Cámara insiste en aumentar días de vacaciones a empleados públicos
Radican otro proyecto similar y pedirán evaluación a la OPAL
La Cámara de Representantes insistirá en la propuesta de aumentar de 15 a 24 los días de vacaciones que acumularán los empleados gubernamentales y que fue rechazada en días recientes por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
Un proyecto con el mismo objetivo fue presentado por el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes, Domingo Torres García, este pasado lunes.
Al que se convirtió ahora en el proyecto de la Cámara 1997, ya se unió también la delegación cameral del Partido Popular Democrático (PPD).
Torres García adelantó que esta medida contará con una evaluación de su impacto fiscal que preparará la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), al momento de ser considerada en el cuerpo legislativo.
“Como lo hemos hecho desde el primer día, con legislación clara y contundente, defenderemos los derechos de todos los servidores públicos, a quienes esta administración abandonó al decidir no luchar por la validez de la Ley 119-2022, que era un punto de consenso, ya que no regresaba a 30 días de vacaciones como era originalmente, sino que establecía que serían 24 días al año”, sostuvo el legislador en conferencia de prensa en la que hizo el anuncio.
Apuntó en defensa de la propuesta que “el exceso de 15 días, es decir, los 9 días adicionales de vacaciones no están sujetos a ser acumulados, por lo que los empleados públicos tendrán que utilizarlos. De esta manera se mitiga el impacto fiscal que pueda tener la medida”.
Expresó que “el pasado jueves, la JSF notificó que el estimado de impacto fiscal presentado por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) incumplía con los requisitos del Plan Fiscal y la Ley Promesa, y ese mismo día el secretario de Estado, Omar Marrero Díaz, anunció que el gobierno local “tiraría la toalla” con este tema y se allanaría a la decisión del organismo”.
“Debido a ese incumplimiento, nosotros le solicitamos a la OPAL que prepare un informe que cumpla con todos los requisitos para que la pieza legislativa no pueda ser objetada por la JSF”, afirmó.
Señaló Torres García que “no es la primera vez que el gobernador veta por inacción una medida usando esta misma estrategia, ya que también lo hizo con la Reforma Laboral. En la Cámara de Representantes no dejaremos que los servidores públicos sean rehenes de la dejadez de Pedro Pierluisi y su administración”.