Continúan aflorando las deficiencias presupuestarias durante el proceso legislativo.

El Instituto de Ciencias Forenses (ICF) enfrenta una sensible escasez de personal clave y su directora ejecutiva, María S. Conte Miller, afirmó que aún con un alza en su presupuesto para el próximo año fiscal, no cuenta con recursos suficientes para llenar las plazas vacantes e incluso retener a parte de su personal.

Los fondos solicitados por la entidad para el próximo año fiscal 2021-2022 ascienden a $16.7 millones, cifra que supera por cerca de un millón de dólares el presupuesto vigente y según la funcionaria esta alza se negoció con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) con el objetivo, precisamente, de reclutar personal adicional.

“El lnstituto de Ciencias Forenses se ha visto afectado durante los pasados años por los factores económicos que inciden sobre la economía de Puerto Rico como la recesión de los pasados15 años. Esto ha ocasionado la pérdida de recursos profesionales en las distintas áreas del ICF, en particular de las clases de Patólogos Forenses, lnvestigadores Forenses, Técnicos de Balística, Químicos Forenses, Serólogos, entre otros puestos de difícil reclutamiento”, explicó Conte Miller.

Señaló que actualmente la agencia enfrenta el reto de reclutar personal de servicio directo de las áreas de lnvestigadores Forenses y Laboratorio de Criminalística, entre otros esenciales por su naturaleza y complejidad de funciones, y estimó que esa gestión podría requerir otros $500,000 en el renglón de nómina del nuevo presupuesto.

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Advirtió, por otra parte, que hay riesgo real de perder al menos uno de los Patólogos del lnstituto y que la situación que podría provocar su salida está dificultando también el reclutamiento de otros de estos profesionales.

“Los Patólogos del lnstituto de Ciencias Forenses tienen derecho al decreto de exención contributiva de 4% que cobija a ciertas especialidades médicas. Sin embargo, podríamos perder uno de nuestros patólogos que solicitó el beneficio y no le ha sido otorgado, debido a la incertidumbre surgida, respecto a la continuidad de la concesión de referido decreto. Esta situación afecta adversamente la posibilidad de contratación de nuevos Patólogos Forenses imprescindibles para garantizar la entrega en tiempo oportuno de los cadáveres a sus familiares”, precisó.

Recalcó que el ICF requiere de un Plan de clasificación y retribución que ofrezca salarios atractivos a sus peritos, garantice la retención laboral y evite la fuga de talento que impacta negativamente la cantidad de análisis científicos necesarios para resolver las controversias judiciales, provocando el fracaso de la Justicia y la reducción en el esclarecimiento de los actos delictivos.

“Un aumento recurrente por concepto de gastos de nómina de aproximadamente $1.5 millones garantizaría el aumento requerido, así como la contratación del personal necesario”, precisó la directora ejecutiva.

Falta de personal provoca retraso en análisis de los safe kits

Parte del problema de recursos humanos es el retraso en el análisis de los llamados safe kits, que se utilizan en casos sospechosos de violaciones sexuales.

“Ese dinero la Junta nos lo aprobó. Actualmente, estamos trabajando 1,300 ‘kits’ con una compañía privada especializada. Esa empresa tiene trabajo hasta el 2023 con los kits que le hemos entregado”.

Según la funcionaria todavía quedan unos 700 kits correspondientes a los años 2018-2019 sin atender, por lo que están en búsqueda de otro laboratorio especializado en Puerto Rico que trabaje la cantidad restante. Recordó que el proceso para atender los safe kits requiere de personal especializado.

Conte Miller informó, por otra parte, que el ICF utilizará asignaciones especiales de años anteriores para el desarrollo de varios proyectos, entre los que mencionó la remodelación de la Sala de Autopsias, que es una obra contratada y ya en ejecución con una inversión total de $4.6 millones.

También mencionó la adquisición del "Laboratory Information Management System" (LIMS) a un costo estimado de $700,000; un sistema de identificación dactilar que utilizará la División Médico-Legal y la División de ADN/Serología para la identificación de personas fallecidas a un costo estimado de $380,600 y un nuevo sistema de cámaras de vigilancia y control de acceso para mantener la seguridad en las instalaciones (San Juan, Ponce y Mayagüez) a un costo estimado de $595,000.

Otra obra importante mencionada es la rehabilitación del edificio del ICF a un costo estimado de poco más de un millón de dólares. Este último se cubriría, indicó, mediante contrato con la Autoridad para el Financiamiento de la lnfraestructura (AFI), con cargo a reembolso de fondos FEMA.

Bomberos también están cortos de personal

Declarando también en las audiencias conjuntas de Cámara y Senado sobre el presupuesto del próximo año fiscal, el comisionado auxiliar de Administración del Negociado del Cuerpo de Bomberos, Iván Moreno Cordero, informó que el presupuesto recomendado para la agencia asciende a $69.1 millones del Fondo General, a lo que se agregan otros $8.8 millones del Fondo Especial Estatal y $8.4 millones de Fondos Federales.

Todas estas partidas, con excepción de los fondos federales, representan una reducción respecto al presupuesto vigente. En el caso del Fondo General la reducción es de $8.1 millones, mientras que lo que proviene del Fondo Especial, experimenta una merma de $585,000. El incremento esperado en fondos federales es, por otro lado, de $2.9 millones.

Moreno Cordero sostuvo que a través de los años esa agencia ha perdido gran parte de su plantilla de trabajadores y estimó que se necesitan más de 600 bomberos adicionales para completar un equipo completo de respuesta.

Según el memorial que presentó a las comisiones, el cuerpo de bomberos tiene 2,063 plazas de las que están ocupadas al presente unas 1,538 por lo que hay 530 vacantes. La comparación con años fiscales anteriores revela que en el 2018 habían 1,771 puestos ocupados. En el 2019 hubo 1,693 y en el 2020 ese total fue de 1,644.