La exsecretaria del Departamento de Educación, Julia Beatrice Keleher, que cumplió una condena de seis meses de cárcel, más un año de arresto domiciliario y que tuvo que pagar una multa de $21 mil por cargos de fraude, robo, lavado de dinero y conspiración, fue nombrada directora ejecutiva de las organizaciones First State Educate y First State Action Fund quienes sirven de apoyo al sistema de enseñanza pública en el estado de Delaware.

Keleher fue secretaria de Educación desde enero de 2017 hasta su renuncia en abril de 2019.

Meses después, fue arrestada por las autoridades federales bajo los cargos mencionados y por su participación en esquemas para negociar con una empresa la subcontratación de su asistente y por firmar una carta para apoyar la ampliación de una calle aledaña a una escuela, a cambio de un descuento en la compra de un apartamento.

Keleher se declaró culpable en junio de 2021 y, en diciembre de ese año, fue sentenciada a seis meses de prisión y a un año de arresto domiciliario. Salió de prisión en julio de 2022.

Ahora Keleher, que ocupará la silla de la fundadora Laurisa Schutt, fue descrita por Thère du Pont, presidenta de la Junta de First State Educate, como una profesional de gran bagaje en sistemas educativos y que fue seleccionada tras una extensa evaluación de candidatos.

First State Educate también señala en el parte de prensa, que el rol Keleher en Puerto Rico "generó controversia".

"First State Educate da la bienvenida a la nueva directora ejecutiva, Julia Keleher. Las juntas directivas de First State Educate y First State Action Fund están encantadas de anunciarla como su nueva directora ejecutiva", leía el comunicado enviado a los medios.

En el resumen de nombramiento, la Junta de First Educate estableció que "Keleher sucede a la fundadora Laurisa Schutt. Nacida en Filadelfia, Keleher aporta casi dos décadas de experiencia comprobada al puesto. Ha ocupado varios puestos de liderazgo educativo, incluido el de secretaria de educación en Puerto Rico de 2017 a 2019, siete años liderando iniciativas de asistencia técnica y gestión de riesgos en el Departamento de Educación de los EE. UU. y como educadora y administradora en el Distrito Escolar Consolidado de Red Clay desde 2000 hasta 2007. Incluyendo otros títulos y certificaciones, Keleher tiene un B.A. en ciencias políticas y M.S. en educación de la Universidad de Pensilvania y un Doctorado en Liderazgo Educativo de la Universidad de Delaware".

"Su papel en Puerto Rico generó controversia. Después de liderar los esfuerzos de recuperación del huracán María y aprobar un proyecto de ley de reforma educativa, Keleher se convirtió en el objetivo de una investigación federal y fue sentenciada a seis meses en una prisión federal y doce meses de confinamiento domiciliario por cargos de conspiración", dijo du Pont.

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Sin embargo, du Pont, obvió en sus expresiones entrar en los detalles que llevaron a una condena en prisión federal de seis meses a Keleher.

En su lugar, exaltaron las experiencias de la exsecretaria bajo el mandato del destituido gobernador Ricardo Roselló.

“Las experiencias de Julia en estos últimos quince años han llevado a una comprensión profunda de las estructuras de poder y las complejidades de los sistemas educativos. Los sistemas de educación y justicia que rodean a nuestras familias son complejos e implacables: Julia está en una posición única para generar un cambio significativo. Realizamos una búsqueda nacional y consideramos más de dos docenas de candidatos destacados. La combinación de Julia de experiencia, compasión y empatía, y compromiso con la excelencia educativa es inigualable. No podríamos estar más emocionados de que ella trabaje con nuestros socios para construir un ecosistema cohesivo e inclusivo que impulse la mejora continua en las escuelas de Delaware”.

El comunicado de prensa también estableció que "poco después de su liberación, Keleher se convirtió en Embajadora de Smart Justice con la ACLU de Delaware, abogando por cambios legislativos para reducir la población carcelaria y abordar las disparidades raciales dentro del sistema de justicia".

“Puede haber consecuencias dolorosas para desafiar sistemas poderosos”, comentó Keleher.

“He visto de primera mano las devastadoras consecuencias que las escuelas públicas de bajo rendimiento pueden tener en las comunidades. Estoy saliendo de mi experiencia reciente completamente movido a mejorar los sistemas que afectan a los educadores y las familias”, indicó.

“Mis roles en Red Clay, el Departamento de Educación y en Puerto Rico me mostraron cuán fundamentales son las coaliciones en los esfuerzos por transformar el aprendizaje. Como directora ejecutiva de First State Educate, mi enfoque será elevar e integrar las voces de los más afectados por nuestro sistema escolar, y los mejor posicionados para influir en el cambio”, concluyó Keleher.

Keleher, según el documento, planea programar reuniones durante el otoño para escuchar lo que los legisladores, educadores, estudiantes y familias ven como temas clave en sus comunidades educativas.

La saliente, Schutt, seguirá apoyando a la organización en un puesto de asesor.

First State Educate/Action Fund (FSE/AF) se fundó en 2019 para catalizar un cambio radical en la educación al activar el poder de los habitantes de Delaware. En los cuatro años desde su fundación, FSE/AF ha ayudado a 16 líderes innovadores a ser elegidos para juntas escolares en todo el estado, incluidos cinco miembros de juntas escolares que inscriben a 45,000 estudiantes que ahora ocupan puestos de liderazgo, según informaron.

Cuando Keleher fue sentenciada en el 2021, en su mensaje al juez Pedro Delgado, Keleher pidió disculpas al pueblo de Puerto Rico "por el dolor y la tristeza que causaron cualquiera de las acciones que tomé mientras servía como Secretaria de Educación" y apuntó que los estudiantes puertorriqueños "se merecen un sistema educativo mucho mejor que el que tienen".

Las reacciones a su declaración en el tribunal, y a la sentencia, han sido de rechazo por parte de sectores que entienden que los efectos que tuvo su jefatura en el sistema público de enseñanza merecían un castigo mayor- fue sentenciada seis meses de cárcel y 12 en probatoria- y por la hipocresía que podía denotar el que abogara por un mejor sistema para los estudiantes cuando, entre otras acciones, finalizó un ciclo que duró varias administraciones y que resultó en el cierre de 960 planteles.

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