Un contratista habría obtenido ganancias por sobre $7 millones. El análisis reflejó la existencia de 878 casos de fraude confirmados, totalizando $2.75 millones sin que estos hayan sido referidos o realizados las gestiones para la recuperación de fondos.

La Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG) cuestionó pagos millonarios realizados por la Administración de Vivienda Pública (AVP) a contratistas, incluyendo las “ganancias” por más de $7 millones que obtuvo uno de estos.

Las alertas emitidas por la entidad reguladora son el resultado de un examen sobre la utilización de los fondos federales por la AVP para la implementación y administración del Programa de Asistencia para la Renta por COVID-19, y que cubrió el período del 1 de julio de 2021 al 1 de marzo de 2024.

Resaltan entre los hallazgos el descubrimiento de posibles irregularidades en el pago de $7.8 millones en fondos cuestionados relacionados con ganancias obtenidas por el contratista que administra el programa.

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El informe detalla que, desde julio de 2021, la AVP contrató los servicios de una compañía privada como “Contratista Principal” para la implementación y administración del programa de asistencia de renta, financiado 100% con fondos federales. Este contratista principal, a su vez, subcontrató los servicios de otras compañías para que llevara a cabo los trabajos.

Indica que el contratista principal, que no es identificado, cobró entre un 36% y un 52% de margen de ganancia sobre el costo por hora del personal de uno de sus subcontratistas, lo que resultó en las ganancias de aproximadamente $7.8 millones en dos de los contratos.

Advierte la OIG que no se estableció en los contratos que se hubiese negociado una disposición sobre un margen de ganancia para el contratista por los servicios rendidos por los subcontratistas. El margen de ganancia representó para el contratista una cifra millonaria por encima del costo de los servicios pagados en dos de los contratos evaluados.

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Agrega el informe que el Área de Pre-intervención y Exámenes evaluó además en detalle contratos, facturas, registros de horas trabajadas y otros documentos relevantes, y determinó que la AVP no supervisó cabalmente las funciones delegadas a sus contratistas y subcontratistas. Esta falta de supervisión resultó en posibles errores y fraudes que no fueron gestionados de manera efectiva, señalan.

Específicamente, se analizaron 90 casos aprobados bajo el Programa de Asistencia para la Renta por COVID-19, de los cual se habían identificado seis casos como problemáticos. Entre estos identificaron posibles casos de fraude por un total de $85,904. A la fecha de evaluación, solo se habían recuperado $15,050 de los fondos fraudulentos, lo que representa apenas el 18% del total identificado.

El análisis también reflejó la existencia de 878 casos de fraude confirmados, totalizando aproximadamente $2.75 millones, sin que estos hayan sido referidos o realizados las gestiones correspondientes para la recuperación de fondos.

La respuesta de la AVP a los señalamientos de la OIG es que “continúa trabajando activamente con los casos de fraude, ya que el Programa no ha culminado. La dirección postal para la devolución de los fondos estaba a nombre del Programa, no del Contratista”.

Sostiene la AVP que la reglamentación no exige una fecha específica para el referido de los casos de recobro a las agencias concernidas y que a la fecha se encuentra agotando el proceso administrativo interno de recobro.

Adicional a lo indicado anteriormente, informa la OIG que durante el examen, también se encontró que la AVP no devolvió un sobrante de $1,181,587.51 al gobierno federal.

Los términos estipulan que los fondos no utilizados deben ser reembolsados al Departamento del Tesoro, pero los estados de cuenta bancaria no reflejan dicha devolución. Durante el periodo de Examen la AVP informó que el sobrante de ERAP fue reembolsado al Departamento de Hacienda de Puerto Rico.

Otro señalamiento fue que la AVP está incumpliendo las directrices del Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), que promueven la eficiencia gubernamental y la protección de la privacidad. PRITS requiere que la información permanezca bajo custodia del Gobierno. Sin embargo, la AVP no ha desarrollado un plan de migración para trasladar la información del Programa a la infraestructura tecnológica gubernamental.

A raíz de los hallazgos del informe, la OIG emitió una serie de recomendaciones a la AVP para corregir estas deficiencias. “Entre las medidas propuestas se incluye la revisión y corrección de los casos de fraude identificados, la devolución de fondos no utilizados al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y la implementación de políticas más estrictas para asegurar la correcta administración de los fondos públicos en el futuro”, informó la agencia.