Para buscar soluciones a esta situación, la comisionada residente Jenniffer González Colón, se unió a los congresistas Suzanne Bonamici, Kelly Armstrong y Jasmine Crockett para presentar la medida bipartidista Ensuring Quality Access to Legal Defense Act, también conocida como la Ley de Defensa de Igualdad de Acceso a la Justicia de Calidad (H.R. 3758).

WASHINGTON — La comisionada residente Jenniffer González Colón, anunció el domingo una medida bipartidista para asignar más recursos, mejorar la remuneración de los abogados de asistencia legal y reducir la sobrecarga de casos.

“La falta de un salario adecuado y la sobrecarga de casos no favorece la contratación de abogados de asistencia legal ni permite la rapidez y dedicación que cada caso judicial merece. Esta situación no es exclusiva de Puerto Rico, se repite e incluso se agrava en otras jurisdicciones en los Estados Unidos, generando una crisis nacional de defensa pública”, dijo la comisionada residente en declaraciones escritas

Para buscar soluciones a esta situación, González Colón se unió a los congresistas Suzanne Bonamici, Kelly Armstrong y Jasmine Crockett para presentar la medida bipartidista Ensuring Quality Access to Legal Defense Act, también conocida como la Ley de Defensa de Igualdad de Acceso a la Justicia de Calidad (H.R. 3758). Esta ley busca aumentar el acceso a abogados de calidad mediante la concesión de subvenciones para asistencia legal, establecer límites en la carga de trabajo, introducir gradualmente la paridad salarial entre defensores públicos y fiscales en un plazo de cinco años, entre otras disposiciones.

“Nuestro sistema de justicia penal es fundamental para preservar el orden y garantizar que se cumplan las leyes. Para que el sistema sea efectivo, también debemos asignar los recursos necesarios a la defensa pública para enfrentar los desafíos actuales, incluyendo la escasez de defensores públicos y la falta de asistencia legal oportuna para quienes puedan necesitarla. Esta medida busca facilitar que los defensores públicos hagan su trabajo sin estar sobrecargados y que los gobiernos cumplan con su obligación constitucional de brindar asesoría y representación legal efectiva en casos penales”, señaló González Colón.

“La escasez actual de defensores públicos es una amenaza para nuestro sistema de justicia penal y los derechos de los acusados”, dijo la congresista Suzanne Bonamici. “La Corte Suprema ha sostenido que las personas acusadas de un delito tienen garantizado el acceso efectivo a un abogado, por lo que invertir en sistemas de defensa pública es fundamental para la igualdad de justicia ante la ley. Estoy agradecida de trabajar con mis colegas para presentar la Ley de Defensa de Igualdad de Acceso a la Justicia de Calidad para contratar más defensores públicos, mejorar la seguridad pública y hacer que nuestro sistema de justicia sea más equitativo”.