Y advierten que “un grave atraso en el proceso de asignar $20 millones” se afectarán los servicios que ofrecen a la ciudadanía.

Organizaciones sin fines de lucro reclamaron de la Asamblea Legislativa premura en la aprobación de los fondos destinados a estas entidades y advirtieron que “un grave atraso en el proceso de asignar $20 millones” se afectarán los servicios que ofrecen a la ciudadanía.

El reclamo se hizo a través de la entidad Movimiento Una Sola Voz, cuya directora ejecutiva, María de Lourdes Ortiz, indicó que “hemos tenido reuniones con diversos legisladores, pero seguimos a ciegas, es decir, al día de hoy las organizaciones no saben si recibirán o no estos fondos, lo que las pone en una posición de total incertidumbre”.

El Movimiento Una Sola Voz (MUSV), se informó, agrupa unas 125 organizaciones sin fines de lucro del país.

Ortíz explicó que es sumamente importante que los legisladores(as) entiendan lo que significa para una organización no recibir estos fondos y el impacto que eso tiene en los sectores más vulnerables que son atendidos por las organizaciones sin fines lucro.

Informó que en los últimos años, la mayoría de las organizaciones han recibido recortes de hasta un 60% en la asignación presupuestaria. “Esta realidad ha puesto a muchas organizaciones en una situación precaria teniendo que hacer ajustes significativos en los servicios que ofrecen. La asignación de los Fondos Legislativos para Impacto Comunitario debe llevarse a cabo de manera prioritaria y responder a las necesidades de la ciudadanía”, afirmó

Agregó que la Ley 20-2015, Ley de Fondo Legislativo para Impacto Comunitario, estableció como política pública la colaboración entre las OSFL y la creación de alianzas multisectoriales.

Dicha Ley estableció un riguroso proceso de evaluación y selección para la asignación de fondos a las organizaciones. Se supone que el listado de organizaciones seleccionadas se trabaje durante el proceso presupuestario de junio y que se publique en agosto al comienzo del año fiscal. Se requiere una medida legislativa que asigne la cantidad a cada organización.

“Al día de hoy ninguna organización sabe qué cantidad recibirá de los $20 millones ya asignados en el presupuesto aprobado y certificado. El año pasado las organizaciones recibieron el dinero a finales de diciembre y enero, con seis meses de atraso. Este año la sesión termina en noviembre”, señaló.

Por su parte, el director ejecutivo de la Fondita de Jesús, Josué Maysonet, lamentó que “en los últimos años, la Comisión Conjunta de Donativos Legislativos ha establecido una preocupante tendencia de retrasar la asignación de fondos, desviando su propósito original. Esta práctica no solo pone en riesgo la estabilidad de organizaciones que salvan vidas diariamente, sino también compromete la posibilidad de aprovechar el pareo de fondos para beneficio del país”.

Sostuvo que “es esencial destacar que el tercer sector, que retiene una gran fuerza laboral y desempeña un papel fundamental, se ve gravemente afectado por estos retrasos y la incertidumbre. La organización La Fondita de Jesús, por ejemplo, atiende a más de 5,800 personas sin hogar y en riesgo de estarlo, ofreciendo más de 130,000 servicios anualmente en más de 30 municipios del país. El atraso en la asignación de fondos pone en peligro la continuidad de estos servicios vitales”.

La directora del Museo de las Américas, María Ángela López Vilella, se expresó también sobre el retraso y precisó que “los fondos que recibe el Museo de Las Américas de la Comisión de Donativos Legislativos se usan para los programas de servicio directo a la comunidad. Tras no recibir los fondos a tiempo se afecta el calendario programático del museo, principalmente programación para adultos mayores, jóvenes con diversidad funcional, comunidad escolar y cuidadores de víctimas de maltrato”.

Ana Laboy Rodríguez, directora ejecutiva de la Fundación Puertorriqueña del Riñón, manifestó que “el mayor desafío ante el retraso es mantener la continuidad de nuestros servicios para atender las necesidades de nuestros 6,500 pacientes renales y sus familiares. A pesar de que el Gobierno siempre dice que cree y apoya la labor que realizan nuestras organizaciones, cada año se retrasa más la inversión pública necesaria para poder atender las necesidades de nuestros pacientes de manera inmediata, para garantizar su salud y mejorar su calidad de vida”.

“Estamos hablando de necesidades que implican compromisos continuos para salvaguardar la salud física y mental”, apuntó.

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