Vista para estimar monto de reclamación de acreedores de la AEE termina con la Junta anticipando que ritmo de adopción de energía renovable va más rápido que lo anticipado.

En el cierre ayer de la vista de estimación del monto de la reclamación de la deuda de los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la jueza Laura Taylor Swain expresó frustración ante el anuncio de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de que la próxima semana emitiría un nuevo Plan Fiscal para la corporación pública, lo que puede impactar los documentos preparados para la vista de confirmación del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) de la agencia que está pautada para el mes que viene.

El abogado de la Junta, Martin Bienenstock, adelantó que uno de los elementos en el plan será que los datos de LUMA muestran que el ritmo de adopción de energía renovable va más rápido de lo anticipado. El plan nuevo debe salir el 16 de junio y la jueza dispuso que las partes tendrán hasta el 21 de junio para informar qué impacto tiene el nuevo plan en el programa de confirmación del PAD.

Aunque el detalle no se discutió más, y se registró al principio de una vista que duró todo el día, la adopción de energía renovable a nivel residencial sigue siendo el factor de mayor influencia en el proceso de quiebra de la AEE. La persona que instala estos sistemas en sus hogares no se desconecta totalmente de la red, pero puede reducir al mínimo lo que le paga a la corporación pública lo que, a su vez, va drenando cada vez más la fuente de ingreso con la que se repagaría la deuda. Por esto, el mecanismo principal de repago que está sobre la mesa es un cargo fijo que se cobraría a todo abonado, tenga o no sistema de energía renovable en su hogar.

"La energía renovable es fantástica para la gente, pero terrible (para la AEE)”, dijo Bienenstock para puntualizar un elemento que hace ver como irrelevantes el resto de las horas que se invirtieron en la vista para que las partes ofrecieran a la jueza unos informes de cierre llenos de críticas a las metodologías que usaron los expertos de cada parte. Otro elemento que subraya lo fútil que pudo haber sido la discusión es que la ley de quiebra indica que, cuando se realiza este tipo de vista para que los jueces delimiten el monto de ciertas reclamaciones, el juez no tiene que aceptar ninguna de las metodologías y puede emitir una determinación sin tener que explicar al detalle sus cálculos para hacerlo.

El enfoque de la vista, que discurrió durante tres días esta semana, es discutir cuánto cobrarían los acreedores de la AEE si recurren al mecanismo de designar un síndico que tome control de la corporación pública y la administre con el propósito de repagarles. Este escenario implica que la quiebra no funciona y el síndico opera la AEE sin la protección del tribunal contra los demás acreedores, contra determinaciones de los tribunales de Puerto Rico y contra legislación y actuaciones del Gobierno de Puerto Rico.

En cuanto a la cantidad de dinero, las partes no se han movido. Los acreedores sostienen que pueden recobrar toda su deuda, poco más de $8,000 millones, mientras que la JSF aventura que, a lo sumo, un síndico solo puede conseguirle unos $2,000 millones a los bonistas. Aunque propone este estimado de lo que ocurriría fuera de la quiebra, la Junta, hasta ahora, no ha cambiado la oferta que le hizo a los bonistas de repagarles $5,680 dentro del caso de quiebra. Esa oferta implica tres cargos a los abonados, uno fijo y dos que dependen del nivel de consumo, por al menos 35 años.

Bienenstock pidió a la jueza que mantuviera “una visión práctica anclada en el mundo real” al evaluar los argumentos y afirmó que, aún fuera de la quiebra, la Junta mantiene capacidad de influenciar sobre los actos de un síndico mediante el poder que la Ley PROMESA les da para implantar planes fiscales y aprobar presupuestos. “La Junta no va a ser tímida en ejercer sus poderes”, recalcó.

Peter Friedman, abogado de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), argumentó a la jueza que los inversionistas de la AEE y sus consultores son personas “sofisticadas” que sabían del riesgo de impago que representaba la AEE cuando decidieron comprar los bonos.

Por su parte, Gary Orseck, abogado de los bonistas, se esforzó en reforzar los cálculos de su experta, la doctora Maureen M. Chakraborty, quien proveyó seis escenario bajo los cuales la AEE repaga la deuda completa entre 27 a 42 años. Orseck disputó las proyecciones de contracción demográfica y de reducción de demanda energética en la isla y defendió que en los escenarios de su experta los abonados con más ingresos, pagan más, y se mantiene la meta de que los costos energéticos no pasen del 6% del ingreso de los abonados. "No es correcto que un síndico vaya a colocar a los abonados en un estado de pobreza energética", aseguró.

“La siembra de terror en este caso por parte de la Junta se ha pasado de castaño oscuro”, lanzó el abogado de la aseguradora de bonos Syncora, Daniel Salinas Serrano al argumentar que la estrategia de la JSF ha sido conjeturar sobre los supuestos obstáculos que enfrentaría un síndico al punto de hacer creer que no podría recobrar nada de la deuda. Ofreció que el síndico trabajaría mano a mano con la Junta para cumplir con una encomienda para la que va a estar facultado con el poder que le confiera un tribunal.

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