La división legal está trabajando el caso del terreno de Condado con el personal técnico de la agencia.

La secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Anaís Rodríguez Vega, anticipó el martes que podrían imponerse multas si la agencia comprueba que hubo envenenamiento de los árboles del parque Borinquen, en Condado, foco de una controversia entre los vecinos y el gobierno.

“Sobre la investigación del caso, la agencia ha asumido su rol desde el primer momento en que adviene en conocimiento de lo que estaba sucediendo en el área. Hubo una investigación preliminar y la división legal lo estaba trabajando con el personal técnico del departamento para imponer las multas que sean necesarias con este caso”, sostuvo.

Los vecinos sostienen que los árboles que están en el parque fueron envenenados con el fin de poder construir ahí un complejo de apartamentos.

Las expresiones de la funcionaria se dieron en una actividad para anunciar el inicio del dragado del caño Martín Peña, en San Juan, y un día después de que vecinos del área tumbaran la verja que rodeaba el parque en medio de una actividad en oposición a la venta del terreno.

En un vídeo que circula por las redes sociales se aprecia cómo los vecinos derribaron la verja que rodeaba el parque mientras otro grupo tocaba música en el lugar.

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Según el portavoz de la comunidad del Condado, Amaury Rivera, la gente derribó la verja “porque está sentida. Esa verja no tiene razón de estar ahí. Nosotros estamos bien molestos, bien sentidos”.

El parque Borinquen fue vendido por $145,000 al desarrollador privado Krug Property por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), pero arquitectos argumentan que la titularidad realmente es del municipio de San Juan.

De ser así, argumentan que la venta podría ser ilegal.

Mientras, el municipio de San Juan sometió el martes ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan un recurso legal que busca reclamar la titularidad del terreno que se ubica en la intersección de la avenida Ashford con la calle Frederick Krug, en Condado.

La decisión de llevar el caso a los tribunales surge como resultado de una investigación administrativa ordenada por el alcalde Miguel Romero Lugo, que buscaba precisamente determinar el origen, utilización, inscripción, cambios de dominio y cualquier otro trámite relacionado a dicho terreno, que en 2019 y bajo la pasada administración municipal, fue inscrito por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

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