El análisis consigna que FEMA falló en preparar a la agencia para que utilizara los fondos disponibles con prontitud y eficiencia.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) no garantizó que la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) y el Departamento de Educación (DE) local establecieran e implementaran políticas y prácticas para contabilizar y gastar fondos de subvenciones de Asistencia Pública de acuerdo con las regulaciones federales y guías de la agencia, tras el paso de los huracanes Irma y María por Puerto Rico, concluyó la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional federal.

Una auditoría de la agencia, emitida el 9 de abril, revela que FEMA no brindó una orientación coherente y clara al personal del DE, cuyos empleados carecían de conocimiento para administrar proyectos de reparación, construcción y recuperación de desastres a gran escala.

“Debido a los retrasos en la obtención de los reembolsos de FEMA, el DE no contó con los fondos y el personal para implementar rápidamente los proyectos de reparaciones necesarios y administrar adecuadamente el proceso de recuperación, mientras los estudiantes y el personal asistían a escuelas que eran inseguras. El DE podría experimentar problemas de flujo de efectivo cuando gaste más fondos para mejoras permanentes en contratos de mayor cuantía. Además, existe un mayor riesgo de que los fondos federales se puedan utilizar para actividades no permitidas”, destaca el documento.

Del documento se desprende que, al 14 de diciembre de 2018, el DE tenía 17 asignaciones aprobadas que consistían principalmente en servicios de alimentos y seguridad en refugios de emergencia para ser utilizados inmediatamente después del huracán. Sin embargo, FEMA tardó un año o más en aprobar 11 de los 17 ‘Project Worksheets’ después de la declaración de desastre.

Tras esa declaración de desastre, FEMA comenzó a trabajar directamente con el DE para brindar orientación y monitorear los esfuerzos de recuperación subvencionados a través del programa de Asistencia Pública. En abril de 2018, el entonces gobernador Ricardo Rosselló emitió una Orden Ejecutiva para establecer la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico para supervisar la gestión del DE relacionada a los fondos de recuperación de desastres.

A partir del 14 de diciembre de 2018, de acuerdo a la auditoría, FEMA había comprometido $321,629,430 en fondos de subvenciones al DE para trabajos de emergencia, como recogido de escombros, alimentos y servicio de seguridad en refugios de emergencia, así como las reparaciones temporales de las escuelas.

Sin embargo, el DE confrontó atrasos significativos en diversas gestiones, ya que “no tiene la capacidad de administrar eficazmente los fondos de subvención, de acuerdo con las regulaciones federales y las pautas de FEMA”, lee la auditoría.

“Durante el período cubierto por nuestra auditoría, el DE no contó con el peritaje adecuado para completar los trabajos de emergencia y presentar solicitudes oportunas de reembolso. El DE necesita asistencia técnica y monitoreo adicionales para garantizar el cumplimiento de las regulaciones federales de adquisición”, agrega el análisis realizado por la firma Williams, Adley & Company-DC, LLP.

El DE confrontó atrasos significativos en el uso los fondos para los servicios de remoción de escombros (Categoría A) y los asignados a reparaciones en las escuelas para evitar mayores daños a las estructuras (Categoría B). En ambas categorías, el trabajo debe completarse dentro de los seis meses posteriores a la declaración de desastre, a menos que FEMA otorgue una extensión.

FEMA aprobó una extensión para todo el trabajo de Categoría A hasta el 31 de marzo de 2019 y una extensión para todo el trabajo de Categoría B hasta el 30 de mayo de 2019, debido a la naturaleza catastrófica del huracán María, que afectó significativamente la capacidad del DE para responder.

La gerencia del DE, sin embargo, informó que no esperaba completar el trabajo de la Categoría B antes de agosto de 2020, a casi tres años de las declaraciones de desastre. La auditoría también señala que, al 14 de diciembre de 2018, el DE solo había retirado $15.5 millones (5 por ciento) de los $304 millones asignados para el trabajo de remoción de escombros y medidas de protección de emergencia.

“El DE también tenía aprobado aulas modulares temporales (PW 625), que se suponía que servirían como aulas temporales, mientras se realizaban las reparaciones programadas durante el año escolar 2018-2019. Pero la insuficiencia de suministros y problemas con los proveedores retrasaron la compra de las unidades modulares. La financiación se obligó en noviembre de 2018 y, a partir del 14 de diciembre de 2018, pero esa partida para las aulas temporales no se gastó. Los estudiantes todavía asistían a clases en escuelas que no han sido reparadas por completo, lo que podría ser potencialmente mortal o peligroso”, consigna el documento.

FEMA concurrió con los señalamientos y, según el Administrador regional de la Región II de la agencia, brindará capacitación y asistencia técnica a la Oficina Central de Recuperación sobre sus responsabilidades, de conformidad con el acuerdo del Gobierno de Puerto Rico del 1 de abril de 2019 con FEMA. También proporcionará asistencia técnica a la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia con respecto a su responsabilidad de supervisar al DE, para asegurar que establezca políticas, procedimientos y controles internos que cumplan con las regulaciones federales.