Ambas piezas legislativas fueron objeto de una audiencia pública de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes este miércoles.

Dos medidas camerales que buscan aumentar las penalidades sobre aquellos convictos de provocar accidentes fatales de tránsito y luego irse a la huida, recibieron el endoso de la madre de una víctima de este delito y de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito.

Estas fueron objetadas, sin embargo, por la Sociedad de Asistencia Legal, mientras que el Departamento de Seguridad propuso que se consoliden ambas propuestas en una sola legislación.

Ambas piezas legislativas fueron objeto de una audiencia pública de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes este miércoles.

El Proyecto de la Cámara 1957 enmendaría la Ley de Vehículos y Tránsito (Ley 22-2000) y el Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación (2011) para establecer como mandatorio la imposición de supervisión electrónica y eliminar la fianza diferida por el delito de irse a la fuga tras ocurrido un accidente que provoque grave daño corporal o la muerte de una persona.

El Proyecto de la Cámara 1958 propone excluir la probatoria o libertad a prueba como alternativa para extinguir la pena fija de 10 años de reclusión en este tipo de casos.

Una de las personas que compareció a la vista pública fue Jenniffer Rivera López, madre de la joven Natalia Nicole Ayala Rivera, que fue víctima de un “hit and run” del ahora convicto Carlos Julián Maldonado Dávila, que sin embargo fue sentenciado a 10 años de sentencia suspendida.

Rivera López hizo un llamado para la aprobación apremiante de ambos proyectos. “Esta persona le arrebató la vida a mi hija… Él se va a la huida después de haberle quitado la vida. Va a un cuartel a inventarse un cuento que le dieron un cantazo al vehículo para no responsabilizarse de lo sucedido”, expresó. “Si hubiera tomado otra acción de responsabilizarse, yo no estuviera aquí. Este accidente puede sucederle a cualquier persona, pero es la acción”, agregó.

Ariana Peña, que representó a la Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST) favoreció ambas piezas legislativas y coincidió que son análogas a los esfuerzos de la agencia. ‘’Es necesario revisitar y atender las disposiciones legales que regulen este tipo de choques de tránsito para que, mediante la imposición de condiciones más severas, aquellas personas que luego de estar involucrados en un accidente de tránsito, no abandonen la escena’’.

Informó que cuentan con planes de trabajo en marcha dirigidos a la prevención de choques, muertes y heridos en la red vial. ‘’Estos se desarrollan y apoyan a través de programas educativos, la aplicación de ley y la reducción de riesgos en las vías públicas, todo programa que sea homogéneo o consonante a nuestros propósitos dispuestos por Ley’’.

Durante la audiencia el Negociado de Patrullas de Carreteras precisó que durante el 2022 se reportaron 20 fatalidades como resultado de choques de auto “hit and run”, mientras que hasta el 24 de diciembre de 2023 se habían registrado 25 incidentes de este tipo.

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La agencia reconoció la necesidad de reforzar las leyes vigentes y que la rigurosidad que se pretende añadir operará como un disuasivo para disminuir esta conducta delictiva.

Por su parte, Yahaira Colón Rodríguez, directora de la División de Asuntos Especiales de la Sociedad para Asistencia Legal de Puerto Rico (SAL) expresó que esa organización no favorece la aprobación de las medidas.

‘’Entendemos que ambos proyectos no tienen justificación ni fundamento para continuar agravando el estado de derecho promoviendo la encarcelación prolongada de un ciudadano que puede cumplir con su responsabilidad penal y las consecuencias de los actos imputados sin tener que ser encarcelados’’, dijo.

Afirmó que las medidas propuestas no adelantan la intención ni atienden acertadamente los casos por ‘’hit and run’’.

‘’Ante la existencia de alternativas más civilizadas que el confinamiento prolongado para atender situaciones lamentables en las que puede estar involucrado cualquier ciudadano, no podemos apoyar la aprobación de medidas legislativas que desde un inicio solo buscan la penalización excesiva y el castigo’’, señaló Colón Rodríguez.

El presidente de la Comisión, Rafael Hernández Montañez, afirmó que “la intención de la legislación es que no se repita. Que sea un disuasivo. Que la gente sepa que si cometen una falta como esta y se va (de la escena), va a haber una pena.No queremos menoscabar los derechos que hemos protegido, pero algo vamos a hacer”.

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