación. Estos son campos en los que los empleados a menudo participan en planes de pensiones del sector público y pueden no haber pagado los impuestos del Seguro Social a sus ganancias.

La petición surge en base a que en el cálculo de costos proporcionada por Gross en el 2019 fue parte de un caso legal más amplio, Estados Unidos vs. Vaello-Madero, en el cual la oficina del funcionario federal estimó que la extensión de los beneficios del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) a los residentes puertorriqueños podría resultar en un costo anual que oscilaría entre $1,800 y $2,400 millones durante la próxima década.

Asimismo, el líder penepé propuso que se tomen en cuenta los últimos datos económicos, los cambios demográficos y cualquier ajuste de política que se haya producido desde la estimación inicial, incluidos factores como la inflación, las tendencias de empleo y los cambios en las políticas federales o locales.

“Los maestros, los agentes de policía y otros funcionarios públicos se encuentran entre los que tienen más probabilidades de verse afectados por WEP y GPO”, expresó el candidato penepé a la comisaría residente en Washington, quien además dijo que la candidata penepé a la gobernación, Jenniffer González, también respalda la medida.

El pasado de 6 de agosto de 2024, Villafañe y Goss se reunieron en Baltimore, Maryland, donde el líder penepé instó formalmente al actuario a crear un análisis actuarial actualizado sobre la posible extensión del programa de Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) a Puerto Rico con el fin de tener los datos más actualizados para informar los esfuerzos legislativos en curso y evaluar con precisión las implicaciones financieras de dicha expansión.