De aprobarse el aumento a través del programa Child Care, los fondos asignados a la isla incentivarían la fuerza laboral.

Un ajuste del 25% al umbral máximo de ingresos para que un padre o tutor cualifique para los beneficios del programa Child Care fue la principal solicitud que presentó, entre otras, la Asociación de Centros de Cuidado y Desarrollo del Niño (ASOCUIDA) este jueves, en una reunión con la Administración para Niños y Familias federal (ACF).

El encuentro entre la ASOCUIDA y Alfonso Nicholas, administrador de la región 2 de la ACF, que cubre a Puerto Rico, proveyó estrategias para abordar el agotamiento de fondos asignados a la industria de cuidado infantil por la pandemia de COVID-19, fenómeno conocido como ‘Child Care Cliff’.

“La presencia de un funcionario federal de la categoría de Alfonso Nicholas permite que el sector de servicio de niñez temprana, tanto del ámbito privado como gubernamental, pueda unirse”, expresó el presidente de ASOCUIDA, Michael Ayala Carrión.

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En el cónclave federal se profundizó en la merma de personal en los centros y el aumento del salario mínimo local que redujo la cantidad de cuidadores que podrían ser subvencionados.

También se resaltó que sobre 50,000 niños quedaron desprovistos de servicio por las emergencias atmosféricas y de energía eléctrica que han impactado al país en las últimas semanas.

“Esta es una oportunidad para ganar una mayor comprensión sobre la situación en Puerto Rico, donde existen más de 550 proveedores de servicios, de los cuales un 45% opera a través de Child Care. Mi primera impresión sobre esta reunión es que ha sido formidable”, sostuvo Roberto Carlos Pagán, quien dirige la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN).

Según Ayala Carrión, hay $30 millones reservados para los niños que siguen bajo evaluación en el sistema digital de ACUDEN y que aún “no han sido sentados” en centros de cuidado.

Además, la reducción de espacios en el programa de Head Start ejerce una presión de que menos infantes puedan ser atendidos, señaló ASOCUIDA.

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“No quiero poner curitas, quiero resolver el problema y nuestra administración está comprometida con eso. Estamos ocupándonos para evitar un abismo y garantizar el cuidado infantil a niños de dos meses hasta cuatro años. Haber escuchado estos profesionales que tienen centros al norte, sur, este y oeste de Puerto Rico solidifica mi plan de acción y la prioridad”, precisó, por su parte, Nicholas.

“Considero que los reclamos de la organización son justos y razonables. Siempre que los proveedores cumplan con las leyes estatales y federales, nuestro deber en la política pública es apoyarlos y buscar formas de servir a más familias con alta calidad. Al final del día, se trata de ampliar los servicios para beneficiar a más familias, siempre manteniendo un estándar de excelencia”, concluyó Ayala Carrión.