Ese acuerdo contractual deja a la corporación pública sin participación el proceso de privatización, pero con toda la responsabilidad de la operación.

Pese a que la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) aprobó el polémica contratación de LUMA Energy, el director ejecutivo Efran Paredes Maisonet reconoció ayer los defectos de este acuerdo contractual, que cedió la supervisión y fiscalización del contrato de operación de la red eléctrica a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) que no cuenta con la experiencia, ni el peritaje para realizar esa labor.

A seis meses de firmado el contrato, Paredes Maisonet también admitió que la corporación pública mantiene todas las responsabilidades de la operación, pero no participará en la toma de decisiones neurálgicas como una emergencia ambiental. Las decisiones las tomará LUMA Energy bajo la tutela de la AAPP, el administrador del contrato.

Peor aún, el proceso de transición entre la empresa privatizadora y la AEE se ha caracterizado por la falta de información, la poca transparencia y la insensibilidad.

“No veo una transición ordenada, ni información suficiente para que nosotros podemos tomar una decisión informada en cuanto a movernos a LUMA. Lo que estoy viendo es publicación de puestos y el empleado de la Autoridad que quiera y entienda que es digno de estar en esa corporación lo solicite. Eso está causando un problema emocional, un problema de procesos y un problema de que (sic) el Gobierno de Puerto Rico al fin y al cabo si esos empleados no transicionan correctamente a la entidad de LUMA”, apuntó Paredes Maisonet.

“He escuchado algo en los últimos días que me indigna y es que están llamando y están diciendo ‘si no solicitas la plaza lo vamos a abrir a coger gente de fuera de Prepa (Puerto Rico Electric Power Authority, nombre de la AEE en inglés)”, agregó el ingeniero.

Ayer, durante el inicio de la tercera semana de las vistas de transición gubernamental, que se celebran en la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes en Santurce, Paredes Maisonet atacó de manera solapada la gestión de la AAPP e insistió en que el manejo del contrato debía recaer sobre “una entidad que tenga el expertise, el peritaje y la estructura para poderlo hacer”.

El pasado 22 de junio, la AAPP anunció la selección del consorcio LUMA Energy para operar y administrar el sistema de distribución y transmisión de energía por un costo de $1,500 millones, que la AEE desembolsará a lo largo de 15 años. Luego del proceso de transición, el consorcio debe comenzar a operar el sistema a partir de mayo de 2021.

La gobernadora Wanda Vázquez Garced y el entonces presidente de la Junta de Control Fiscal, José B. Carrión III celebraron la decisión, que catalogaron como “un momento histórico”. Pero desde el inicio la contratación enfrentó oposición. El representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la AEE, Tomás Torres Placa, votó en contra de su aprobación y alertó sobre las fallas. Los miembros de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego y otras organizaciones ambientales también evaluaron la contratación y denunciaron que provocaría despidos de empleados públicos y encarecería el costo de electricidad en la Isla.

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Esa larga lista de objeciones llevó a varios candidatos a la gobernación a prometer que cancelarían el polémico contrato de ganar las elecciones y el propio gobernador electo Pedro Pierluisi Urrutia se inclinó a modificar la contratación para evitar las alzas tarifarias para cubrir deficiencias administrativas y garantizar los derechos adquiridos de los empleados de la corporación pública.

Las preocupaciones de los diversos sectores que impugnaron el contrato encontraron eco en la mañana de ayer en las expresiones de Paredes Maisonet y los señalamientos del presidente del Comité de Transición del Gobierno Entrante, Ramón Luis Rivera Cruz.

Al iniciar su turno de preguntas, Rivera Cruz estableció sus premisas claramente y consignó que las carencias del contrato. Mencionó, por ejemplo, que el contrato exime a LUMA de responsabilidad en caso de que un cliente de la AEE sufra un daño o pérdida por deficiencias en el servicio. La AEE tampoco interviene o autoriza los contratos que LUMA puede hacer y se involucren cuantías de $10 o $15 millones.

“Si se hacen mejoras de capital, LUMA las hace y será el propietario de las mejoras realizadas. En los contratos anteriores de privatización como el Aeropuerto (Luis Muñoz María) y Metropistas eso no se daba”, apuntaló el también alcalde de Bayamón.

“¿Quiero su opinión en torno a eso?”, agregó.

Paredes Maisonet inició su respuesta con una aseveración para luego insistir en la necesidad de un administrador con experiencia para garantizar la viabilidad del contrato.

“Eso es una excelente pregunta y segundo tengo que poner el marco de que la American Power Public Association, entidad o grupo de ‘utilities’ de Estados Unidos que son unas 1,000 y pico, quiero poner en contexto que Prepa, la Autoridad de Energía Eléctrica, es la número 1 en clientes, la número 3 en ingresos, la número 9 en consumo y la número 10 en generación. Eso quiere decir que somos una entidad grande y compleja”, señaló.

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Entonces habló de su “concern” como empleado de una agencia, que va camino a desaparecer. Detalló que LUMA no ofrece la información de los salarios que las posiciones que cuelga en su página web pese a que eso constituye un requisito del contrato. Los salarios, según dijo, debían ser mayores a los que paga la corporación pública para servir de incentivo para que los empleados dieran el salto a la nueva administración.

La AEE tiene una plantilla de 5,468 empleados, pero 1,000 son trabajadores del área de generación, que no pasarían a LUMA.

De ese universo de 4,500 que deberían pasar al consorcio, que ya ocupa espacio en la sede de la AEE en Santurce, solo 708 han solicitado posiciones en LUMA.

El subidirector de Finanzas y Administración, Jaime López Díaz, enumeró específicamente que al 4 de diciembre el portal del consorcio anunciaba 423 plazas y había recibido 7,508 solicitudes. Unas 2,124 solicitudes corresponden a los 708 empleados de la AEE, quienes han solicitado más de una posición. son de empleados de la AEE y de esas 2,124 y de esas hay 708 de empleados que han solicitado.

Los empleados que no acepten moverse a LUMA, por disposición de Ley, deben ser reubicados en otra agencia del gobierno sin perder su salario, ni derechos adquiridos.

Pero no solo se trata del contrato de LUMA aprobado ya por la jueza federal que atiende la quiebra de la AEE, la corporación pública opera con déficit y, a pesar de esta situación mantiene los salarios holgados de la gerencia, una política que provocó la censura de Rivera Cruz.

Ante este cuadro, Cruz Rivera planteó la privatización como la única salida de la crisis fiscal de la corporación, pero favoreció un esquema donde se salve una versión reducida de la AEE para que fiscalice y administre el contrato de LUMA. Esa nueva corporación pública de 50 a 60 empleados podría llevar otro nombre y garantizaría que no se perdiera la experiencia y el peritaje de la AEE. Pero en esa propuesta, la AAPP formaría parte de la ecuación, pero no llevaría la voz cantante.

“Veo bien complicado, bien difícil la situación de la autoridad. Sus estados financieros, como yo anoté, en los pasados cuatro años han tenido pérdidas constantes y las pérdidas del 2020 al 2021, que ellos en las vistas me dijeron que pueden estar en los $300 millones cuando vi los estados interinos, pues resulta que en los primeros meses han perdido $241 millones. A ese ritmo podrían perder cerca de $700 millones. Cuando tú tienes una corporación que tiene activos por $9.5 billones, pero tiene pasivos por $18.4 billones, para un déficit acumulado de $9.1 billones es cuesta arriba la situación. Así que aparentemente la única salida es lo que está ocurriendo que es la posible privatización”, afirmó Rivera Cruz en conferencia de prensa.

“Y si eso es así pues entonces, hay que tomar aquellas medidas cautelares para que esa privatización sea lo más correcta, efectiva posible, en beneficio de la ciudadanía. Por eso fue que hoy ustedes escucharon muchas preguntas con relación al contrato de LUMA”, añadió.

Ni Rivera Cruz, ni Paredes Maisonet favorecieron la cancelación del contrato de LUMA Energy, que no constituyó un requisito para que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias asignara $10,510 millones para la reparación de la red eléctrica.

“Es imposible quebrar un monopolio y aquí en Puerto Rico lo logramos. No es culpa del director, no es culpa del equipo de trabajo que está ahora, ellos llegaron recientemente. Es culpa de años de gestiones erradas que se hicieron en la Autoridad de Energía Eléctrica”, apuntó Rivera Cruz.

“No he dicho que el contrato de LUMA es una mala decisión, y eso es parte de lo que el nuevo Gobierno va a hacer, es ir sobre el contrato y hacer el análisis correspondiente para que se pueda dar una transición mucho más ordenada. La transición va a llegar como quiera porque ya está claro que la Autoridad está quebrada o lo hace el gobierno de Puerto Rico o lo hace el Tribunal. ¿Cuál de las dos opciones preferimos? Que sea el gobierno que lo haga”, concluyó.