Proyecto cameral recibió el visto bueno del organismo legislativo a cargo de su evaluación, que recomendó su aprobación al pleno de la Cámara.

Un proyecto cameral que propone que el “certificado de antecedentes penales” que otorga la Policía de Puerto Rico no refleje la primera convicción por la posesión de marihuana para el uso propio, recibió el visto bueno del organismo legislativo a cargo de su evaluación, que recomendó su aprobación al pleno de la Cámara.

La medida, que fue avalada por la Comisión de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología de la Cámara, el P de la C 209, dispone que no se incluirán en estos certificados una primera convicción que sea impuesta en virtud de la “Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico”, y que no implique la posesión ilegal de marihuana en exceso de cinco (5) gramos para el propio uso de la persona sentenciada.

Se fundamenta la propuesta del representante José Enrique 'Quiquito' Meléndez Ortiz en la política pública del Gobierno de Puerto Rico que propone proveer un sistema integrado de seguridad que establezca procesos de rehabilitación moral y social del miembro de la población correccional o transgresor, a fin de fomentar su reincorporación a la sociedad.

“Ciertamente, hay que reconocer que las penas establecidas en la Ley de Sustancias Controladas para sancionar la posesión de marihuana para uso personal son excesivas y deben ser revisadas. Por esta razón, proponemos que el “Certificado de Antecedentes Penales” no refleje la primera convicción por la posesión de marihuana para el uso propio”, lee su exposición de motivos.

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Sostiene el escrito que Puerto Rico está entre los países con la mayor tasa de arrestos y encarcelamiento por drogas.

“Lamentablemente, Puerto Rico es el quinto país a nivel internacional con la mayor tasa de arrestos por drogas (UN, 2000) y el tercer país con la mayor tasa de encarcelamiento (US Prisons, 2000). Según Walmsley (2003) la proporción de la población de Puerto Rico confinada en instituciones penales sobrepasa por casi 200% la reportada por otros países del hemisferio como Canadá, Brasil y Perú. A su vez, Puerto Rico se asemeja en su alta tasa de encarcelación a Estados Unidos, el país con mayor proporción de su población viviendo en confinamiento. Un número significativo de estas personas encarceladas son por crímenes no violentos asociados al consumo de sustancia”, indican.

Agregan que “este panorama constituye una perdida en capital social ya que el costo anual por confinado oscila entre $40,000.00 y $60,000.00. A su vez, el 50% de la población padece de hepatitis C y el 10% de VIH lo que aumenta el costo económico. En Puerto Rico, el 71% de las personas que han estado en prisión regresan a la misma debido a dos razones principales: adicción a drogas sin tratar y condiciones psiquiátricas sin tratar”.

Establece además esta exposición de los motivos para la radicación del proyecto que en Puerto Rico, la población confinada está compuesta mayormente por personas de bajo nivel socio-económico y con un nivel académico promedio de noveno grado (Nevares, 2001) y el sistema correccional de la isla se suma al listado de territorios con hacinamiento carcelario.

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