NotiCel repasa todo lo acontecido en las vistas desde el día uno.

Son del mismo partido, pero de diferente administración, circunstancia que ha provocado un ambiente cargado en tan solo cinco días que los comités de transición gubernamental se han sentado a intercambiar información de lo que ha transcurrido durante este cuatrienio.

El tema protagónico de nunca acabar entre la administración de Pedro Pierluisi y el equipo de Jenniffer González, es que no se están comunicando las preocupaciones de la agencia, sus carencias y dificultades sino que, en cada vista celebrada, solo se enfocan en sus logros, dejando a un lado información importante a discutir.

Miércoles, 20 de noviembre : Tema de Reconstrucción

El desembolso de fondos federales, su manejo y la pérdida de ellos, fue prioritario para el comité de transición entrante. El pie forzado lo estableció su presidente, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, cuya única intención pareció ser tratar de demostrar que los municipios habían sido más eficientes manejando los fondos federales de reconstrucción que las agencias del gobierno central y especular sobre la cancelación de fondos que pudiera surgir bajo la presidencia de Donald Trump.

Manuel Laboy Rivera, director ejecutivo del COR 3 ripostó a estos puntos con datos que Rivera Cruz no rebatió. Los proyectos de los municipios, dijo, no se pueden comparar con los del gobierno central porque, aún con toda la importancia que pueden tener en cada pueblo, son lo que la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) considera como “proyectos pequeños” con un calendario de unos cinco años.

En contraste, los proyectos del gobierno central son menos en número, pero más en cuantía y en complejidad, con calendario de hasta 10 años para completarse.

Las dependencias que acumulan la mayoría de los proyectos en el gobierno central son la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), el Departamento de Educación (DE) y la Administración de Vivienda Pública.

Sobre la cancelación de fondos, el funcionario se mostró confiado en que no sucederá mientras, como se ha hecho hasta ahora, se le justifique a FEMA el progreso de los trabajos y el uso del dinero. Añadió que una auditoría federal reciente encontró que menos del 1% de los fondos asignados habían sido mal utilizados o cuestionados.

Sin embargo, el comité entrante se mantuvo firme de que habrá fondos que todavía están en riego de perderse.

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Jueves, 21 de diciembre: Temas de Vivienda y Energía

Toldos azules y el gasto de $1.7 billones en contratistas privados que manejan fondos federales fue el escándalo del día.

Que a siete años del paso del huracán María en el 2017 aún queden unidades de vivienda con toldos azules en Puerto Rico fue un espanto para el comité entrante.

Aún más cuando la reconstrucción, bajo los programas de Vivienda, no necesariamente está contemplada para todas las familias que fueron afectadas en dicho fenómeno atmosférico.

Según trascendió en la vista, de un universo de 50,000 unidades identificadas por Vivienda en el 2017, solo 12,886 fueron elegibles para los programas de Vivienda.

Durante los siete años bajo la administración de Pierluisi, lograron asistir a 10,103 viviendas destruidas por María, por lo que aún restan 2,783 unidades que estiman que estarán atendidas para el 2025.

"O sea, que no tenemos certeza de que hay familias que luego del huracán María que tuvieron ese daño tan fuerte, estén viviendo con toldo azul en el techo, prácticamente en la intemperie... Usted no tiene constancia del número de residencias donde hay seres humanos que todavía están es esas condiciones" , fue la reacción del exlegislador popular Jorge Colberg Toro a la aceptación por parte del secretario del Departamento de Vivienda, William Rodríguez Rodríguez.

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En cuanto al gasto de $1.7 billones en contratistas privados que manejan fondos federales en Vivienda, trascendió que dos de las ocho empresas están guisando tanto en la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) como en el Departamento de la Vivienda.

Las dos empresas son: IEM International con un contrato en Vivienda con $101 millones (Vivienda) y $39.1 millones (COR3).

"Son muchos chavos juntos y ningún puertorriqueño jamás en sus mejores sueños van a poder contar uno a uno, una cantidad de dinero como esa..." , alegó Ramón Luis Rivera.

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En horas de la tarde, compareció el componente del Negociado de Energía, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad para las Alianzas Público y Privadas donde surgió que cancelar el contrato de LUMA Energy es muy cuesta arriba.

El contrato suplementario del operador privado no tiene fecha de caducidad, por lo que va a estar vigente hasta que termine la quiebra.

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Viernes, 22 de noviembre: Tema de Infraestructura

El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), hasta ahora, ha sido la única agencia gubernamental que el comité de transición entrante ha aplaudido por su ejecución y manejo de fondos.

El ambiente en la mañana corrió con fluidez y sin mayores disputas.

Entre las buenas noticias que se informaron está que FEMA aprobó la extensión de fondos federales que tiene la agencia hasta el 2026 y 2027.

Según la secretaria del DTOP, Eileen Vélez Vega, esto se debe a que se le evidenció al gobierno federal que los proyectos subvencionados con fondos federales están ya encaminados.

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Mientras, en el turno de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), sugirieron al comité de transición entrante que se evalúe la posibilidad de realizar enmiendas a la Ley 44- 1981 para permitir mayor desempeño en los proyectos de infraestructura.

También recomendaron que, con una partida presupuestaria mayor, se podrá lograr mejores resultados en el Gobierno con la cantidad de obras que se están llevando a cabo.

AFI es una corporación pública creada en virtud de la Ley Núm. 44 de 21 de junio de 1988 y brinda asistencia financiera, técnica, administrativa y legal a las agencias, corporaciones públicas y municipios con el fin de desarrollar efectivamente sus proyectos de infraestructura.

En síntesis, es una dependencia que se usa como conducto para que otras entidades hagan proyectos de infraestructura a través de ella, por sus pericias.

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Durante horas de la tarde, el tema que despertó la atención de los integrantes del comité entrante fue el diálogo que ha sostenido la alta gerencia de la AAA con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para dejar de ser una entidad cubierta bajo la Ley Promesa.

Según la presidenta de la AAA, la ingeniero Doriel Pagán Crespo, ya se ha cumplido con las disposiciones que requiere la Ley Promesa y, por ello, podría obtener más libertades en las tomas de decisiones.

La Ley Promesa fue aprobada en el 2016 con la intención de permitir que Puerto Rico reestructure sus deudas y alcance responsabilidad fiscal. Estos diálogos fueron de preocupación para la administración entrante.

Lunes, 25 de noviembre: Tema de Recursos Humanos, Seguridad y Corrección

Cuando tocó el turno al bate al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), cuyos funcionarios se enfocaron en sus logros y no en las necesidades más apremiantes de la agencia, la licenciada Verónica Ferraiuoli Hornedo le dio un ultimátum a las agencias que aún faltan por presentarse, tras entender que no están priorizando en sus informes las necesidades crasas de las agencias, si hay riesgo de pérdida de fondos federales y preocupaciones que se necesitan atender con prioridad.

Dicho roce se suscitó el mismo día que la hermana y directora de la oficina del gobernador, Caridad Pierluisi, expresara en un medio por la mañana que no entiende cómo el comité entrante puede quejarse del desempeño que han tenido las agencias bajo la administración de Pierluisi.

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El "tirijala" entre los comités solo ha demostrado que los ánimos no están en su mejor momento.

Cuando le tocó el turno al Departamento de Justicia, las preguntas giraron al contrato de la empresa Physician Correctional Services (PCS), el que más controversia le generó este cuatrienio al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), particularmente por el caso del asesino en serie Hermes Ávila Vázquez.

A la secretaria del DCR, Ana Escobar Pabón, le preguntaron en dos ocasiones por el contrato de PCS. Su contestación fue la misma y el comité entrante lo dejó ahí: que no le canceló el contrato a PCS por el episodio de Ávila Vázquez porque una auditoría que encomendó reveló fallas en el manejo de documentos, pero no violaciones al contrato ni en la prestación de servicios; y que una investigación de Justicia no había encontrado conducta criminal, sino solo posible mala conducta profesional de parte de los médicos de PCS.

Entrada la tarde, fue el turno del Departamento de Seguridad Pública (DSP) y todos sus componentes.

A preguntas sobre si la estructura del DSP, creada en la Administración Rosselló Nevarez, ha funcionado, ninguno de sus componentes dijo que lo eliminaría o que lo cambiaría radicalmente.

Según trascendió, dicha estructura ha generado economías, pero el miembro del comité entrante, Marcos Rodríguez-Ema, le ripostó que a pesar de lo mucho que la mencionaba, ninguno de sus documentos de transición precisan cuánto había sido esa economía. Sobre cambiar la estructura, Antonio López Figueroa, se limitó a decir que la estructura es la que dice la ley y él sigue la ley.

Así como defendió que este cuatrienio se ha registrado la incidencia más baja de asesinatos, con 2,162.

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Martes, 26 de noviembre: Tema de Justicia

La ultima vista antes del receso de Acción de Gracias fue con el Departamento de Justicia, donde los cuestionamientos, en su gran mayoría, salieron por parte de la exfiscal Janet Parra.

En el intercambio de palabras, Parra cuestionó la falta de aumento salarial a las técnicos de víctimas y testigos, a quienes se les paga un diferencial de $96.00 que tampoco es suficiente.

El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, aseguró que aunó esfuerzos para subirles el diferencial, pero que no lo logró.

Otro tema controversial, fue cuando Parra también cuestionó si él veía posible que los edificios que no se están utilizando del albergue para testigos, puedan ser alquilados al Negociado de la Policía para hospedar policías que vivan lejos de su hogar.

A lo que Emanuelli contestó: "A nuestro despacho no llegó eso y si hubiera llegado, yo lo hubiese denegado. Eso es un albergue para proteger las víctimas y testigos del Gobierno...".

Sin contar con que durante las cuatro horas de vista, también el comité entrante emplazó a Justicia para que aceleraran los pagos retroactivos del aumento salarial a los fiscales.

La jefa de fiscales, Jessica Correa, dijo que Justicia ha cumplido con dos de los tres ajustes de salario que se enmendaron en el cuatrienio y que esperan que antes del 31 de diciembre estén al día con el nuevo ajuste.

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En cuánto a la opinión jurídica de Emanuelli al contrato de LUMA Energy, resultó que su encomienda era tan solo verificar si el contrato era legal y no si estaban en incumplimiento.

La cereza al pastel para finalizar las vistas hasta el próximo lunes, fue las alegaciones del secretario contra el senador independiente José Vargas Vidot sobre que utilizó el caso de Hermes Ávila Vázquez como una estrategia de campaña política.

Estas expresiones salieron tan pronto fue cuestionado del porque no se encontró también culpables o responsables a Physician Correctional y al DCR en el proceso de excarcelación del reo.

Las agencias que faltan por deponer son: Departamento de Salud, Departamento de Educación, Departamento de Hacienda, Departamento de Desarrollo Económico, Departamento de la Familia (DF), Departamento de Agricultura, PRITS, Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la Oficina del Comisionado de Seguros y la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.

También la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF)

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