El reclamo se hizo mediante una carta abierta al ente en la que se recalca la oposición a nuevos aumentos en la tarifa de electricidad que pagan tanto los consumidores individuales como las empresas.

Un nutrido grupo de organizaciones empresariales, profesionales, sindicales y religiosas , entre otras, así como numerosas personas, se unieron para reclamar a la Junta de Supervisión Fiscal que se reduzca más el pago a los bonistas contenido en el Plan de Ajuste de la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), ya que aseguran que los nuevos cargos propuestos resultan insostenibles para el país.

El reclamo se hizo mediante una carta abierta al ente en la que se recalca la oposición a nuevos aumentos en la tarifa de electricidad que pagan tanto los consumidores individuales como las empresas.

“Les escribimos como representantes de diversos sectores de la sociedad puertorriqueña junto a personas expertas en temas legales, energéticos y financieros quienes hemos llegado a la misma conclusión: Puerto Rico no puede costear las tarifas de luz propuestas en el plan actual para la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE). El plan debe retirarse o enmendarse para recortar sustancialmente el pago propuesto a la deuda, el cual es insostenible para el pueblo de Puerto Rico”, lee la misiva grupal.

“Hace cinco años, la Junta de Supervisión Fiscal propuso como meta alcanzar una tarifa por debajo de 20 centavos por kilovatio-hora en el 2023 para mejorar la débil economía de la isla. Sin embargo, la tarifa promedio en el último año ha sido por encima de 28 centavos, más del doble del promedio en los EE. UU.”, sostuvo Ramón Barquín, presidente-electo del Centro Unido de Detallistas (CUD), en la conferencia de prensa en la que se presentó el documento.

Recordó Barquín que el plan para reestructurar la deuda de AEE propone imponer tres nuevos cargos en la tarifa por los próximos 35 años o más.

En la carta abierta se le indica a la Junta que “para escapar de una red eléctrica deficiente y costosa, los clientes que no abandonan el país están haciendo la transición hacia la energía solar distribuida a un ritmo mucho más rápido de lo que se anticipaba. Aún sin ajuste de tarifa es claro que el sistema eléctrico no es económicamente viable para Puerto Rico”.

Agregan que la AEE, “además, está en quiebra, con más de $9 mil millones en deuda impagable que supera el valor de sus activos. El plan para reestructurar dicha deuda propone extraer más de $13 mil millones para pagar a los acreedores heredados, imponiendo tres nuevos cargos en la tarifa por los próximos 35 años o más. La combinación de los altos precios del combustible y el éxodo de clientes de la red podría tener el efecto de mantener la tarifa por encima de 30 centavos por kWh durante décadas, acelerando que más consumidores abandonen el país y la red”.

Concluyen que “cualquier plan futuro para reestructurar la deuda de la AEE debe, como mínimo: priorizar y garantizar los recursos capitales y operacionales para que Puerto Rico logre un sistema eléctrico estable, confiable y resiliente que cumpla con la Ley 17-2019, incluyendo la transición rápida fuera de los combustibles fósiles y la participación ciudadana en dicha transformación; el uso eficiente de los fondos federales disponibles; y una reducción en el nivel de deuda suficiente para alcanzar tarifas asequibles y competitivas por debajo de 20 centavos por kWh, algo que el Plan Fiscal actual impide”.

El plan para reestructurar la deuda, según propuesto, afirman, “tendrá el efecto opuesto. Prácticamente, asegura que Puerto Rico se mantendrá atado a un sistema eléctrico costoso y disfuncional. El sistema eléctrico en Puerto Rico requiere un nuevo comienzo. Puerto Rico lo necesita”.

Entre las organizaciones que endosan la carta se incluyen la Asociación de Industriales, Asociación de Titulares de Condominios, Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), Liga de Cooperativas, el Colegio de Profesionales de Trabajo Social, el Sierra Club de Puerto Rico, la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público, el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, Asociación de Comercio al Detal, Asociación de Detallistas de Gasolina, Asociación de Economistas, Asociación de Laboratorios Clínicos, Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), Asociación de Restaurantes, la Cámara de Comercio de Puerto Rico, Centro Unido de Detallistas, Colegio de Abogados y Abogadas, y el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (ICSE), entre otras.

Entre los apoyos a nivel individual se incluyen los economistas José Alameda, José Caraballo Cueto, Tom Sanzillo y Ramón Cao; así como representantes del sector religioso como Roberto González Nieves, Arzobispo de San Juan, y la Rvda. Hilda E. Robles Floran, Pastora General de la Iglesia Discípulos de Cristo, entre otros.

El presidente del Colegio de Abogados y Abogadas, Manuel Quilichini exhortó a la ciudadanía y comerciantes a expresar a la jueza Swain cómo estos aumentos los pueden afectar negativamente, radicando objeciones al Plan de Ajuste de la Deuda de AEE en el tribunal federal antes de la fecha límite del próximo lunes 12 de junio. Informó que se estará dando apoyo pro-bono en la preparación de mociones por derecho propio en la Facultad de Derecho de la Interamericana, salón 101, el miércoles y jueves de 9:00 am a 3:00 pm.

Verónica Santiago, gerente de desarrollo institucional del ICSE, recordó por su parte que “gracias a esfuerzos multisectoriales como este que vemos hoy, el ICSE y otros aliados derrotaron el primer acuerdo que se propuso para reestructurar la deuda de la AEE en 2015”. Ese logro, dijo “nos debe motivar a continuar el crecimiento del apoyo multisectorial para abogar tanto en la corte, como en el gobierno federal y local, a favor del mejor interés público y de un sistema eléctrico verdaderamente sostenible.”