La jefa de la Administración de Servicios Generales, Karla Mercado Rivera describió la adquisición del vehículo como una imprudencia.

El gobierno de Ricardo Rosselló Nevares se extendió dos años y siete meses. Pero el proceso de entrega de la costosa guagua blindada que La Fortaleza adquirió para el uso del mandatario ya se ha prolongado más que su propia gestión y la controversia parece no tener fin.

Lejos de aclarar la polémica compra y el desembolso de $224,000 a la empresa Texas Armoring Corporation -con sede en San Antonio- por una Chevrolet modelo Suburban del 2018 que todavía no ha tocado suelo boricua, las agencias involucradas en el trámite ofrecen información a medias o contradictoria.

La semana pasada el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Pedro Janer Román, aseguró durante las vistas de transición gubernamental que no existía un uso práctico de ese vehículo, que bromeó debía utilizarse para las prácticas de tiro al blanco. También señaló que ese tipo de guagua blindada requería de un manejo especial, que incluía que un técnico del suplidor viajara a la Isla para el cambio de aceite.

Como parte de la información que ofreció, Román Janer reveló que el DSP había enviado una carta a la Administración de Servicios Generales (ASG) para que dispusiera del costoso vehículo y devolviera a la agencia el desembolso de $58,150, que realizó “por instrucciones” de La Fortaleza. Pero más tarde en la vista, surgió información de que esa misiva había sido enviada a la ASG poco antes de iniciar la audiencia esa mañana del 1 de diciembre.

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Ayer, la administradora de Servicios Generales, Karla Mercado Rivera, refutó las declaraciones de Janer Román y adjudicó negligencia en el manejo de la compra, pese a que no señaló a nadie por nombre.

“Lo que sí le puedo asegurar que para el tiro al blanco no va a ser”, acentuó.

Aseguró que del análisis que realizó del expediente no se desprende que la guagua requiera un mantenimiento o cuidado particular.

“Como fiscalizadora, yo le puedo decir que yo veo dos posibles negligencias, desde la imprudencia de solicitarla sabiendo que estamos en una situación fiscal hasta sentársele encima al expediente y no culminar el proceso y básicamente y eso fue lo que pasó. El DSP ha tenido cambios administrativos y ciertamente la prioridad comenzó a bajar. Pues hoy estamos dos años después resolviendo y atendiendo la situación”, afirmó.

Cinco meses después de que el huracán María azotara a la Isla y en pleno proceso de recuperación, La Fortaleza inició el trámite de compra del vehículo. El 23 de febrero de 2018, la Oficina del Gobernador, tramitó -a través de la ASG- una orden de compra por $245,000 para adquirir la guagua. El vehículo tenía un costo de $86,950, pero el importe se elevó debido a las especificaciones de seguridad y de comodidad requeridas por el Ejecutivo. La transacción contemplaba un descuento si se cumplían con algunas condiciones.

En julio, el programa investigativo Jay y sus Rayos X reveló los detalles de la polémica compra y erogación de fondos públicos en medio de la quiebra gubernamental. Al responder al reportaje, La Fortaleza alegó que Rosselló Nevares desconocía los pormenores de la transacción y que al enterarse del costo ordenó la transferencia de la guagua a la División de Armas Tácticas y Especiales (SWAT) de la Policía.

Mercado Rivera no apuntó dedos a La Fortaleza o al DSP por las omisiones en el proceso de compra, que indicó ahora le tocará a su oficina culminar.

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“No voy a adjudicar ningún tipo de responsabilidad. Eso le tocará al Departamento de Justicia. Yo lo que sé es que tengo que tener los eslabones claros y los hechos claros para poder sentarme con toda la autoridad y decir ya se pagó todo esto vamos a finiquitar, vamos a culminar y tomar la acción pertinente”, respondió.

“Cualquier funcionario público que tuvo el expediente y no actuó conforme a lo que tenía que hacer o completar fueron los que le sentaron encima. No les puedo dar nombre. Esto es un asunto heredado por ambas administraciones pero en su momento si hay una acción pertinente eso saldrá a relucir”, agregó.

Pese a que la compra se tramitó a través de la ASG, la funcionaria dijo que la participación de la agencia -que dirige desde junio pasado- en dicho proceso había sido limitada debido a una decisión que se tomó al inicio del trámite para que fueran la propia Fortaleza y el DSP quienes mantuvieran comunicación directa con el suplidor en Texas.

“Hubo un intercambio, no es lo común, pero hubo un intercambio con Texas Armoring donde se le dijo que las preguntas se van a hacer directamente con quien levantó las especificaciones de lo requirió Fortaleza, que fue el Departamento de Seguridad Pública y la Fortaleza. Ellos como política de la compañía solamente se comunicaban con este personal. Cuando hacemos el intento de tener la información completa porque teníamos un expediente incompleto es que nos dicen que necesitamos para poder proseguir que las entidades contacto con Puerto Rico den la autorización para poder brindar información”, indicó a preguntas de NotiCel.

“Nosotros recibimos la autorización de parte del Departamento de Seguridad Pública y La Fortaleza para poder entablar comunicaciones con la compañía. Entendemos que esto debe estar sobre la mesa en conversaciones, porque necesitamos tener una posición informada para concluir cualquier tipo de negociación y de transición”, agregó sin ofrecer la fecha en que recibió la autorización.

A pesar de que Mercado Rivera mencionó al Departamento de Justicia, la secretaria interina de Justicia Inés Carrau Martínez, había señalado la semana pasada que no investigaba la controversia.

“En su momento se harán las gestiones para investigar porque eso no se va a quedar sin investigar la situación, pero en estos momentos a mí no me ha llegado un referido”, contestó Carrau Martínez.

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Cuando el tema de la guagua volvió a acaparar titulares en verano pasado, Janer Román y la contralora Yesmín Valdivieso expresaron su intención de realizar referidos a la agencia. Pero en el caso de Janer Román se trató de una petición de evaluación de documentos y no de un referido formal.

Mercado Rivera insistió ayer, previo a su participación en las vistas de transición que se celebran en el Centro de Bellas Artes en Santurce, en procurar soluciones que no contemplen un escenario judicial para evitar mayores gastos al Estado, aunque no descartó esa vía.

“Puede haber un proceso de subasta, de adquisición o destinarla a un uso práctico, pero los fondos públicos se desembolsaron. No se pueden echar a la basura $224,000. Eso se debió haber pensado antes de adquirirla”, indicó Mercado Rivera.

“Aquí tenemos diferentes agencias de ‘law enforcement’. Eso se dialogará directamente con ellas y si tiene un uso práctico o no tomando en consideración el desembolso que haya que hacer, pero también tenemos que tener en consideración revenderla. Nunca va a ser al precio que se adquirió, pero no se van a perder la totalidad de los fondos y esa es la dirección que vamos a tomar”, abundó.

Contrario a la petición del DSP, la Jefa de ASG rechazó devolverle el dinero a la agencia por el pago que realizó como parte de la compra del vehículo y señaló que buscará negociar con Texas Armoring para ver si logra que la empresa desista de un reclamo de $27,000 que alega queda pendiente por incumplimiento con las condiciones de pago rápido del acuerdo.

Mencionó también que contactó a la empresa pero que todavía no se había calendarizado una conversación formal entre las partes.

“No. ¿Por qué? ¿Quién se lo va a devolver? ¿El mismo gobierno? Es una deuda pasada, con un presupuesto pasado. El Departamento de Seguridad Pública estuvo envuelto desde el inicio. Quizás ellos no tengan la información ahora porque sabemos que Janer llegó no hace tanto tiempo, posterior a la adquisición de la guagua, pero sí el Departamento de Seguridad Pública estuvo envuelto en ver las especificaciones y decir quieren un vehículo con seguridad, quieren un vehículo blindado, pues es el que cumple con los criterios”, aseveró.

El tema de la compra afloró en varias vistas del proceso de transición luego que en verano pasado generó un intenso debate público porque se trataba de un gasto excesivo e innecesario por un vehículo del cual se desconocía su paradero. El propio Janer Román reconoció la semana pasada que la compra del vehículo no se justificaba en el contexto Isleño.

Ayer, el presidente del Comité de Transición del Gobierno Entrante y alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, describió el asunto como una “falla grande” y propuso mirar ese asunto como una lección

“Yo quiero verlo desde la siguiente perspectiva independientemente de lo que ocurra al final del camino si es que el Departamento de Justicia, yo quiero que esto sirva de ejemplo para que estas cosas no vuelvan a ocurrir en el gobierno”, expresó a preguntas de la prensa.

“La nueva Ley de ASG se supone que le ponga cortapisas a todo este tipo de situación porque al concentrar todas las compras a través de un solo sistema se evita que esta agencia gubernamental tuviera la libertad de comprar lo que fuera y así es como lo quiero ver”, agregó en referencia a la Ley 73 aprobada en julio de 2019.