En una vista de confirmación en el Senado, Anaís Rodríguez Vega, dijo también que la agencia ha hecho cambios sobre la regulación en torno a la disposición de gomas.

La secretaria designada del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Anaís Rodríguez Vega, evitó ayer referirse en detalle a la Ley de Costas y se mostró reticente a una moratoria propuesta para prohibir, por un período de cinco años, las construcciones en áreas cercanas a la zona marítimo terrestre.

Rodríguez Vega sí se refirió a los cambios que la agencia busca implantar al manejo de las gomas usadas en Puerto Rico.

Consultada por la senadora del Partido Independentista Puertorriqueña (PIP), María de Lourdes Santiago, sobre si estaría dispuesta a dar una “propuesta específica” para cambiar la Ley de Costas que data del siglo XIX, evitó referirse al tema y dijo que “esta asamblea ha ordenado un comité de cambio climático” para abordar el asunto.

"Yo dar una definición de cuál es la zona marítimo terrestre en este momento y en esta vista no es responsable de mi parte. Aquí hay un comité de cambio climático. Debe haber un consenso y sentarnos todos a ver cuál debe ser la definición", aseguró.

Insistió en que cualquier definición "hay que evaluarla, dialogarla. Hay que definir mejor lo que son los bienes de dominio público y lo que es la zona costanera y así sucesivamente".

En cuanto a la propuesta en un proyecto del Senado de una moratoria para la construcción en áreas cercanas a la costa (cinco años), se limitó a señalar que "se puede revaluar, pero una moratoria o prohibición de desarrollo económico no es cónsono con lo que dice la Constitución. Tengo el deber constitucional por velar que haya un balance entre el desarrollo económico y los recursos naturales".

Para la funcionaria, “el manejo de nuestras costas no puede depender de leyes y reglamentos basados en preceptos de la Corona Española de 1866 y 1886. Puerto Rico necesita una nueva ley y reglamentos que se ajuste a la realidad de nuestros ecosistemas marinas y costeros, de nuestro desarrollo del litoral y de las amenazas reales del calentamiento global”.

Aclaró que “ese estado de derecho no puede hacerse de espaldas a las necesidades de desarrollo de nuestra población; tenemos que honrar el mandato constitucional al que hemos hecho referencia, que desde 1952 ordena el más adecuado balance entre ambos intereses”.

Expuso que “a través de los años, la proliferación de esculturas ilegales en el litoral costero de Puerto Rico y por consiguiente en la zona marítimo terrestre, ha representado un impacto sobre los derechos del pueblo al libre uso y disfrute de nuestras playas, y un riesgo a la seguridad publica de la Isla”.

Agregó que “el aprovechamiento ilegal, el menoscabo de la integridad de los sistemas naturales típicos de la costa, el incremento en los riesgos a la seguridad pública y de la propiedad, resultantes de construcciones ilegales que ocasionan la erosión y degradación del litoral, son algunos de los problemas que caracterizan este tipo de actividades”.

Para la secretaria, “estos riesgos van en aumento por los efectos adversos del cambio climático, incluyendo pero sin limitarse el aumento en el nivel del mar y la intensidad y magnitud de los desastres atmosféricos, los cuales aumentan la vulnerabilidad y los riesgos a la vida y la propiedad de las personas que se encuentran ocupando de manera ilegal la zona marítimo terrestre”.

Las costas de Puerto Rico tienen una extensión aproximada de 799 millas lineales distribuidas en 43 municipios.

Acciones ante problemática de gomas

Sobre la problemática de la disposición de las gomas usadas, “dijo que es de conocimiento general que Puerto Rico enfrenta un problema de generación y acumulación de neumáticos desechados. Conforme los últimos datos que tenemos en el DRNA, en Puerto Rico se desechan alrededor de 18,000 neumáticos diarios, lo que resulta en la generación de, aproximadamente, 4.7 millones de neumáticos desechados al año. Una gran cantidad de estos neumáticos son producto de la importación de neumáticos usados que han sido descartados en otras jurisdicciones”.

Frente a esta situación, la funcionaria declaró que la agencia hizo cambios “en los procedimientos administrativos para que en o antes de 30 días se puedan emitir los pagos a la industria de neumáticos, con el propósito de que estos puedan contar con capital para realizar los recogidos a través de la Isla”.

Igualmente, expresó que se ha implementado “una tarifa temporera de exportación de neumáticos, ello con el fin de mantener la continuidad del recogido y exportación de los neumáticos desechados. La referida tarifa es de 9 centavos por libra para la exportación de neumáticos enteros compactados y de 6.1 centavos por libra para la exportación de neumáticos pulverizados”.

También dijo que, en consonancia con la encomienda legal del DRNA de evaluar la necesidad de aumentar, disminuir o mantener el cargo de manejo y la distribución tarifaria de los neumáticos desechados, “hemos contratado los servicios para que se realice un estudio tarifario de las tarifas de neumáticos desechados, de esta manera podremos verificar la razonabilidad de la estructura tarifaria actual”.

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